vivienda
La lista de espera para acceder a un alquiler social en Aragón roza ya las 9.400 solicitudes
El Ejecutivo autonómico admite que la bolsa está «congelada» desde 2015 al carecer de viviendas libres.
Al igual que el Ayuntamiento de Zaragoza, prevé promover pisos para poder atender la demanda.
El presidente aragonés, Javier Lambán, aseguró el pasado viernes en las Cortes de Aragón que el problema para acceder a una vivienda no era "sustancial" en Aragón porque su gabinete había actuado "mucho y bien" durante los últimos cuatro años. Sus palabras contrastan con la realidad de las listas de espera para acceder a las bolsas de alquiler social de la propia DGA y del Ayuntamiento de Zaragoza, que acumulan 9.383 solicitudes sin que haya visos de poder atenderlas ni siquiera a medio plazo.
De hecho, el Ejecutivo autonómico admitió a este diario que se vio obligado a "congelar" su bolsa de alquiler en octubre de 2015 porque las pocas viviendas disponibles, ahora tiene 42, están reservadas para atender los casos urgentes de desahucios o situaciones de emergencia. Para colmo, la nueva directora general, Verónica Villagrasa, tendrá ahora que hacer frente a otro problema añadido, la creciente baja de viviendas aportadas por particulares a la menguante bolsa de alquiler autonómica: en 2017 no se renovaron diez contratos, el año pasado aumentó a trece y en lo que va de ejercicio ya van dieciocho. "Lo vemos con cierta preocupación y hay que intervenir para cortar esta tendencia al alza, aunque sea lenta", dijo.
El problema es acuciante, puesto que en tres años se han dado de baja algo más del 10% de los pisos con los que cuenta en la actualidad la DGA, cuyo número asciende únicamente a 382. De estos, 340 están ocupados y los restantes 42 están reservados, en su mayor partes en las capitales para poder responder ante casos especiales.
De forma paralela, el Ejecutivo autonómico cuenta con 502 viviendas patrimoniales, igualmente destinadas a alquiler social y de las que solo hay ocho libres para atender emergencias.
Tanto en la DGA como en el Ayuntamiento subrayan que puede haber personas apuntadas en ambas listas de espera, por lo que el número de solicitudes reales sería menor y, además, se debería purgar para comprobar si realmente cumplen los requisitos para acceder a un alquiler social.
Lo que está claro es que los 1.263 ciudadanos apuntados en la lista autonómica sí cumplen las condiciones necesarias, ya que superaron la preceptiva valoración oficial. Desde Vivienda se pretende minimizar la situación apuntando que la lista está sin actualizar y hay gente que consta desde 2013, por lo que es posible que ya no necesiten un alquiler social.
Casi 3.000 casos por valorar
Lo peor es que hay otras 2.948 solicitudes acumuladas en la DGA pendientes de valorar. Fuentes implicadas en su gestión reconocieron que no se quiere intervenir "para no reconocer el derecho a una vivienda a más personas". "Sería levantar falsas expectativas", añadieron.
De forma paralela, el Ayuntamiento de Zaragoza tiene un problema similar. Su lista de espera aún es más abultada, llega a los 5.172 expedientes vivos, aunque en su caso no revisa si cumplen los requisitos hasta el momento de adjudicar los pisos. No obstante, los aspirantes deben, al menos, hacer una declaración jurada de que reúnen las condiciones (3.378) y, opcionalmente, presentar toda la documentación necesaria para optar a la bolsa (1.494).
La edil de Vivienda, Carolina Andreu, señaló que entre 2015 y 2019 se asignaron 627 pisos, aunque la sociedad Zaragoza Vivienda ni de lejos está en condiciones de poder atender la demanda pese a casi triplicar el número de pisos con los que cuenta. En total, disponía la semana pasada de 2.415 inmuebles, de los cuales 1.789 son de Zaragoza Vivienda, 459 los han aportado particulares y los restantes pertenecen, entre otros, a entidades financieras. Todos están ocupados, salvo 40 que se encuentran en obras y otros 14 que permanecen bloqueados para atender casos que pueda derivar la DGA.
La situación ha llevado tanto al Ejecutivo autonómico como al equipo municipal a plantearse la promoción de vivienda para atender a un parte de esta demanda de alquiler social, aunque son conscientes que se necesitarán años para aumentar su parque inmobiliario. La directora general señaló que Suelo y Vivienda de Aragón, junto al personal de Vivienda y Urbanismo, ya están trabajando «de la mano» para tener una «radiografía de la situación»: tipo de demanda, espacios disponibles, tipologías de edificios y fórmulas de colaboración.
Si finalmente se opta por encargar los proyectos y las obras a Suelo y Vivienda de Aragón, los nuevos bloques no estarán listos hasta finales de la legislatura. Por ello se va a revisar el decreto que regula el alquiler para hacerlo «más atractivo», además de lanzar campañas de concienciación sobre el uso social de la vivienda. Así, la Administración pretende recordar que los particulares asociados a la bolsa tienen garantizado el cobro del arrendamiento y que se entrega «en perfecto estado» al finalizar el contrato.
Al mismo tiempo, el Ayuntamiento trabaja en su plan de vivienda para el periodo 2020-2023, en el que una de sus líneas estratégicas será la promoción destinada al alquiler social, para lo que se pretende captar financiación del Banco Europeo de Inversiones (BEI).
Un arma coercitiva contra los pisos vacíos que no emplea la DGA
La DGA puede obligar a los bancos y a sus sociedades inmobiliarias, a la Sareb y a los grandes propietarios de viviendas a poner a su disposición los inmuebles vacíos procedentes de ejecuciones hipotecarias. Esta prerrogativa se incluyó en la ley de emergencia social y está operativa desde hace un año, cuando el Gobierno retiró el recurso contra el artículo que permite sancionar a los bancos si no ceden sus pisos vacíos –1.330 a finales del año pasado– a la bolsa de alquiler.
Sin embargo, Vertebración del Territorio aún no ha emitido la orden para activar las multas, cuyo importe puede elevarse hasta el 25% del valor catastral conforme se alarga la demora en su entrega.
Desde la DGA señalaron que el consejero, José Luis Soro, ya ha encargado la redacción de la orden, aunque no dieron una fecha para su entrada en vigor tras haber anunciado el año pasado que estaría lista hace ocho meses.
