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Aragón

crisis del campo

Hecha la ley, ¿hecha la trampa?

La primera reacción del Gobierno a la crisis del campo fue aprobar un decreto ley de medidas urgentes para modificar la ley de la cadena alimentaria. 

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El ministro de Agricultura, Luis Planas. De espaldas, el secretario general de COAG, Miguel Blanco, y el presidente de Asaja, Pedro Barato.
EFE

Los agricultores siguen en pie de guerra. No han dejado de ocupar calles y carreteras de todo el país desde que recién comenzado el año 2020, Aragón diera el pistoletazo de salida -concretamente el pasado 28 de enero- a un calendario de movilizaciones que no han dejado a nadie indiferente.

Sus protestas (por los bajos precios y los elevados costes de producción, por la competencia desleal de las masivas importaciones de países terceros que no cumplen las exigencias sanitarias impuestas por Bruselas para los productores europeos, por los acuerdos comerciales que convierten a la agricultura en moneda de cambio, por una política agraria común cada vez más ineficaz e injusta, por la especulación y las prácticas abusivas en las ventas, por la excesiva burocracia, por la demonización del sector frente al cambio climático y la banalización de sus producción) llevan siete semanas ocupando un lugar privilegiado en los medios de comunicación y, lo que es más importante, han hecho reaccionar al Gobierno de Sánchez.

Había pasado una semana desde que comenzaran las movilizaciones cuando el ministro de Agricultura, Luis Planas, tocaba a rebato a los representantes nacionales de COAG, Asaja y UPA para sentarlos alrededor de la primera Mesa de Diálogo Agrario para analizar el problema y consensuar soluciones. Desde entonces ha habido avances. Y las organizaciones agrarias lo reconocen. El más comentado ha sido el real decreto de medidas urgentes para modificar la ley de la cadena alimentaria. En él se obliga a recoger en los contratos que el precio pagado al agricultor o ganadero cubre los costes de producción. Además prohibe la venta a pérdidas y las actividades promocionales que induzcan a los consumidores a error tanto en los que se refiere al precio e imagen de los productos. También endurece las infracciones (que serán publicadas con nombres y apellidos de forma periódica).

Sin embargo, los tractores continúan en las carreteras -en Aragón las organizaciones agrarias han vuelto a convocar una protesta el 10 de marzo en Zaragoza-. Porque ya lo dijeron sus representantes nada más conocer los términos de la nueva norma: "Es positiva, pero insuficiente". Y, para corroborar la primera impresión, la lectura más sosegada del texto, una vez publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ha comenzado a sembrar las primeras dudas entre las organizaciones agrarias, porque nada está tan claro como parece, porque faltan detalles por concretar, porque lo escrito suena más generalista que lo hablado y porque se teme que el eslabón más débil (es decir, el agricultor y ganadero) siga siéndolo, ya que la norma no garantiza que sea mayor su capacidad negociadora para exigir un precio que cubra unos costes de producción que ninguna administración se compromete a concretar ni arbitrar.

Lo ha escrito COAG en un informe elaborado por sus servicios técnicos. Lo reconoce UPA a pesar de haber calificado la modificación de la norma como una "conquista histórica". Y lo corrobora Asaja, organización que insiste en la necesidad de crear un arbitraje que asegure el cumplimiento de la ley.

A los responsables de la organizaciones agrarias les sonaba bien la música cuando el ministro de Agricultura, Luis Planas, les explicó el decreto ley de medidas urgentes para modificar la ley de la cadena alimentaria. Cuando han puesto la lupa sobre la letra han comenzado a surgir las dudas y se empiezan a escuchar voces que comienzan a advertir que la norma no será tan eficaz como parecía o se pretendía.

Contratos y precios

Una de las medidas urgentes más aplaudidas por el sector ha sido la que asegura que los precios establecidos en los contratos tienen que superar a los costes de producción.

Lo dice la modificación de la ley añadiendo al artículo 9, el que se refiere a las condiciones contractuales, una letra ‘j’ en la que, eso sí, solo dice que el contrato tendrá que incluir una cláusula que exprese claramente esta circunstancia. Y ya está. Es decir con que figure algo así como "el precio pactado entre las partes cubre los costes de producción" se considera cumplida la ley.

