El fiasco de las depuradoras en Aragón

Navasilla, una pedanía de Jaca con nueve vecinos empadronados y solo cuatro residentes depura sus aguas residuales desde 2013. Benasque, con una carga contaminante equivalente a 5.500 habitantes, sigue vertiéndolas directamente al río. Estos dos casos extremos evidencian el fiasco de la política de depuración de Aragón, del que se han hecho eco en los últimos días diversos medios de comunicación nacionales. El fracaso no se limita al Pirineo pero su Plan Integral de Depuración es paradigmático respecto a los desfases y sobrecostes de las obras en la toda la Comunidad.

La Cámara de Cuentas ha dado un toque de atención al Instituto Aragonés del Agua (IAA), cuya directora se ha referido en diversas ocasiones a que esta es "la historia de un desastre". El asunto irrumpió esta semana en el Congreso de los Diputados, con un rifirrafe entre la ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, y el diputado por Zaragoza de Podemos, Pedro Arrojo. Hoy tendrá lugar una concentración en la plaza del Pilar (12.30) para pedir un cambio de política. La ha convocado la Red de Agua Pública de Aragón, tras recorrer 121 localidades de Aragón, donde ha recogido la inquietud de los ayuntamientos.

La historia del desastre del que habla Inés Torralba se empezó a escribir en 1993, cuando la depuración del Pirineo fue declarada de interés general. Sanear los cauces desde la cabecera se consideró entonces una prioridad. El segundo capítulo lo firmaron en 2008 el Ministerio y el Gobierno de Aragón, con un convenio para construir 297 plantas y una inversión de 146 millones de euros que se ha desviado a otras obras.

Hoy, la realidad es que solo se ha ejecutado un 10% de las actuaciones previstas y todavía hay 66 localidades del norte de la provincia de Huesca que vierten las aguas sucias a los ríos, algunas tan turísticas como Benasque, Sallent de Gállego o todo el valle del Aragón, donde a la carga contaminante de los residentes se suman las instalaciones hoteleras y las estaciones de esquí. De los grandes municipios del Pirineo, solo Jaca, Sabiñánigo y Biescas disponen de depuradora.

En esta historia interminable ha irrumpido la Confederación del Ebro para complicar todavía más la situación, al sancionar a los ayuntamientos por los vertidos, obviando que son las víctimas de los retrasos de las obras que debieron ejecutar las otras administraciones.

Impuesto, canon y multa

"Cuando nos vendieron el plan en 2009, pensábamos que era la solución para sanear los ríos porque las depuradores tenían un coste muy elevado y los ayuntamientos no las podíamos pagar. Nos lo vendieron bien, con un impuesto solidario incluido, pero en todos estos años no ha habido más que incumplimientos", lamenta el alcalde de Canfranc, Fernando Sánchez, uno de los más significados en la batalla de los municipios contra la DGA y el Ministerio.

Sus vecinos, recuerda, llevan 8 años pagando el impuesto para costear las plantas de tratamiento (unos 600.000 euros en este tiempo), el Ayuntamiento abona además un canon de vertidos a la CHE (8.000 euros al año) y al final ha acabado enfrentándose a una sanción de 3.000 euros. Tiene 500 habitantes pero su carga contaminante equivale a 3.500.

Canfranc realiza un pequeño tratamiento antes de verter al río Aragón a través de una decantadora de sólidos. Pero Benasque, no. "Yo no bebería agua del embalse", afirma el alcalde, José Ignacio Abadías. En este municipio hay cinco puntos de vertido. El hotel de Llanos del Hospital o los Baños de Benasque y algunas urbanizaciones como Pllans d’Ancils y Anciles sí depuran, pero no la red general, que desagua en el Ésera y 3 km después llega al embalse de Eriste. "No es una situación normal, porque la carga contaminante es tremenda, sobre todo en épocas de afluencia turística", reconoce. Aquí están previstas dos plantas, una en Benasque y otra en Cerler, que también daría servicio a la estación de esquí. Las últimas noticias que tiene del IAA es que las obras empezarán en 2018 y la instalación será para unos 5.500 habitantes equivalentes (residentes, visitantes, negocios, industrias…). En su caso, el expediente por vertidos ha desembocado en una multa de 9.000 euros.

Los ayuntamientos están atados de pies y manos. En el convenio de cesión de competencias al Gobierno de Aragón que firmaron, una cláusula les obligaría a pagar a las empresas adjudicatarias. "Si incumplimos, pueden reclamarnos indemnizaciones millonarias. Ahora mismo no vemos una salida", afirma el alcalde de Canfranc. Ellos plantean un cambio de la normativa y de la filosofía del plan, con una gestión pública del agua y la devolución de las competencias. Para Fernando Sánchez, las razones del fracaso son el sobredimensionamiento del proyecto (había previstas depuradoras hasta en núcleos deshabitados) y el tipo de adjudicación, que privatiza la depuración, dejando en manos de las empresas las obras y la gestión.

Caravana de protesta

Para reclamar este cambio, la Red de Agua Pública de Aragón organizó una caravana de protesta que ha recorrido Aragón y hoy desemboca en una concentración en El Pilar. Enrique Gracia, su secretario, afirma que han visto "mucha preocupación" en la mayoría de los pueblos de la ruta. Las administraciones locales quieren otro modelo de depuración, "pero han firmado convenios de los que no pueden desengancharse". Además, añade, allí donde ya funcionan, están en manos privadas, "y los municipios no tienen ningún control de lo que pasa en las instalaciones".

Cita el caso de las localidades turolense de Cretas, la Fresneda, Valderrobres, Beceite y Peñarroya de Tastavins. Sus depuradoras costarían 6 millones en obras y 34 millones en los 20 años de explotación, cuando con gestión municipal la de Torrecilla de Alcañiz vale 270.000 € y en la de Fabara (Zaragoza) se invirtieron 200.000 € y la gestión cuesta 13.000 € al año.

"La filosofía podía ser buena, un gran plan en el que todos los aragoneses pagábamos por igual, y seguramente lo hicieron con buena intención, pero el desarrollo ha fallado. Hubo mucha precipitación. Algunos hablan de corrupción, yo no puedo decirlo, no tengo pruebas. Si alguien las tiene, que vaya al juzgado", concluye el alcalde de Canfranc. El último capítulo de la historia de este desastre aún está por escribir.