Los municipios excluidos del convenio de transición justa, limitado a las comarcas del Bajo Aragón y Andorra-Sierra de Arcos, exigirán al Ministerio para la Transición Ecológica ampliar el acuerdo a Mequinenza y a una quincena de localidades de la provincia de Teruel. Los alcaldes de Utrillas, Albalate del Arzobispo, Escucha, Montalbán,

Palomar de Arroyos, Cañizar del Olivar y Castellote, entre otros, se reunirán hoy –24 horas antes de la presentación del proceso de participación que impulsará el Gobierno central para definir los proyectos a desarrollar tras el cierre de la central térmica de Andorra–, para denunciar las "carencias" del borrador y trasladar sus quejas a la consejería de Industria y al Ministerio de Teresa Ribera.

El planteamiento actual, aseguran, es "una traición al territorio", ya que resulta "totalmente insolidario" con los municipios muy mineros. Los regidores lamentan que ni siquiera se les haya invitado a la reunión de mañana, a la que están llamados alrededor de 70 agentes entre alcaldes, sindicatos, empresarios y representantes del tejido social. "Somos los que más tenemos que decir. Llevamos 20 años sufriendo los cierres de minas y centrales", afirmó Joaquín Moreno, alcalde de Utrillas.

En su opinión, no se entiende que estas localidades, cuyos cierres "han permitido la obtención de fondos en las últimas décadas", vayan a quedarse ahora fuera de la propuesta del Gobierno central. "En Castilla y León y Asturias sí se van a tener en cuenta las zonas en las que se han venido produciendo cierres. Solo en esta cuenca minera hubo más de 2.000 empleos, a los que habría que sumar los de la central de Escucha, los de Mequinenza y los de Castellote", recordó Moreno.

Para el alcalde de Utrillas, estos 16 municipios son "interlocutores clave". Sobre todo si se quiere que el convenio "tenga recorrido". "A día de hoy no se ha producido en ellos una verdadera reconversión industrial, salvo en contadas excepciones. Se ha utilizado dinero de la minería para inversiones que tendrían que venir del presupuesto del Gobierno de España o del de Aragón. Si se quiere afrontar de verdad el reto demográfico hay que establecer objetivos reales y aprender de lo ocurrido en los últimos 15 años", añadió.

Su reivindicación podría surtir efecto, ya que, según fuentes consultadas por este diario, no se descarta que el Ministerio acceda a ampliar el número de municipios. Esto, no obstante, podría enfadar a las localidades directamente afectadas por el cierre de la central, que no estarían dispuestas a compartir los fondos.

Un caso "irritante"

La transición justa provocó, además, un nuevo rifirrafe en las Cortes de Aragón. El diputado popular Sebastián Contín criticó el "retraso irritante" del convenio y recordó que en los diez últimos meses no se ha aplicado ni una sola de las medidas acordadas en sede parlamentaria durante la pasada legislatura. "El resultado es nulo. Empezamos a coincidir con el territorio en que esto ha sido una traición energética", dijo.

Contín arremetió contra la "inacción" de Pedro Sánchez y Javier Lambán y su "falta clara de estrategia". "Iniciar ahora el proceso es como comentar un partido una vez que ha terminado, ya no se puede cambiar el resultado", recalcó. El PSOE, en respuesta, acusó a los populares de querer sacar rédito político. La diputada socialista Leticia Soria subrayó que su partido está "totalmente implicado"con la transición justa desde el punto de vista europeo, nacional y autonómico y pidió al PP una actitud "leal" ante la causa.

También contestó a Contín el consejero de Industria, Arturo Aliaga, que comparecerá mañana en el pleno a petición de Ciudadanos para explicar el estado actual de los proyectos que aparecían en el dictamen de las Cortes. A este respecto, el también vicepresidente de Aragón aseguró que el Ejecutivo ha cumplido "un altísimo porcentaje" e incidió en que "ninguna reconversión en España se ha hecho en 10 meses". "Hay que ser serios", manifestó.