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Aragón

Soro obligará a los bancos a entregar sus pisos vacíos si no los ceden a la bolsa de alquiler

El consejero de Vertebración retoma la iniciativa tras retirarse el recurso que impedía aplicar la ley.

La mayoría de viviendas vacías de los bancos se concentran en la capital aragonesa.
La mayoría de viviendas vacías de los bancos se concentran en la capital aragonesa.
José Miguel Marco

El consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, obligará a los bancos a entregar sus pisos vacíos procedentes de desahucios si no los ceden voluntariamente a la bolsa de alquiler social. Así se lo comunicó la semana pasada a las entidades financieras, a las que convocó a una reunión en la DGA para invitarles de nuevo a colaborar y trasladarles que ya podía tomar medidas al haberse retirado parcialmente el recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional contra la ley de emergencia social. Lo mismo pretende hacer con los grandes propietarios, que la ley fija en los titulares de, al menos, quince casas.

El artículo 24 de dicha norma aragonesa, aprobada en 2016, establece la obligación de los bancos y sus sociedades inmobiliarias, de la Sareb y de los grandes propietarios de viviendas de poner a disposición de la DGA los inmuebles vacíos procedentes de ejecuciones hipotecarias. Según los datos aportados por las propias entidades, mantienen 1.330 viviendas sin uso, mientras la lista de espera de la bolsa de alquiler social no para de crecer y ya alcanza las 1.185 personas.

El acuerdo alcanzado hace un mes en la comisión bilateral Aragón-Estado por la que el Gobierno desistía del recurso contra este artículo ha abierto la puerta a José Luis Soro para intervenir finalmente. Hasta el momento, los bancos se han negado a ceder los pisos y solo han aportado voluntariamente media docena en lo que va de legislatura.

El consejero de Vertebración convocó a las catorce entidades financieras que tienen pisos vacíos en la Comunidad, aunque solo acudieron al Pignatelli representantes de Bantierra, Santander, Caixabank, Cajamar, Sabadell y Bankia. Con antelación, habló con Caja Rural de Teruel. Al encuentro también asistieron la directora general de Vivienda, Mayte Andreu, y los jefes de servicio de Régimen Jurídico y Gestión Social de la Vivienda. "Les comuniqué a los bancos que prefiero colaborar, pero que no me temblará el pulso para actuar", subraya.

El compromiso alcanzado en la comisión bilateral obliga a la DGA a aprobar una orden que concrete las condiciones económicas de la cesión obligada de las viviendas, de modo que los bancos tengan garantizado "el derecho a recibir una indemnización y a que esta represente un proporcional equilibrio respecto del valor económico del bien".

La Dirección General de Vivienda ya está trabajando en la redacción de la orden y confía en que esté lista en marzo, aunque deberá pasar los filtros de Intervención y Servicios Jurídicos, además del Consejo Consultivo. Soro resalta que, en el peor de los casos, podrá actuar antes de las elecciones si los bancos no han aportado antes sus inmuebles a la bolsa de alquiler. "Es nuestra apuesta para incrementar el parque inmobiliario para la política social de vivienda", aseveró.

La ley establece multas coercitivas en caso de incumplimiento por un importe del 1% del valor catastral de cada vivienda al primer mes de demora en su entrega. Y las sanciones suben hasta el 25% del valor catastral conforme se demore la cesión.

El también presidente de CHA subraya que es "una cuestión ética, de decencia" porque hay muchas personas con necesidad de una vivienda digna. De hecho, la lista de espera con el anterior Gobierno alcanzaba las 736 personas y ahora son 1.185 las que tiene el derecho reconocido, pero hay otras 2.547 solicitudes pendientes de valorar. A lo largo de la legislatura se han atendido todos los casos de desahucios comunicados a la DGA, que suponen 235 de las 373 viviendas de la bolsa de alquiler asignadas.

La DGA no solo pretende intervenir con los bancos, sino con los grandes tenedores de inmuebles. Con este fin, Vertebración está hablando con Hacienda para fijar el mecanismo que le permita disponer del listado de propietarios para obligarles a entregar los pisos que tengan vacíos. Al menos hay 1.287 en Aragón, pero ninguno de ellos ha cumplido la obligación de informar cada tres meses de los inmuebles que tienen desocupados.

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