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Medio Ambiente

Más de 430 municipios siguen vertiendo sus aguas sin depurar pero pagan el ICA

Hasta un 11% de la carga contaminante que se genera en la Comunidad llega a los cauces sin tratar

Jorge Lisbona. Zaragoza Actualizada 20/05/2018 a las 16:19
Canal al que llegan dos de los tres conductos de aguas residuales de HuérmedaMacipe

Más de 430 municipios aragoneses, un 59% del total, siguen vertiendo sus aguas sin depurar 17 años después de la puesta en marcha del cuestionado Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración (PASD). Todos, no obstante, pagan el Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA), que en aquellas localidades que no tienen planta propia se cobra con una bonificación de entre el 60% y el 75% en función del número de habitantes que no convence ni a alcaldes ni a vecinos.

Según datos del Gobierno de Aragón, hasta un 11% de la carga contaminante de la Comunidad –porcentaje que corresponde a unos 300.000 habitantes equivalentes– llega a los ríos sin tratar. El problema se da, sobre todo, en núcleos de pequeño tamaño, pero también en otros como Benasque que superan los 2.000 habitantes.

A la contaminación propia de los hogares hay que sumar la de la industria, que centra la preocupación de vecinos y alcaldes, y la que producen alojamientos turísticos y estaciones de esquí. Se trata de una situación que ha provocado sanciones de miles de euros por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y que, en muchos casos, ha terminado en los tribunales.

El Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad confirma que 350 de estos 435 municipios necesitan una depuradora, pero no pone plazos para su construcción. Aunque el resto quedarían exentos por su pequeño tamaño, el Ejecutivo autonómico reconoce que estos núcleos representan "el principal reto de la revisión del PASD", ya que "en términos relativos, resultan más costosos" por suponer "un mayor coste de inversión y explotación por unidad de carga contaminante". Adelanta, en este sentido, que la futura reforma del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración revisará el límite que determina qué núcleos precisan de planta propia y cuáles no.

Aunque en 2017 se presupuestaron cinco millones de euros y se iniciaron los trabajos en 24 localidades (nueve de Huesca, ocho de Teruel y siete de Zaragoza), los alcaldes que aún no tienen depuradora critican el "desastre medioambiental" que está provocando la falta de tratamiento residual en la Comunidad.

También que llevan desde 2002 pagando el ICA, anteriormente conocido como canon de saneamiento, sin que sus aguas sean depuradas cuando, precisamente, este tributo "se destina a financiar las actuaciones que realiza la Comunidad en materia de prevención de la contaminación". Por este y otros motivos, instan al Ejecutivo autonómico a acelerar los plazos y a incrementar las partidas destinadas a este fin en los próximos ejercicios.

El Gobierno defiende que el grado de cumplimiento de la Directiva de Aguas Residuales en Aragón es "muy alto" y que actualmente se depuran "todas las aguas que se vierten a zonas sensibles", así como "el 98% de las poblaciones de más de 2.000 habitantes equivalentes". Estas cifras representan el 89% de la contaminación que genera la Comunidad, porcentaje que se traduce en aproximadamente 2,5 millones de habitantes equivalentes. "Para alcanzar el 100% solo faltan los nueve núcleos pirenaicos más importantes", apuntan desde Desarrollo Rural.

Pese a que "próximamente" se convocará una línea de 4,4 millones de euros para el tratamiento de aguas residuales, colectivos como la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) creen necesario "un gran pacto por la depuración" que garantice las inversiones en las próximas legislaturas. "Sería un buen momento para replantearse las cosas, hacer un adecuado control de resultados e idear un planteamiento a largo plazo", opina su portavoz, Enrique Gracia.

La intención, explican desde el Gobierno de Aragón, es analizar dónde se producen los vertidos y dar prioridad a aquellos municipios en los que existan "requerimientos previos de la CHE". A la hora de tramitar las solicitudes de este 2018 se considerará "la viabilidad técnica de la situación planteada, su sostenibilidad económica, la existencia de ordenanzas municipales en esta materia y la calidad de la documentación técnica que se presente".

Obras en marcha

De acuerdo con la Consejería de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, en Zaragoza y Teruel hay en estos momentos 11 proyectos en ejecución. Los de mayor entidad son los de Calaceite y Maella y la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Castelserás (Teruel). La de Maella, por ejemplo, dará servicio a una población de en torno a 2.000 habitantes y a la carga industrial que generan los polígonos allí ubicados. La previsión, indican las mismas fuentes, es que los trabajos concluyan en diciembre de este año, "ya que la obtención de los terrenos necesarios y los permisos se encuentran en fase avanzada".

