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El juez de Teruel del caso de la red de chantaje sexual pide que la Audiencia Nacional se haga cargo de la causa
El titular del Juzgado de Instrucción 3, Jerónimo Cano, plantea al Tribunal Supremo una cuestión de competencia por el elevado número de afectados: 4.000.
![Jeronimo Cano, juez de instruccion de la sala numero 3 del juzgado de Teruel, a su salida de los juzgados. Foto Antonio Garcia/Bykofoto. 20-11-15 [[[HA ARCHIVO]]]](https://imagenes.heraldo.es/files/image_990_556/uploads/imagenes/2020/01/14/jeronimo-cano-juez-de-instruccion-de-la-sala-numero-3-del-juzgado-de-teruel-a-su-salida-de-los-juzgados.jpeg)
![Jeronimo Cano, juez de instruccion de la sala numero 3 del juzgado de Teruel, a su salida de los juzgados. Foto Antonio Garcia/Bykofoto. 20-11-15 [[[HA ARCHIVO]]]](https://imagenes.heraldo.es/files/image_640_360/uploads/imagenes/2020/01/14/jeronimo-cano-juez-de-instruccion-de-la-sala-numero-3-del-juzgado-de-teruel-a-su-salida-de-los-juzgados.jpeg)
Casi 4.000 víctimas, más de 30 procesados y 25 tomos son las cifras del caso de red chantaje sexual desmantelada en febrero del año pasado por la Guardia Civil y que se instruye en el Juzgado de Instrucción 3 de Teruel, cuyo titular, Jerónimo Cano, acaba de remitir un escrito al Tribunal Supremo para plantear una cuestión de competencia. Según publica El País, reclama que sea la Audiencia Nacional la que se haga cargo de la causa, precisamente por el elevado número de afectados y su extensión a “la práctica totalidad del territorio nacional”.
Los detenidos e investigados residen en Valencia, pero las víctimas se reparten por 18 provincias, entre ellas Teruel, en concreto en Sarrión, de donde partió la denuncia que destapó la existencia de la trama y puso en marcha la investigación judicial. Entre los detenidos figuran los supuestos extorsionadores y personas que facilitaban sus cuentas bancarias para el cobro de las extorsiones.
La documentación del juez instructor señala también una conexión internacional de la trama, con víctimas en los Estados Unidos, Canadá, Austria, Italia y Alemania que habrían llegado a pagar hasta 9.800 euros a la banda.
El sumario, que permanece en gran parte secreto, imputa, entre otros al futbolista del Levante Toño. Los dos presuntos cabecillas, Ismael Bousnina, alias Salva, y Massinissa Ferrah, Erik, permanecen recluidos desde su detención en la prisión de Teruel.
En la causa se investigan delitos de extorsión, amenazas, contra la intimidad de las personas, falsedad documental, usurpación, blanqueo y organización criminal.
"Soy Rony, el jefe de las chicas. Llámame ya o voy a tu casa a solucionarlo en persona". Fue el inquietante mensaje de Whatsapp que en abril de 2018 recibió un vecino de Sarrión y que destapó una trama delictiva que extorsionó en 23 provincias a decenas de usuarios de una conocida web de contactos. La denuncia presentada en el cuartel a raíz de la amenazante comunicación abrió una investigación de la Guardia Civil.
El denunciante inicial, E. M. E. G., contactó con una prostituta a través de un portal de internet y poco tiempo después recibió el mensaje amenazador que le exigía 850 euros. En caso contrario, según le advertían, la cita sexual «tendrá consecuencias y su familia se enterará».
Los siguientes capítulos del caso se vivieron también en la provincia porque en las semanas inmediatas llegaron dos denuncias de similares características al cuartel de Valderrobres. Los extorsionadores reclamaban a usuarios del portal de citas 700 y 1.350 euros, respectivamente, también con amenazas.
La trama utilizaba un extenso abanico de colaboradores que recibía los ingresos en sus cuentas bancarias a cambio de una comisión e, inmediatamente después, extraía los fondos para hacérselos llegar a los extorsionadores. Estos cómplices, apodados ‘mulas’, residen en Valencia, donde radicaba también el liderazgo de la red.
La investigación policial permitió conectar la red de extorsión con otros delitos, como tráfico de drogas o tráfico ilegal de armas. La banda era, según los investigadores, muy peligrosa y voraz en sus exigencias económicas. Podría haber extorsionado más de 700.000 euros con pagos que iban de unos cientos de euros hasta varios miles.
En las conversaciones telefónicas recogidas en el sumario, figuran amenazas de la banda con expresiones como «¿Quieres que le vacíe en cargador en la cabeza a tu marido?», «O me pagas o voy a mandar a mis chicos» o «Voy a mandarle a su marido en un ataúd a su domicilio».
