La DGA asegura que cumple los requisitos sanitarios para adelantar la desescalada

Sanidad exige para negociar con las autonomías un número de camas uci y de hospitalización del que Aragón ya dispone.

Las unidades de cuidados intensivos de Aragón, en la foto, la del hospital Miguel Servet, llegaron a disponer de 298 camas en el pico de la pandemia y siempre hubo un 30% libres.
Las unidades de cuidados intensivos de Aragón, en la foto, la del hospital Miguel Servet, llegaron a disponer de 298 camas en el pico de la pandemia y siempre hubo un 30% libres.
Luis Correas

El Gobierno de Aragón asegura que tiene la capacidad hospitalaria suficiente para adelantar con seguridad la desescalada "en la mayor parte" de la Comunidad. Este es el requisito "imprescindible" que ha puesto el Ejecutivo central para sentarse a negociar con las autonomías, que deben contar con un número mínimo de camas uci y de enfermos agudos, y el cuatripartito subraya que lo cumple con holgura. Además, puede argumentar que en lo peor de la pandemia, a principios de abril, tuvo libres el 30% de las ucis, el factor crítico para garantizar una respuesta sanitaria.

La orden publicada el domingo por el Ministerio de Sanidad especifica que la exigencia previa para valorar las propuestas de las autonomías es que dispongan o tengan capacidad en un plazo de cinco días de entre 1,5 y 2 camas uci y entre 37 y 40 camas para enfermos agudos por cada 10.000 habitantes.

En el caso de la Comunidad, la infraestructura ya disponible permite cubrir con holgura esta exigencia. Las 282 camas uci dotadas con respirador en los centros sanitarios representan 2,14 por 10.000 habitantes, mientras que las 4.951 de hospitalización general suponen 37,5 camas por 10.000 habitantes. En este último cálculo se incluyen los hospitales de campaña y las residencias covid.

Sobre esta base, Aragón negociará a partir de este miércoles su propuesta para adelantar al próximo día 11  la fase dos de la desescalada a la "mayor parte" de su territorio, dos semanas antes de lo que recoge el plan aprobado por el Ejecutivo central. Esto supondría, por ejemplo, que los bares y restaurantes podrían disponer del espacio interior de los locales con una ocupación de un tercio del aforo y que los colegios abrieran para actividades de refuerzo, garantizar que los menores de 6 años puedan acudir si ambos padres tienen que trabajar presencialmente y que los alumnos de bachillerato preparen la Evau.

El hecho de cumplir con la capacidad hospitalaria no implicaría una garantía, ya que la propuesta se someterá a una "valoración cualitativa y cuantitativa de los diferentes indicadores de situación en cada unidad territorial". En el caso de Aragón, como defienden otras autonomías, es que se apliquen por zonas básicas de salud y no por provincias.

A este respecto, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, no da por hecho que haya un acuerdo con Cataluña sobre desescalar por áreas sanitarias, como afirmó la Generalitat el pasado domingo, pero sí pidió que hagan las propuestas sobre este asunto para después valorarlo conjuntamente entre el Ministerio y cada gobierno autonómico.

El Gobierno aragonés tiene de plazo hasta a las dos de la tarde de este miércoles para remitir su planteamiento al Ministerio, que mantendrá, al menos, una reunión bilateral con la Consejería para negociar, según especifica en su orden.

Salvador Illa ha dejado claro que solo se autorizará adelantar una fase de desescalada si se cumplen los indicadores fijados por el Gobierno tanto epidemiológicos, como de capacidad sanitaria y de control de la movilidad.

Responsables de las consejerías de Sanidad y de Presidencia, junto al comisionado para la lucha contra la despoblación, Javier Allué, han mantenido este lunes una nueva reunión para ultimar la propuesta. Fuentes oficiales de la DGA indican que se concretará, en la línea de lo avanzado el domingo por el presidente, Javier Lambán, sobre la realidad aragonesa: el 76% de los municipios aragoneses ocupa el 73% del territorio y tan solo vive el 11% de la población y allí la incidencia del coronavirus ha sido "ínfima".

El planteamiento del cuatripartito es que la aplicación de la desescalada debe basarse en las zonas básicas de salud porque, a su juicio, "son las que aportan la información de cómo está un territorio concreto". "Se pueden saber exactamente las atenciones sanitarias por covid-19, lo que puede permitir adelantar la desescalada en los pueblos porque allí la incidencia es mínima", añaden.

En esta línea, la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, subrayó la semana pasada en su comparecencia ante las Cortes que el 80% de los 731 municipios aragoneses tienen menos de 1.000 habitantes, por lo que "el riesgo de contagio es muy bajo", de ahí que pueda "flexibilizarse" la desescalada. Y detalló que de las más de 100 zonas de salud, 14 tienen un 0,01% de casos graves.

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