El Ministerio de Agricultura anunciaba el viernes, 7 de diciembre, que el Consejo de Ministros había aprobado el Real Decreto-Ley de Medidas Urgentes para el Impulso de la Competitividad Económica en la Industria y el Comercio, y anunciaba a bombo y platillo que con dicha norma quedaba regulada una vieja reivindicación de los agricultores, la prohibición de la venta a pérdidas, una práctica comercial por la que se ofrece el producto a un precio inferior del que ha costado producirlo.

El sector primario creyó que sus exigencias habían sido escuchadas, pero nada más lejos de la realidad. Porque esta normativa solo es una prohibición “a medias” y únicamente se aplicará en determinados supuestos. Es decir, no se puede vender a pérdidas cuando con ello se induzca a error a los consumidores acerca del nivel de precios de otros productos del mismo establecimiento. Tampoco cuando su efecto sea desacreditar la imagen de un producto o de un establecimiento ajeno. Estará prohibida cuando forme parte de una estrategia encaminada a eliminar a un competidor o grupo de competidores del mercado. Y se perseguirá cuando forme parte de una práctica comercial que contenga información falsa sobre el precio o su modo de fijación, o sobre la existencia de una ventaja específica con respecto al mismo, que induzca o pueda inducir a error al consumidor medio y le haya hecho tomar la decisión de realizar una compra que, de otro modo, no hubiera realizado.

Así lo recoge la nueva norma, que ha desatado las iras del sector. Las organizaciones agrarias (Asaja, UAGA-COAG y UPA), así como Cooperativas Agroalimentarias han unido sus críticas en una sola voz, con la que denuncian que “se ha dado un paso atrás en la eliminación de esta perniciosa práctica”. Recuerdan que hasta ahora, y según una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europa a prohibición era general y bastaba con demostrar que el precio de venta era inferior al precio de compra (factura contra factura). “Ahora, no solo debe darse esto último sino que hay que demostrar que la práctica tiene carácter desleal”, señalan las organizaciones representativas del sector, que han denunciado reiteradamente a la distribución por vender a pérdidas productos tan prestigiosos y de calidad como el aceite de oliva para utilizarlos como productos reclamo. Una rebaja de precios que, critican, “siempre recae en el bolsillo del productor”.

Con la nueva legislación española “se complica enormemente la denuncia de esta práctica porque la norma gana en complejidad, subjetividad y arbitrariedad”, lamentan las organizaciones agrarias y las cooperativas, que denuncian que la norma es “inútil” para proteger al sector productor porque este queda fuera de dicha regulación. “Esta situación se hubiera subsanado de haberse introducido en la Ley de cadena”, insisten sus representantes que aseguran que supuestos que definen la deslealtad de la práctica “son interpretables y generan indefinición jurídica, lo que hace más difícil la aplicabilidad de la norma”.

Y aún más. Están convencido de que la legislación, con la que el Gobierno ha sacado pecho, no tendrá ningún efecto, ya que auguran “serios problemas jurídicos”, para que cualquier infracción derive en la apertura de un expediente. “Es lamentable que se hayan impuesto las tesis del Ministerio de Comercio frente a las del Departamento de Agricultura”, señalan los representantes de Asaja, UAGA-COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias, que quieren mostrar su malestar al ministro Luis Planas, al que ya han solicitado una reunión urgente para exigir “la prohibición real y efectiva de esta práctica abusiva a través de la ley de mejora de la cadena alimentaria”.