El Justicia de Aragón no es partidario de cobrar por los rescates, pero sí por las negligencias en montaña
El Justicia de Aragón, Ángel Dolado, ha presentado en Jaca un informe elaborado por esta institución sobre la seguridad en la montaña, en el que critica el actual papel del Observatorio de la Montaña.
El Justicia de Aragón, Ángel Dolado, ha presentado en Jaca un informe elaborado por esta institución sobre la seguridad en la montaña, del que se desprende que no se deben cobrar los rescates en montaña, pero sí las negligencias, para lo que es necesaria una regulación de dichas actividades. Igualmente critica el actual papel del Observatorio de la Montaña, que debería ser el mecanismo real para facilitar al Gobierno de Aragón y las Cortes la toma de decisiones, pero “no está funcionando de forma adecuada”.
La elaboración de este estudio nació de la inquietud surgida en el seno del Justicia a raíz de los accidentes producidos en montaña en el Pirineo durante el verano de 2019, con resultado de muerte en ocasiones. El informe incluye una comparativa de la evolución de fallecidos por accidentes de montaña, tráfico y laborales en Huesca entre el 2000 y 2018. Y, aunque al principio de este ciclo los fallecidos en accidentes de tráfico eran muchos más que en montaña, desde el 2014 las cifras prácticamente se igualan llegando en 2018 haber sólo una diferencia de 2 muertos entre unos y otros. El Lugarteniente del Justicia, Javier Hernández, ha explicado que según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno en Aragón, se ha producido una rebaja de rescates de personas ilesas, pasando de los 410 en 2015 a los 180 de 2019.
Respecto al cobro de rescates, desde la institución piensan que no hay que cobrar “en general”, pero que debería haber una regulación para cuando se produzcan determinados supuestos “manifiestamente negligentes” y haya sanciones y repercusión del gasto efectuado. “Para la tipificación de las sanciones deberíamos remitirnos al Observatorio de la Montaña”, añade. Éste “es una buena figura de apoyo a quien tiene que tomar las decisiones, pero nos hemos dado cuenta de que no se le ha dado la importancia que tiene que tener o no funciona correctamente, y para nosotros tiene que ser el instrumento fundamental en esta materia”. En el informe, se valora muy positivamente la campaña de Montaña Segura de la Federación Aragonesa de Montañismo.
Tras el análisis de la documentación recopilada se constata que no existe ninguna regulación para cuando una persona particular va a la montaña, únicamente está el ámbito federativo y que la Ley de Actividad Física. Y otras regulaciones existente de las actividades de ocio “son insuficientes porque no engloban el conjunto de actividades de montaña”, según ha explicado el Justicia respecto a las conclusiones del informe. Además, se requiere que las personas que salen a la montaña deben contar con las debidas habilidades necesarias.
Para todo ello, insiste en la regulación de las actuaciones por negligencia, mediante un catálogo de sanciones, a través del Gobierno de Aragón. Respecto al sistema de rescates, “ha demostrado su eficacia”, y su coste para las arcas públicas “no debería recaer en la sociedad cuando haya “negligencias evidentes”, no debiéndose descartar que en determinadas actividades se exigieron los seguros que habitualmente se dan en el mundo de los prácticamente de montaña, vía federaciones.
El Lugarteniente ha reconocido que no han sido capaces de determinar cuánto vale un rescate en montaña, y se ha referido a un artículo publicado en 2014 en el que se cuantificaba en 5.297,25 euros o en una sentencia del juzgado número 5 de Oviedo, que tras ser realizado el rescate por una entidad privada, el juez lo valoró en 5.960,45 euros. El cobro de rescates en otras comunidades autónomas “siempre se afronta desde el punto de vista de la tasa, son normas de carácter tributario”, añade.
Por otro lado, se ha referido al convenio entre el Gobierno de Aragón y el Ministerio de Interior, del que ha sorprendió en este informe la previsión financiera. Tal y como ha explicado Javier Hernández, “contempla una parte de financiación, pero no hemos encontrado en los presupuestos del Gobierno de Aragón de los últimos años que se haya dedicado una partida para pagar a la Guardia Civil los gastos que tiene por los rescates en montaña. Y si no está, es que no existe esa partida, por lo que a los aragoneses no nos está costando nada”. Y ha finalizado apuntando que el modelo aragonés de rescate “es el mejor que puede haber, es un modelo exportable y que se puede tener de referencia”.
Por su parte, Carmen Maldonado, gerente de la Federación Aragonesa de Montañismo, ha subrayado que la postura de la FAM “siempre ha estado clara: el rescate tiene que ser democrático entre todos los españoles, no el que se lo pueda pagar lo puede disfrutar y el que no, no”. Respecto a las negligencias, ha añadido que tipificarlas “es algo muy difícil”. “En las comunidades autónomas que han legislado en este sentido han pasado muchos años y sólo han logrado cobrar un rescate. A ver si vamos a judicializar todo esto, vamos a cargar las arcas públicas de gastos judiciales para luego no llegar a conseguir nada”. Y ha añadido que la formación e información de campaña como Montaña Segura u otras, “es lo que necesita la población para entender que a la montaña hay que ir siempre son seguridad”.
