En apenas tres días comenzará la recolección de la afamada cereza de Mequinenza. Es el pistoletazo de salida para la campaña de la recolección de la fruta dulce, que emplea en Aragón a unos 15.000 trabajadores. Rumanía, Bulgaria, Marruecos, Pakistán, Senegal, Argelia o Marruecos son las nacionalidades mayoritarias de los temporeros contratados, mientras que la mano de obra nacional se mantiene dentro de la propia familia de los titulares de explotación (mayoritariamente hijos en desempleo). Y prácticamente todos los trabajadores empleados (un 80%) en estas tareas son hombres con edades comprendidas entre los 20 y los 50 años.

Este es el volumen y la contratación en el sector frutícola en un año normal. Pero esta campaña es diferente, rara, complicada, incierta, y todo una lista de calificativos (nada positivos) con los que el sector expresa su preocupación. En esta ocasión no es el clima, ni las plagas o cualquier adversidad agronómica la que está dificultando la recolección. Es el ya demasiado y tristemente conocido Covid-19, una pandemia cuya expansión ha obligado a decretar un estado de alarma que mantiene confinada en sus casas a la población y cerradas las fronteras entre países. Y así es complicado saber cuál será el número y de dónde procederán los temporeros que este año se empleen en la recolección de la fruta. Un cálculo esencial porque no disponer de la mano de obra necesaria podría suponer la pérdida de la cosecha.

Las organizaciones agrarias llevaban semanas clamando soluciones. Y la respuesta llegó el pasado martes con un decreto de medidas urgentes aprobado en Consejo de Ministros que el titular de Agricultura del Gobierno de Sánchez, Luis Planas, justificó ante "la acuciante necesidad de contar con mano de obra suficiente para realizar las tareas imprescindibles en el sector agrario y que aseguren el abastecimiento alimentario".

Con este decreto pueden convertirse en trabajadores del campo los trabajadores que se encuentran en situación de desempleo. Y podrán hacerlo sin temor a perder su prestación porque en esta situación excepcional es posible compatibilizar el ingreso del SEPE con el contrato agrario. No pueden acudir a esta llamada aquellas personas que se encuentran afectadas por un ERTE relacionado con el Covid-19. También podrán emplearse en la recogida de la fruta los trabajadores migrantes, a los que el Gobierno ha decidido conceder permiso de trabajo. Eso sí, siempre que se trate de extranjeros cuya autorización concluye en el periodo comprendido entre la declaración del estado de alarma y el 30 de junio de 2020 o sean jóvenes migrantes no acompañados en edad laboral de 18 a 21 años.

Pero hay una limitación que añade dificultad. Todos ellos tienen que residir en los municipios cercanos o colindantes a aquellas localidades en las que se necesita la mano de obra.

No era lo que esperaban. O mejor dicho, no es todo lo que esperaban. Los fruticultores aragoneses van a comenzar la campaña de fruta con demasiada incertidumbre.

Es cierto que los productores ya habían movido ficha antes que el Ministerio de Agricultura detallase las medidas a tomar. Desde las organizaciones agrarias se habían abierto bolsas de trabajo para que enviasen su solicitud aquellos interesados en trabajar en el campo. Ahora no saben si esa iniciativa tendrá valor porque no recoge todas las propuestas presentadas por el sector. El Ministerio no permite que trabajen en el campo aquellos cuyo empleo está suspendido por causa mayor, es decir, aquellos trabajadores afectados por un ERTE vinculado a la pandemia. Tampoco pueden hacerlo los autónomos que se hayan visto obligados a cerrar sus negocios y que reciban la prestación extraordinaria aprobada por esta circunstancia. Además, la obligatoriedad de disponer de mano de obra de «proximidad» y las restricciones de movilidad, ya no entre países sino entre comunidades autónomas, dejará sin efecto muchas de las solicitudes de empleo presentadas, señalan.

