Las organizaciones agrarias aragonesas albergaban positivas expectativas sobre el nuevo decreto que aprobaría el Gobierno para ayudar a resolver la falta de mano de obra para la campaña de la fruta que está a punto de comenzar, pero estas se han visto frustradas tras conocer el alcance y los detalles de las medidas anunciadas ayer por el ministro de Agricultura, Luis Planas. «Nos hemos quedado desangelados, desilusionados», decía ayer Ángel Samper, de Asaja. «El decreto se queda corto y es inaplicable en Aragón», resumía Jorge Valero, de Asaja. «Seguiremos teniendo los mismos problemas si no se flexibilizan las medidas anunciadas», coincidían José María Alcubierre, de UAGA, y José Manuel Roche, de UPA.

De entrada, al sector agrario aragonés le parecía bien que el Gobierno sacara un decreto que permitiera facilitar la contratación de mano de obra después de que el estado de alarma dictado para frenar la expansión del coronavirus impidiera la llegada de 15.000 temporeros que cada año trabajan en la Comunidad en la campaña de la fruta dulce. Temporeros que o están en sus países de origen (en el este de Europa o el norte de África, fundamentalmente) o se hallan en otros puntos de España y no pueden venir por la restricción a la movilidad entre las comunidades autónomas.

Pero las condiciones señaladas por el ministro Planas para incorporar al campo a un número importante de inmigrantes y desempleados –que seguirán cobrando la prestación por paro– impedirán que en Aragón puedan cubrirse las necesidades de las zonas productoras de fruta. El Gobierno anunció ayer que espera que este real decreto permita incorporar a entre 75.000 y 80.000 trabajadores, pero ha matizado que entre las personas que se sumen a las labores del campo no entrarían los que estén sometidos a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) ni los que no habiten o en el término municipal donde esté la explotación agraria o en localidades colindantes.

«La población disponible está en ciudades como Zaragoza, no en los pueblos colindantes con las zonas donde necesitamos a esos 15.000 trabajadores», protestó José María Alcubierre, secretario general de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA), que hizo notar –como los otros dirigentes agrarios- que las zonas de campaña de la fruta están en Mequinenza, Fraga, La Almunia y Calatayud. Para un territorio tan disperso como el aragonés, destacaron todos, el problema es mayúsculo.

«Tenemos una bolsa de trabajo con trabajadores para Aragón y Cataluña que nos ayudaría a solucionar el problema, pero la imposibilidad de movimientos entre las comunidades autónomas nos impide solucionarlo», señaló Ángel Samper, secretario general de Asaja Aragón, quien recordó que el de la fruta es un sector «herido de muerte» y que «no podemos dar tan mala imagen dejando fruta sin recoger».

José Manuel Roche, secretario general de UPA Aragón, recordó que la Comisión Europea ya recomendó a los países miembros de la UE que permitiera el traslado de trabajadores del campo entre uno y otro, pero muchos países –España y Rumanía entre ellos– no la aceptaron. Si a eso se une que tampoco se permite el traslado de temporeros dentro del mismo país, «el problema lo vamos a seguir teniendo», apuntaron todos los dirigentes agrarios.

«El nuevo decreto, de solución poca», resumió Jorge Valero, presidente de Araga. Impedir el traslado de trabajadores más allá de las localidades colindantes a sus sitios de residencia, limitar las edades de los inmigrantes que puedan sumarse a la recogida de fruta (deben tener entre 18 y 21 años) e impedir que personas afectadas por un ERTE puedan incorporarse –«muchos lo harían encantados, por salir del confinamiento y sacarse un dinero extra»– demuestran que el nuevo decreto «se queda muy corto», dijo Valero.

«Seguiremos peleando y reivindicando para buscar soluciones», resumió Ángel Samper, punto en el que coincidieron todos los consultados.

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