memoria historica

Casi un tercio de las exhumaciones autorizadas por Patrimonio son de Aragón

Cinco fallecidos están en las ocho cajas de Calatayud, otros dos son de Ateca y uno de Munébrega. A sus familiares ya les han tomado la prueba de ADN.     

Comienza la exhumación de los dos hermanos de Calatayud en el Valle de los Caídos
Purificación Lapeña, nieta y sobrina nieta de los dos hermanos fusilados en Calatayud en 1936, que reclamó en un juzgado su exhumación en el Valle de los Caídos, junto a su abogado
Enrique Cidoncha

Ocho de las 31 exhumaciones del Valle de los Caídos que el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional ha autorizado son de víctimas aragonesas que fueron enterrados allí y procedían de Calatayud, Ateca y Munébraga. Esta proporción casi coincide con los datos que aportó HERALDO el pasado 24 de octubre cuando publicó que de los 33.847 enterrados en este lugar, un tercio de ellos proceden de Aragón, ya que allí reposan 10.317 fallecidos de la Guerra Civil en Aragón, procedentes de un lado y otro de la contienda (llegaron 4.505 desde Zaragoza, 4.420 de Teruel y 1.392 de Huesca).

Miguel Ángel Capapé, portavoz de Arico, la Asociación por la Recuperación e Investigación Contra el Olvido-Memoria Aragonesa, ha explicado que mantuvieron una reunión con el gerente de Patrimonio la semana pasada, en la que les explicaron que la voluntad es que antes de las Navidades se realice un proyecto de seguridad sobre dónde actuar en el Valle de los Caídos. Probablemente, la intervención comenzaría en la Capilla del Sepulcro, el lugar en el que están guardadas las ocho cajas con 81 fallecidos de Calatayud, y allí se abrirían los huecos para la exhumación.   

Después de realizar este proyecto, entre enero y febrero se realizaría la anhelada exhumación de los hermanos Manuel y Ramiro Lapeña, procedentes de Villarroya de la Sierra (Zaragoza), que fueron fusilados en 1936 por las tropas franquistas. Su familia ganó un proceso judicial en el Juzgado de San Lorenzo del Escorial para la devolución de los restos en el año 2016.        

Además, Patrimonio aportó a las víctimas un informe arquitectónico del Instituto Torrija, en el que se detalla que "la actuación va a ser rápida" y se podría llegar a instalar en el Valle de los Caídos un grupo de forenses para realizar las pruebas de ADN y comparar las de los huesos exhumados con las de las familias que ya han realizado este análisis (algunos tuvieron que hacerlas en su domicilio, por su avanzada edad, y otros acudieron a Madrid).

     

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