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Zaragoza

Registrar el ADN de un animal costará un mínimo de 40 euros y no entre 10 y 15

El Colegio de Veterinarios de Zaragoza advierte de las complicaciones técnicas que habría tenido la recogida y el análisis de heces

Trabajadores del Centro de Protección Animal, ubicado en Peñaflor, con uno de los perros que fueron rescatados este año.
La ordenanza espera poner freno al abandono de 700 perros al año
José Miguel Marco

Registrar el ADN de un animal, exigencia que recoge la ordenanza que este lunes aprueba el Ayuntamiento, costará un mínimo de 40 euros y no entre 10 y 15 como sostiene el Ayuntamiento. Así lo advierte el Colegio Oficial de Veterinarios de la Provincia de Zaragoza, que ve "imposible" que las pruebas puedan realizarse por menos de esta cantidad. Su gerente, Luis Javier Yus, cree que este desembolso "sentará mal al ciudadano y al veterinario, peor", ya que serán ellos "quienes deban dar la cara".

Cobrar entre 10 y 15 euros haría que los costes estuvieran "por debajo de lo que cobra el laboratorio". "A esto hay que sumar los portes y el IVA", añade. El servicio podría irse hasta los 50 euros, aunque "cada clínica fijará sus precios". Los veterinarios, conscientes del gasto extra que supone este registro de ADN, confían en que el Consistorio "ayude económicamente a quienes tienen menos recursos". "En Málaga, el Ayuntamiento destinó a este fin 200.000 euros, aunque solo gastó 50.000", dice.

Yus también advierte de las complicaciones técnicas que habría tenido la recogida de heces, posibilidad descartada por el gobierno. "Para encontrar las células que permiten identificar el ADN se necesitaría que la deyección fuese fresca. En verano, una que ha pasado más de tres horas a la intemperie ya no sirve. Las posibilidades de hallar células se reducen prácticamente a la nada", señala.

Esta nueva ordenanza "favorecerá el bienestar animal", ya que el registro de ADN permitirá dar con los dueños en caso de maltrato. También se podrá saber quién ha abandonado una camada. En un principio, el Colegio "no veía necesario" este cambio normativo. No obstante, "visto el consenso político", intentará hacer su trabajo "lo mejor posible". Lo importante, según Yus, es que el Ayuntamiento "vele por el cumplimiento de la ordenanza". "Si no hay un cierto control no servirá de nada. Ocurre lo mismo con el microchip. Aunque es obligatorio, sigue habiendo un alto porcentaje de animales fuera del sistema", afirma.

Las complicaciones técnicas a las que alude el Colegio de Zaragoza también fueron resaltadas por el de Madrid en un informe que pone en duda la efectividad de los registros de ADN. El texto asegura que en cuanto a la gestión de animales extraviados "no aporta ninguna ventaja" y subraya "los costes de obtención de muestras biológicas", que repercuten directamente en el propietario. Los veterinarios madrileños sostienen que el sistema actual de identificación mediante microchip "ha generado claros beneficios para mascotas y propietarios". Teniendo en cuenta que "la identificación por ADN es mucho más compleja", no consideran "conveniente ni necesario" el establecimiento de este sistema.

Estas, en cualquier caso, no son las únicas críticas al modelo que ahora propone el Ayuntamiento. En Zaragoza, más de 1.300 personas han firmado una petición en la plataforma Change.org "contra la implantación del ADN canino". En ella se asegura que esta medida convierte a los animales y a sus dueños "en culpables potenciales y ciudadanos de segunda". "Cabe cuestionarse la utilidad del método. Quienes no consienten que sus perros tengan implantado un microchip difícilmente van a llevarles a sus veterinarios para que este les practique la prueba del ADN", dice el texto, que también alude al "fracaso" de otras medidas similares en Valencia y Logroño.

Para Olga García, coordinadora del partido animalista Pacma en Zaragoza, el coste del registro de ADN "debería ser subvencionable". En su opinión, se están lanzando mensajes "muy poco claros", ya que los 40 euros a los que alude el Colegio Oficial de Veterinarios "suponen más del doble" de la cantidad a la que hasta ahora aludía el Ayuntamiento.

Celebra, por otra parte, que se haya descartado la posibilidad de sancionar a los dueños que no recojan las heces, ya que, según explica, "en otras localidades se ha podido comprobar la falta de fiabilidad y de garantías en la cadena de custodia de las pruebas".

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