"Lo primero que tenemos que saber es con cuánta gente contamos aquí", detalla Óscar Moret, fruticultor del Bajo Cinca y responsable del sector en la organización agraria UAGA. Y para concretar esos números, muchos de los empresarios agrícolas se están poniendo en contacto con los temporeros con los que habitualmente trabajan en cada campaña para saber "dónde se encuentran y si pueden contar con ellos", destaca Moret. En este sentido se pronuncia también José Manuel Roche, responsable de UPA en Aragón, que insiste en que "tenemos que identificar el número y la disponibilidad de trabajadores, ser muy serios y exhaustivos".

Hechos estos cálculos, llegará el momento de detallar qué se entiende por "proximidad" y concretar cuál es la distancia máxima a la que puede encontrarse el "municipio colindante". Porque las organizaciones agrarias recuerdan que no es precisamente en la España vaciada donde se encuentra esa mano de obra (desempleada o inmigrante) a la que ahora el Gobierno pone facilidades para convertirse en temporeros del campo.

La disponibilidad trabajadores es el único interrogante de esta campaña. Quedan muchos cabos por atar, advierten los productores, para que la recogida de la fruta no se convierta en una odisea.

¿Cómo se realizarán los desplazamientos al campo? Los agricultores recuerdan que hay que desplazar a las fincas decenas de trabajadores, muchos de los cuales no tienen vehículo y ni siquiera carné de conducir.

¿Cómo se adecuarán los alojamientos disponibles (en caso de que sean necesarios) para cumplir la distancia social que exige las medidas necesarias para evitar los contagios? Las infraestructuras disponibles, explican las organizaciones agrarias, no están pensadas para tener que cumplir las rigurosas medidas sanitarias que exige el estado de alarma.

¿Cómo se dispondrán los trabajadores para realizar que la cosecha se realice en los tiempos que marca la maduración del fruto si tienen que mantener dos metros de distancia? Los fruticultores advierten que la distancia social aumentará los costes de la recogida e incluso insisten en que no es tan sencillo disponer las cuadrillas para la recolección de los frutos.

Y sobre todo, ¿dónde conseguirán los empresarios agrícolas el material de protección (mascarillas y guantes) con el que tienen que garantizar la seguridad y sanidad de sus trabajadores? Las organizaciones agrarias lamentan que el decreto haya dejado la pelota en el tejado del empresario en un momento en el que no es sencillo el acceso a estos equipos tan demandados. Más cuando la detección de un posible caso positivo de coronavirus en la explotación podría suponer su cierre y la pérdida total de la cosecha.

A todas estas cuestiones se suma además el temor que suscita una campaña en la que no se conoce tampoco cómo funcionarán los mercados, tanto el interior como los internacionales.

Según los datos oficiales, Aragón exporta alrededor de 150.000 toneladas de frutas al año, de las que el 80% tienen como destino la UE, un mercado afectado también por el virus y en el que se han decretado medidas de confinamiento similares a las españolas.

Preocupa además el mercado interior, en el que el estado de alarma ha cambiado los hábitos de compra. Los consumidores -continuos estudios lo recogen- llenan su cesta de la compra una vez a la semana y lo hacen fundamentalmente en las grandes superficies. Y este cambio no favorece a un producto perecedero como la cereza, la primera fruta de hueso que llegará a los mercados y que, como señala Moret, "no se compra precisamente para siete días".

Faltan esquiladores

Como los fruticultores, los productores de ovino, muy golpeados ya por la crisis del coronavirus, también tienen problemas para unas de la labores esenciales del sector en la primavera. Es en esta época en la que se realiza el esquileo de la cabaña ovina. Una labor necesaria para garantizar la sanidad de los animales.

En Oviaragon-Grupo Pastores ya han notado esta carencia. "Se está trabajando desde las cooperativas", señalan desde la empresa, que en estos momento realiza el esquileo "con menos de la tercera parte de los profesionales que normalmente utiliza". Porque aunque hay cuadrillas españolas, la mayoría de los esquiladores que llegan a Aragón proceden de Europa del Este y de Sudamérica, un viaje que ahora es imposible realizar por el cierre de fronteras decretado por el Covid-19.