La 'venta a pérdidas', una práctica polémica que el sector alimentario no consigue erradicar

Este 2018 se cumplen cinco años de la puesta en marcha de la Ley de la Cadena Alimentaria, una norma que se lanzó para controlar en mejor medida el camino de los alimentos desde su producción hasta la venta al público y en especial para regular las compras intermedias que se daban en el sector.

Un lustro después de su puesta en marcha, el sector alimentario está mucho más protegido. Los agricultores y ganaderos ven por ley cómo sus contratos de venta deben estar cerrados, se comprometen unas fechas de pago concretas, y se ha focalizado a nivel nacional los recursos e inspecciones con la creación de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA). Sin embargo, todos estos avances sigue dejando resquicios para que el mundo agroalimentario siga siendo frente a otros uno de los más afectados por las estrategias comerciales abusivas, según denuncian sus representantes.

Según el último informe de la AICA, en Aragón se han registrado desde 2014 22 denuncias por 'venta a pérdidas', productos que acaban en los lineales de los supermercados con un precio por debajo del mercado a menudo para usarlos como reclamo para los consumidores. Esta práctica, prohibida en la Ley de Comercio Minorista, es solo una de las que afectan al campo aragonés, donde en el mismo tiempo se han promovido 13 sanciones a empresas por incumplir plazos de pago.

“El sector agroalimentario es uno de los pocos en el que apenas tiene peso el coste de producción”, sostiene Vicente López, fruticultor y responsable del sector de Uaga. La fruta, azotada en los últimos años por una grave crisis de precios, es uno de los productos afectados, junto con otros como la leche, el pollo, o el aceite.

El caso del sector lácteo es conocido, con sanciones que se llegaron a imponer después de usar este producto como reclamo. Una situación que por ejemplo ha hecho que las explotaciones en Aragón de este tipo se hayan reducido hasta apenas unas pocas decenas en los últimos años.

También es común el caso de la carne de pollo, cuyo consumo aumentó con la crisis y que las organizaciones agrarias denunciaron. Y por último, como uno de los más recientes, el caso del arroz, un caso que fue especialmente grave debido a su carácter de larga duración.

Una sentencia europea avala la venta a pérdidas

Sin embargo, todas estas denuncias y el malestar del sector agrario podrían caer en saco roto. Hace unos meses el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaba en una sentencia que las leyes españolas que prohíben la venta a pérdidas son contrarias a la normativa europea. En concreto a una directiva del año 2005 donde se incluían 31 prácticas desleales en el comercio, entre las que no estaba vender por debajo del coste de compra.

Desde entonces, y a la espera de ver cómo España cambia su normativa para adaptarse a la visión europea, los agricultores solo podrán promover denuncias en el momento en el que esta venta por debajo del precio se dé con fines comerciales desleales. Esto es, que ataquen la credibilidad de un producto o de una marca en concreto. El debate sobre lo que para muchos debería ser algo perseguido como hasta ahora, y los que lo ven cómo una práctica válida, sigue por lo tanto abierto.

Vender por debajo de costes

Esta estrategia, prohibida o no, acaba pasando factura al sector, según demandan sus representantes. “Los precios tan ajustados que se ven en los productos alimentarios son así porque al primero que se aprieta es al productor”, señala López. Su sector, el de la fruta, es uno de los que más ha notado estos vaivenes en las últimas campañas, donde se ha estado pagando frutas como el melocotón a solo 20 céntimos el kilo, cuando en los supermercados han mantenido un precio similar a otras campañas.

“El mundo de la fruta lleva unos años realmente malos, y no es una frase hecha decir que en uno o dos veranos más podemos verlo completamente desmantelado”, sostiene el fruticultor, quien avisa de que muchas explotaciones de Fraga, La Almunia o Calatayud, la grandes zonas frutícolas de la Comunidad donde se emplean a más de 15.000 personas cada año, ya han comenzado a cerrar.

La solución que se propone desde este sindicato es comenzar a regular unos precios mínimos que respetaran el coste de producción, una opción que de momento no se valora ni a nivel local ni europeo, donde la fruta sigue siendo uno de los pocos cultivos que tampoco recibe ayudas de la PAC.