El PP pone a prueba al Gobierno cuatripartito con una iniciativa para rebajar Sucesiones

El PP no ha esperado siquiera a la toma de posesión del Gobierno cuatripartito, que se hará efectiva este miércoles al mediodía en la Sala de la Corona del Pignatelli, para registrar su primera iniciativa parlamentaria con la que pretende poner a prueba la coalición del PSOE, Podemos-Equo, CHA y PAR. Como era previsible, su primera proposición no ley de la legislatura incide en una de las cuestiones en la que difieren los socios, la política fiscal y, muy especialmente, el impuesto de Sucesiones.

Con este objetivo, el portavoz popular en las Cortes de Aragón, Luis María Beamonte, presentó el pasado 1 de agosto su propuesta para bonificar al 99% las herencias entre cónyuges, ascendientes y descendientes por línea directa, que plantea también reducciones para el resto de herederos, especialmente hermanos, tíos y sobrinos.

Igualmente, defenderán a la vuelta del verano, previsiblemente en el segundo pleno del mes de septiembre, que las transmisiones mortis causa de empresas y negocios familiares, incluidas las explotaciones agrarias, estén exentas.

En el caso de las donaciones, reclamarán la misma bonificación para cónyuges e hijos y que ni siquiera se tenga que pagar cuando afecten igualmente a empresas y negocios familiares, incluidas las explotaciones agrarias.

En todos los casos, la proposición no de ley plantea que entre en vigor el próximo año, de modo que se tenga en cuenta en la elaboración de las medidas fiscales y los presupuestos de 2020, que será la primera tarea que afronte el nuevo consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón.

La portavoz adjunta del PP, Mar Vaquero, manifestó este martes a este diario que la bonificación de Sucesiones supondrá "un buen ejemplo" de que un Gobierno transversal, como no se cansa de repetir el presidente Lambán, "puede hacer del posibilismo un principio de actuación".

En este sentido, recordó que los socios de izquierdas no coinciden con el PAR en esta cuestión y que los tres votos de los aragonesistas sumados a los del resto de la derecha (PP, Ciudadanos y Vox) permitiría que la proposición saliera adelante. En todo caso, no sería de obligado cumplimiento, dado que solo supondría que las Cortes instaran al Gobierno a bonificar aún más las herencias, tras el acuerdo alcanzado el pasado otoño para elevar la exención de las herencias hasta 500.000 euros. Entonces sumaron sus votos los diputados del PSOE con los del PP, Ciudadanos y PAR.

Mar Vaquero también aludió al acuerdo que firmaron los aragonesistas en campaña electoral con la asociación Aragón Stop Sucesiones y Plusvalía, concretamente el 14 de mayo, para plantear la bonificación del impuesto al 99% para todos sus grados. "Espero que el PAR presente una enmienda y vaya más lejos, en la línea del compromiso que firmó con esta asociación", señaló.

Sin embargo, el acuerdo de gobierno bilateral que sellaron PSOE y PAR rebaja el grado de compromiso a plantear, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, la armonización fiscal en las autonomías y a la supresión de Sucesiones "compensando con otras fórmulas la consiguiente disminución de los ingresos". Este mismo punto se recoge en el pacto firmado la semana pasada por los cuatro socios del cuatripartito.

Los aragonesistas se lo pensarán

El líder aragonesista y vicepresidente del Gobierno, Arturo Aliaga, no se cerró ninguna puerta en la entrevista que concedió a este diario, publicada el pasado lunes. Así, apuntó que en función de lo que se plantee, argumente y se compense la disminución de ingresos tomarán una decisión. "Hay que hacer la cuenta siempre. Si las propuestas son buenas para Aragón, no podemos tener los grilletes atados. Ni ir todos como rebaño. Los partidos no pueden perder su identidad", dijo en alusión a la posibilidad de desmarcarse de sus socios de izquierdas en la DGA.

La portavoz adjunta del PP sostuvo que hay margen presupuestario para aplicar la rebaja fiscal sin afectar a los servicios públicos, una de las preocupaciones de Aliaga. Así, hizo mención a los 126 millones de euros presupuestados el año pasado para gasto social que no se llegaron a ejecutar, así como los cerca de 90 millones de recaudación adicional como consecuencia de la subida fiscal que fue aprobada por la izquierda a finales de 2015. "Estamos en contra de la política confiscatoria y está demostrado que sube la recaudación cuando hay menos impuestos", argumentó.