"Llevamos ocho meses sin saber qué prestación nos corresponde"

Las estadísticas tienen diferentes lecturas, depende del prisma bajo el que se miran. En el caso de la ley de dependencia, además, tras cada cifra hay un drama humano. Los de Carmen Navarro y Merche Espiago son dos de ellos.

La madre de Carmen Navarro, aquejada de alzhéimer, lleva ingresada en una residencia privada de Monzalbarba desde septiembre de 2016, un mes después de que falleciera su esposo. En enero de 2017 a Blanca Bueno le reconocieron el grado 1 de dependencia y en diciembre de ese mismo año su hija solicitó una revisión para elevarlo, ya que sus problemas de conducta y la pérdida de memoria habían empeorado. Tras más de cinco meses de espera, en mayo de 2018 llegó la nueva evaluación y en junio le concedieron el grado 2 (dependiente severo).

"Desde que nos otorgaron el grado 2 llevamos ocho meses sin saber qué prestación nos corresponde. Nos tienen que hacer el PIA (Plan Individual de Atención) y el retraso que lleva es considerable", se lamenta Navarro, cuyo caso está en ese preocupante "limbo" de la dependencia. Mientras, la residencia la paga con la pensión de su progenitora y "tirando" de los ahorros de sus progenitores.

Carmen espera que en esta ocasión su madre llegue a cobrar una ayuda, ya que su padre falleció en 2016 sin recibirla a pesar de tenerla otorgada desde 2014. Reconoce que aunque la gestión de la dependencia ha mejorado en los últimos años, "aún queda mucho por hacer".

El vía crucis de Merche Espiago tiene un final feliz, su padre está en una residencia y cobra 303 euros para costear una parte, pero hasta llegar a aquí vivió "un auténtico calvario" cuya retahíla de fechas se sabe de memoria. A raíz del ingreso de su progenitor en el hospital en 2014, que agravó considerablemente su demencia senil, solicitó la dependencia y le evaluaron en febrero de 2015.

"Mi padre vivía conmigo en casa y en 2017 le concedieron una ayuda en el entorno familiar de 97,88 euros al mes", cuenta Merche. Su salud iba a peor y en junio de 2017 solicitó una nueva baremación. En noviembre de ese año no tuvo más remedio que recurrir a una residencia. La nueva evaluación se la hicieron en mayo de 2018 y al mes siguiente lo declararon gran dependiente.

A partir de aquí llegaron meses de silencio administrativo que le llevaron a presentar una queja al Justicia de Aragón. Parte del problema radicó en que la residencia en la que vivía estaba abocada al cierre, lo hizo a mitad de diciembre de 2018, y el IASS paralizó por esta razón el expediente. Su denuncia tuvo sus frutos y a finales de diciembre de 2018 le concedieron la ayuda económica y le pagaron atrasos. "Mi padre, como muchos otros, necesita el dinero mientras está vivo y las tardanzas no tienen ninguna justificación".