La de Calaceite, presupuestada en 1,7 millones de euros, está al 15% y la de Castelserás, valorada en 700.000 euros, al 80%. Las de Mazaleón, Nonaspe, Valdealgorfa, Castellote, Aguaviva, Mas de las Matas, Cantavieja y La Iglesuela del Cid concluirán entre este año y el que viene, según los cálculos del Ejecutivo autonómico.

En los últimos años han entrado en funcionamiento plantas como la de Utebo, que unida a otras de las zonas 03 (provincia de Huesca) y 10 "han reducido la carga contaminante global de Aragón en un porcentaje cercano al 4%". Aunque actualmente hay más de un centenar de estaciones en funcionamiento, el elevado número de núcleos sin depuradora evidencia que hay margen de mejora.

Mención aparte merece el plan integral del Pirineo, que tiene su origen en el convenio firmado en 2008 entre Medio Ambiente y el Gobierno de Aragón. Aunque en su día se proyectaron 297 plantas –la mayoría sobredimensionadas– y una inversión de 146 millones de euros, solo se ejecutaron un 10%.

A este respecto, el Gobierno de Aragón recuerda que en 2016 se pusieron en marcha modificaciones de las concesiones con vistas a reorientar el tamaño de estos proyectos "para adecuarlos a las necesidades reales".

No concreta, sin embargo, cuándo y cómo se desbloqueará la construcción de las depuradoras pendientes, que acumulan años de retrasos. Lo último que se sabe es que en 2017 se cerraron los expedientes de modificación por considerar que alteraban "de forma sustancial los contratos". "Paralelamente, se están estudiando técnicamente los nuevos proyectos a licitar y la validez o no de los existentes, fundamentalmente en cuanto a su tamaño", explican desde la DGA.

La situación actual es de sobra conocida en el Pirineo. Sobre todo en zonas tan turísticas como Sallent de Gállego, Benasque o el valle del Aragón, donde a la carga contaminante que producen los residentes se suman las de hoteles y estaciones de esquí.

El futuro de la depuración en Aragón vendrá marcado, entre otros factores, por las conclusiones de la comisión especial creada en las Cortes, que analiza ya las posibles responsabilidades políticas del fracaso del PASD. También por la reforma del propio plan, a la que no se le ha puesto fecha.

"No queremos contaminar"

Huérmeda, pedanía de Calatayud, es uno de los muchos núcleos aragoneses que no depuran sus aguas. Aunque por ley no estaría obligado a hacerlo (solo están censados en torno a un centenar de habitantes y en invierno no superan los 50), el Consistorio bilbilitano tiene un proyecto para que sus vertidos se traten debidamente.

"Lo presentamos a la convocatoria que abrió el Gobierno de Aragón para construir nuevas depuradoras. Me consta que quedamos muy bien situados, pero no obtuvimos financiación", explica el alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda.

La intención, afirma el regidor, es acudir "con este mismo proyecto" a la línea de 4,4 millones de euros que abrirá "próximamente" el Ejecutivo autonómico. "Está valorado en unos 300.000 euros. Calatayud aportaría el 25% y el Gobierno de Aragón, el 75% restante", dice.

"Nosotros estaríamos encantados de hacerla. Contaminar nunca es plato de buen gusto, pero para eso necesitamos financiación", añade. Recuerda, en este sentido, que otras dos pedanías (Torres y Embid de la Ribera), de una población similar a Huérmeda, también necesitarían una estación propia.

"En Torres se detectó hace tres años un alto contenido de fosfatos en el agua, circunstancia que obligó a invertir 70.000 euros para hacer un proceso de osmosis inversa para purificarla. En estos momentos, cumple todos los parámetros de calidad", explica Aranda. En su opinión, en estos casos "tener pedanías supone una ‘mochila’ bastante pesada y, sobre todo, mal subvencionada".

Aunque confía en que este año haya financiación suficiente para iniciar los trabajos, recuerda que "es la DGA quien marca qué obras se hacen primero". En el caso de las pedanías de Calatayud, los criterios técnicos determinaron en su día que la de Huérmeda será la primera depuradora en construirse. "A partir de ahí, la idea es que el resto se fueran haciendo paulatinamente", afirma. Lo importante, en todo caso, es que, ya sea antes o después, "todos los núcleos puedan ofrecer los mismos servicios".





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