El Gobierno de Aragón ha recibido nada menos que 121 solicitudes para las ayudas a la construcción y el acondicionamiento de depuradoras, presupuestadas en 4,4 millones de euros. Son en torno a 600.000 euros menos que hace un año, una cantidad "exigua" para los municipios solicitantes, que recuerdan que más de 430 localidades siguen vertiendo sus aguas sin depurar pese a llevar años pagando el Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA). Sobre todo teniendo en cuenta que el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, prometió en febrero al menos otros cinco millones de euros y que utilizaría la mayor parte del incremento del presupuesto del Instituto Aragonés del Agua (IAA) para financiar las obras.

Hasta 91 de estas solicitudes se enmarcan en la ‘línea 1’, centrada en la construcción de nuevas plantas y la mejora de las existentes, mientras que las 30 restantes son para colectores y para la construcción o renovación de redes de saneamiento.

El Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad confirma que 46 proceden de Huesca, 39 de Teruel y 36 de Zaragoza. En estos momentos, el Ejecutivo revisa las solicitudes a fin de valorar si cumplen los requisitos de la convocatoria y si las entidades locales están al día en sus obligaciones formales y materiales con el Instituto Aragonés del Agua en relación al ICA y a la devolución de anticipos de obras ejecutadas por el propio IAA.

Una vez revisadas, explican desde la Consejería, "se remitirán cartas a los ayuntamientos para solicitar las subsanaciones correspondientes" en caso de haberlas a fin de poder seguir con la tramitación. "La resolución provisional será a principios de noviembre y la definitiva, una vez superado el correspondiente trámite de audiencia, a finales de ese mismo mes", añaden.

El Ejecutivo recuerda que en estos dos últimos ejercicios se han invertido 9,4 millones, una cantidad "insuficiente" para los alcaldes. En 2017, los cinco millones solo beneficiaron a 24 ayuntamientos, entre los que están los de Castiello de Jaca, Las Peñas de Riglos, Fallón, Griegos, Movera, Bierge, Jaulín, Alcalá de Ebro, Vera de Moncayo u Olba, entre otros. Se repartieron entre nueve depuradoras de Huesca, ocho de Teruel y siete de Zaragoza (cinco pertenecientes a la Confederación Hidrográfica del Júcar y el resto, a la del Ebro). "La partida me parece irrisoria. No da ni para construir una depuradora, a no ser que sea para una pequeña", afirma José Ignacio Abadías (PAR), alcalde de Benasque, que se ha acogido a esta línea "para mantener una depuradora del plan parcial que estropeó la riada de 2013".

Bielsa también espera financiar su proyecto, impulsado por la Diputación Provincial de Huesca y basado en sistemas ecológicos de depuración. "Sería para Javierre de Bielsa, donde viven unos 40 habitantes", matiza el alcalde de la localidad, Miguel Ángel Noguero (PSOE). En su opinión, 4,4 millones "para empezar están bien". Cree, no obstante, que el Ejecutivo "tendrá que incrementar esta partida con el tiempo" dadas las necesidades del territorio. "El problema es que todo el mundo tiene los deberes sin hacer", dice.

Lo importante, subraya Noguero, es que la línea subvenciona "un alto porcentaje de la obra" y "permite incluir hasta la compra de terrenos". Cada entidad, explican desde el Gobierno de Aragón, ha podido solicitar una única ayuda. En la ‘línea 1’, la de construcción o acondicionamiento de depuradoras ya existentes, podían acceder a "un 95% del gasto a realizar con un límite máximo de 300.000 euros", mientras que en la ‘línea 2’, centrada en colectores y redes de saneamiento, el porcentaje varía en función del número de habitantes de la entidad local solicitante. Hasta los mil, la DGA financia el 95% con un tope de 150.000 euros y a partir de los 1.001 se encarga del 75%, también con un máximo de 150.000 euros por ayuda.

Una financiación "justa"

A Ramón Millán, presidente de la Diputación Provincial de Teruel y alcalde de Castellote por el PAR, estas cantidades le parecen "ruinosas". "Es muy poco dinero. Sobre todo teniendo en cuenta el número de denuncias que se han puesto en los últimos años por los vertidos. No se puede exigir hacer las cosas bien y que luego el Gobierno presupueste únicamente 4,4 millones de euros para todo Aragón", manifiesta.

Lo justo, en su opinión, sería que hubiese "más financiación". "Son servicios esenciales que se están dejando de lado. Ocurre lo mismo con las carreteras", expone. Mientras, municipios como Aguaviva siguen a la espera de que la DGA ejecute directamente sus plantas.