Es ahí donde comienzan las dudas de COAG -en la que se integra la aragonesa UAGA-, que ha realizado un estudio minucioso del decreto ley. La norma, advierte la organización agraria, no entra en lo fundamental, no concreta quién será el que verifique la relación entre precio y coste. De hecho, a lo sumo incluye que será la AICA (Agencia de información y control alimentario, dependiente del Ministerio de Agricultura) la que comprobará que dicha cláusula aparece, pero no tendrá competencia alguna para averiguar si es solo una expresión o realmente los precios se cubren los costes, señalan los técnicos de COAG. Por eso, esta organización agraria critica que "de esta manera se está legitimando la situación actual". Aún más, incluso consideran que el agricultor será más vulnerable porque aceptará con su propia firma las presiones del comprador.

Hay más peros. ¿Quién y cómo se decidirá a cuánto ascienden los costes? La modificación de la ley de la cadena establece que para para fijar el precio se podrá tener en cuenta gastos como los que suponen las semillas y las plantas de viveros, o los fertilizantes y los pesticidas. También podrán sumarse los costes en energía, combustible, maquinaria y sus reparaciones o el gasto que acarrea el riego. Y se podrá además aplicar el desembolso realizado en veterinarios, en alimentación para los animales e incluso la mano de obra asalariada.

Pero, para hacerlo, ¿de dónde se tomarán las referencias? Las norma abre la puerta al uso de los datos que en esta materia publica el Ministerio, "correctamente actualizados y específicos para cada uno de los sectores". Sin embargo, esta posibilidad, advierte el análisis realizado por COAG, es simplemente una opción, porque dado que se trata de un contrato entre partes, serán estas las que decidan qué índices prefieren utilizar. "Así, será la parte con mayor poder de negociación la que establezca cuáles son los criterios a considerar y, por lo tanto, el precio final a reflejar en el contrato. Es decir, tal y como sucede hasta ahora" señala.

De esta situación también se han hecho eco Asaja y UPA que insisten en la necesidad de que la administración se convierta en el árbitro que asegure que no se repiten los abusos y que, ciertamente, los precios pagados al agricultor son superiores a los gastos que exige su producción.

Procuctos reclamo

Mucho ha criticado el sector que la gran distribución utilice los alimentos para atraer a los consumidores, que, al calor de este reclamo, llenan su cesta de la compra con otros productos en los que el establecimiento consigue mayores ganancias. Lo han denunciado porque aseguran que son ellos los que terminan soportando la oferta, pero, sobre todo, porque con estas promociones se "banaliza" el alimento.

La nueva ley de la cadena alimentaria ha recogido su malestar e incluye la prohibición de realizar promociones que induzcan a error sobre el precio y la imagen del producto. Y eso está bien, aseguran las organizaciones agrarias, porque el decreto ley eleva a norma una parte de las cláusulas recogidas en el código de buenas prácticas en la contratación alimentaria, con las que se pretendía subsanar el uso de productos reclamo en la distribución comercial, lo que significa que será de obligado cumplimiento, incluso para aquellos que no se han adherido al código. Pero, de nuevo, la norma vuelve a dar al sector una de cal y otra de arena. COAG explica que "queda en libertad de quien realiza la promoción asegurar que con ella no se induce a error". O lo que es lo mismo «es totalmente interpretable si es así o no».

A ello se suma otra dificultad (para el primer eslabón), porque será la autoridad competente (la AICA o las comunidades autónomas) las que interpreten si se cumple la norma, "lo que genera bastante inseguridad jurídica y abre la puertas al incumplimiento de lo establecido en el real decreto ley", advierte COAG.

Venta a pérdidas

Las organizaciones agrarias han aplaudido (unas con mayor vehemencia que otras) que el Ministerio de Agricultura diera respuesta a una de sus más históricas reivindicaciones: prohibir la venta a pérdidas a lo largo de toda la cadena. Pero solo lo ha hecho "en apariencia", lamenta esta organización agraria, que insiste en que Planas sigue permitiendo que esta práctica se realice en el eslabón final: la distribución.

El nuevo artículo 12 de la ley ahora modificada señala que "con el fin de evitar la destrucción del valor de la cadena alimentaria, cada operador de la misma deberá pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior a los costes de producción". Las organizaciones agrarias consideran que esta decisión del Ministerio incluso va más allá, ya que lo que no permite es la compra a pérdidas, con lo que se está dando, reconocen, un paso hacia adelante en la percepción de un precio digno por parte del productor.

Pese a ello, COAG ha detectado una "debilidad" en este apartado, porque cree que será fácil que la industria demuestre que se está destruyendo valor cuando presente una factura con el precio que le ha pagado a un agricultor y el precio al que le compre un distribuidor esté por debajo del anterior. Pero, ¿cómo lo hará el agricultor? Para COAG será "mucho más difícil demostrar cuáles son los costes de producción para poder compararlos con el precio al que le están comprando su cosecha o su ganado".

