La DGA no ha firmado ni un convenio con los bancos para que le cedan sus 3.122 pisos vacíos

Los había anunciado en varias ocasiones, pero la realidad es que la DGA no ha firmado ni un convenio con las entidades financieras para que cedan sus 3.122 viviendas vacías a la bolsa de alquiler social. Ambas partes se responsabilizan del fiasco de una de las medidas estrella del Gobierno PSOE-CHA para combatir la emergencia social. Mientras la directora general de Vivienda, Mayte Andreu, acusa a los bancos de retener sus inmuebles vacíos ante la reactivación del mercado inmobiliario, estos aseguran que mantienen su disposición a firmar convenios y que siguen a la espera desde hace meses para que les llamen a negociar las condiciones de los acuerdos.

La consecuencia es directa para las más de mil personas sin recursos, concretamente 1.065, que tienen el derecho reconocido a un alquiler social y que engrosan la lista de espera de la DGA. Su número triplica con creces a los que sí se les ha asignado un techo digno, 326, desde que se puso en marcha este programa autonómico. Por si fuera poco, otros 2.252 ciudadanos están pendientes de que los servicios provinciales de Vivienda estudien su caso.

El problema de acceso a la vivienda, lejos de mejorar, se ha agudizado pese a que con las 3.122 pisos vacíos en manos de las entidades financieras se podría dar respuesta a todas las personas que están en la lista. Cuando el Gobierno PSOE-CHA accedió al Pignatelli había 736 solicitudes pendientes de asignación de un piso, pero este número se ha disparado casi un 45% dos años después.

El decreto-ley para paliar la emergencia social aprobado hace año y medio recogía la posibilidad de multar a los bancos que no estuvieran dispuestos a ceder sus inmuebles vacíos, aunque la DGA no llegó a hacerlo porque las entidades les trasladaron su "disponibilidad a firmar convenios", tal y como explicó la directora general de Vivienda, Mayte Andreu hace año y medio.

Atados por el Gobierno central

Las medidas coercitivas ni siquiera se pueden aplicar ahora si un banco se niega a colaborar, puesto que el Gobierno central impugnó el decreto-ley y lo mismo le ha anunciado a la DGA que hará después del verano con la ley de emergencia social aprobada a finales del año pasado. En este caso, la norma aún en vigor afecta no solo a los bancos, a sus sociedades inmobiliarias y al Sareb, sino a los propietarios de más de 15 inmuebles desocupados, que están igualmente obligados a cederlos.

Andreu explicó a este diario que remitió el año pasado a todos los bancos un mismo borrador de convenio, pero que solo dos han llegado a dar respuesta, Ibercaja y La Caixa, planteando una contrapropuesta que no se ha llegado a discutir.

La directora general recordó que las reuniones con un grupo de medio docena de entidades dispuestas a entregar las viviendas a la bolsa de alquiler social se mantuvieron entre noviembre y diciembre para concretar las condiciones y, ante la falta de concreción, se les vuelve a llamar el pasado mes de febrero, respondiendo únicamente La Caixa. "Nos dicen que lo están estudiando sus jurídicos y mes a mes les hemos llamado y enviado correos, pero no podemos seguir esperando", dijo.

Andreu tildó de "decepcionante" la actitud mantenida por el sector financiero después de dos años de trabajo "de buena fe" desde el Ejecutivo autonómico y del "compromiso" transmitido por parte de los bancos. "Son conscientes de las necesidades y alguno nos dice que tienen política social y que están creando sus propias bolsas de vivienda social", criticó.

No obstante, cabe la posibilidad de reactivar la firma de convenios con el nuevo plan estatal de vivienda 2018-2021, en el que se plantea esta medida con el soporte económico director del Gobierno: ha planteado a las autonomías sufragar el 80% del coste. "De todos modos, creer que vamos a llegar a acuerdos es mucho creer con la actitud que mantienen los bancos", apostilló.

Mayte Andreu recordó también que a principios de año ya tenían lista la incorporación de las primeras 127 viviendas, aunque se les dio largas a la firma de los preceptivos convenios, voluntaria y sin contraprestación económica por parte de las arcas públicas. De hecho, el coste se limita a la propia gestión y a la subvención de parte del arrendamiento.

La directora general de Vivienda achacó la actitud de las entidades a la reactivación económica, que les permite vender ahora su parque inmobiliario. Y sostiene su argumento aduciendo que en el primer trimestre de 2016 tenían 4.142 pisos vacíos y ahora se ha reducido a 3.122.

Varias entidades financieras consultadas por este diario aseguraron que su objetivo es vender las viviendas, pero que eso no es óbice para tener una "voluntad real" de colaborar con la Administración autonómica para atender una demanda social. De hecho, recordaron que les dieron las llaves de sus pisos para que los visitaran de cara a estudiar su idoneidad para la bolsa de alquiler. "También nos hemos reunido con ellos, pero no hemos vuelto a tener ninguna notificación por parte del Gobierno de Aragón", sostuvieron varios de los bancos.