Censos caninos y multas por no recoger las heces: así funcionan en Zaragoza, Aragón y España

A los dueños de los perros zaragozanos les quedan poco más de dos meses para registrar el ADN de sus mascotas. El plazo de un año para realizar la gestión arrancó a finales de abril de 2019 de la mano de la ordenanza de protección animal, impulsada por el anterior equipo de gobierno y quienes no hayan pasado por el veterinario para realizar la gestión (en diciembre apenas el 9% habían hecho lo propio) se exponen a una sanción.

Este apartado de la norma se planteó con la idea de minimizar el maltrato y el abandono de los animales. Además de las infracciones por no censar a los canes, el texto contempla otras por permitir que miccionen en las paredes, puertas y mobiliario urbano. Y aunque la ordenanza no lo aborde directamente, el registro al que obliga sí permite abordar de forma eficaz un asunto siempre polémico, el de identificar y sancionar a los propietarios que no recogen las heces, ensuciando las aceras para desgracia de quienes tienen que sortearlas.

La anterior corporación dijo no plantearse “pero tampoco descartar” esta posibilidad sancionadora, que sí aplica otra ordenanza, la de convivencia urbana (2016). En ella se señala que “el conductor de los animales deberá proceder a la recogida de las deyecciones y depositarlas en un contenedor de basura”. En caso de no hacerlo, se considerará que incurre en una infracción leve, penada con 750 euros. Las multas de la Policía Local por este motivo son por ahora testimoniales (menos de una decena cada curso), pues para poder encontrar al infractor deben observarlo in situ. Una vez completado el registro, estará en manos del actual gobierno municipal atajar este tipo de conductas de forma decidida.

Espías privados y multas de hasta 15.025 euros

Varios municipios aragoneses vienen sancionando la mala praxis de los dueños. Es el caso de Jaca, cuya normativa establece un castigo que en el peor de los casos alcanzarían los 300 euros por no recoger las defecaciones. La Policía Local de Huesca, por su parte, impuso el año pasado una docena de multas de entre 100 y 300 euros por las molestias causadas por los perros. Y el Consistorio de Cuarte de Huerva se vio forzado a lanzar una campaña con unos simpáticos carteles (“Pisarlas no trae suerte, ¡recógelas!”) y promovió que, de forma puntual, agentes de paisano vigilasen a los dueños de los más de 2.200 canes de la localidad para multarlos si incumplían el articulado. Los castigos en el municipio zaragozano oscilan entre los 750 y los 1.500 euros.

El dispositivo de Cuarte no es el más llamativo ni sus penalizaciones las más onerosas. En Santa Marta de Tormes, provincia de Salamanca, se contrataron los servicios de dos detectives privados para investigar a los vecinos que no realicen la recogida inmediata de los excrementos. De este modo, dos personas se encargan de la recopilación de información y pruebas en las zonas con mayor afluencia canina para identificar al animal y reconocer a su propietario, al que puede sancionar el Consistorio. El operativo, con un presupuesto de 3.025 euros, va a estar en marcha durante todo el presente mes.

En Talavera de la Reina (Toledo) la multa puede alcanzar nada más y nada menos que los 15.025 euros, la cifra más alta del país, en caso de resultar reincidente, según dispone el texto aprobado.

El control mediante ADN de las poblaciones caninas y las multas por no recoger sus restos orgánicos son dos tendencias que parecen imparables en toda España. En Gerona, el pleno acaba de aprobar castigos de 1.500 euros por este motivo y obliga a los propietarios de las mascotas a llevar bolsas para recoger los excrementos y una botella de agua para vaciar encima de los orines. Ayuntamientos canarios, andaluces, castellanos… están ultimando y lanzando normas similares, por lo que a los amantes de los animales menos respetuosos les toca aprender la lección.

Plataforma contra el censo

Tras arrancar la ordenanza, una plataforma contraria al censo de ADN organizó una recogida de firmas para mostrar su oposición. Afirmaron que “la medida convierte a los animales y a sus humanos en culpables potenciales y en ciudadanos de segunda” y que “implica la creación de toda una infraestructura que supone un gasto elevado para el conjunto de la ciudadanía”. La tarifa de los veterinarios por identificar a los animales es de entre 40 y 50 euros.