La ley tiene además otra "trampa". Realmente no se prohibe la venta a pérdidas en el último eslabón, porque, aunque no lo expresa así de claro, establece que "el riesgo empresarial de su política comercial en materia de precios ofertados al público no se podrá repercutir en ningún caso a ninguno de los operadores anteriores". O lo que es lo mismo, la distribución puede vender a pérdidas mientras esas pérdidas sean solo suyas, aunque el sector muestra cierto recelo ante esta posibilidad y teme que acabe, como sucede ahora, repercutiendo en los precios en origen.

A pesar de estas incertidumbres y del escepticismo que en algunos aspectos despierta la ley -también entre expertos de la industria alimentaria, profesionales del derecho o ingenieros agrícolas- UPA valora la nueva norma con mayor optimismo. "Es una conquista histórica", aseguran los responsables de la organización agraria, que recuerdan que la prohibición efectiva de la venta a pérdidas, la referencia a los costes de producción, el endurecimiento de las sanciones o la publicidad de las mismas, son cuestiones que los agricultores llevaban décadas reivindicando. "Parecían reclamaciones imposibles, utopías irrealizables", asegura el sindicato, que atribuye el logro al proceso de movilizaciones que el sector primario lleva protagonizando desde que comenzó 2020. Unas protestas que la nueva norma no ha acallado porque, como insisten los agricultores, "falta mucho por conseguir todavía".

La PAC cobra más protagonismo en las protestas

Es larga la lista de reivindicaciones con las que el sector agrario justifica sus protestas. La que más se ha escuchado en las movilizaciones -y a la que el Gobierno intenta dar solución con las primeras medidas adoptadas- es la escasa rentabilidad de las explotaciones porque los precios que cobran los profesionales del sector por sus producciones están muy por debajo de lo que tienen que desembolsar para producirlas.

Pero ahora es la Política Agraria Común (PAC) la que comienza a cobrar más protagonismo. Primero porque el momento es decisivo. Es ahora cuando se están negociando los presupuestos de la UE y con ellos la ficha financiera de la que dispondrá la próxima PAC y las noticias que llegan desde Bruselas no invitan precisamente a la calma. Se habla de recortes y, aunque no está todo dicho, el Consejo Europeo ha propuesto un tijeretazo de nada menos que del 14% de los fondos totales de la PAC, lo que supondría una merma 10,1% en las ayudas directas y de hasta un 25% en el caso del desarrollo rural.

Y, además, es ahora cuando la reforma de la PAC post 2020 está en proceso de negociación y cuando el Ministerio, exigen las organizaciones agrarias, tiene que coger el toro por los cuernos y apostar por una reforma en profundidad, que acabe con los agravios, que sea más justa, que priorice a los agricultores y ganaderos que viven de la actividad y que favorezca el relevo generacional. Puede hacerlo, dicen, porque la nueva PAC abre la mano y cada vez da más responsabilidad a los Estados miembros, que podrán decidir incluso como se realiza el reparto de la ayudas.

"Hay que cambiar la situación", señala el secretario general de UAGA, José María Alcubierre, que expresa en datos las dificultades que tienen los más jóvenes para acceder a las ayudas comunitarias. "Solo el 0,4% de los perceptores son menores de 25 años y apenas un 9% tiene menos de 40%", señala, al tiempo que insiste en la necesidad de terminar de una vez por todas con los derechos históricos.

Comparte esta reivindicación el líder de UPA en Aragón, José Manuel Roche, que insiste en que "la verdadera solución a la crisis del sector está en la reforma de la PAC", por lo que exige la eliminación de las referencias históricas, la "profesionalización" de las ayudas y, sobre todo, que se defina la figura del "agricultor genuino" poniendo en el centro a las explotación familiar y social.

Desde Asaja-Aragón, su secretario general, Ángel Samper, insiste en que en este momento de negociación de la PAC, España debe "prepararse con un equipo fuerte y una estrategia firme". Y frente a la definición de "agricultor genuino" prefiere hablar de una PAC para la "agricultura activa".

Es Jorge Valero, presidente de Araga, quien se muestra más reacio a suprimir los derechos históricos porque "puede ser peor el remedio que la enfermedad", aunque insiste en que es necesaria una nueva PAC «más justa, pero también más simple».

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