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La CHE dejará de sancionar a los pueblos que no tengan depuradora pero prevean construirla

Las localidades deberán aportar una previsión de tiempos y una planificación de las actuaciones

El alcalde de Canfranc, Fernando Sánchez, en la decantadora de la localidad
La CHE dejará de sancionar a los pueblos que no tengan depuradora pero prevean construirla
Laura Zamborain

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) no sancionará a los municipios que viertan sus aguas sin tratar si demuestran que están trabajando en la construcción de una depuradora. Hasta la fecha, el organismo de cuenca ha expedientado a al menos 29 ayuntamientos de las tres provincias por esta razón.

Lo ha hecho, según fuentes de la Confederación, tras ‘caducar’ todos los proyectos planificados, "por mandato legal" y "en aplicación del reglamento vigente". No obstante, el Ministerio de Medio Ambiente asegura que, en adelante, estos procesos se paralizarán siempre que los municipios justifiquen que están actuando para eliminar el problema.

El Gobierno de Aragón, quien debería de haberlas ejecutado, se comprometió a mediar con el Ministerio para evitar las sanciones. Lo hizo tras las quejas de los núcleos afectados, canalizadas a través de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (Famcp). Se trata de un problema ha acarreado sanciones leves de hasta 10.000 euros, cantidades que, según la presidenta de la Famcp, Carmen Sánchez, han supuesto "un roto impresionante" para estas localidades. Sobre todo teniendo en cuenta que llevan años pagando el Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas y que aún no tienen depuradora.

Para evitar la sanción, los municipios expedientados tendrán que aportar una previsión de tiempos y una planificación de las actuaciones a desarrollar, requisitos imprescindibles para demostrar que el procedimiento está avanzado. Deberán hacerlo durante el periodo de alegaciones, momento en que, una vez aceptados los argumentos, la multa quedará sin efecto.

El Ministerio, en todo caso, recalca que aquellos expedientes que ya se hayan iniciado y hayan terminado en sanción "seguirán su trámite por la vía judicial y dejarán de ser potestad del organismo de cuenca". De sus explicaciones se desprende que aquellas localidades que no puedan justificar su situación seguirán expuestas a las sanciones.

El propio Gobierno de Aragón, no obstante, proporcionará a los ayuntamientos la documentación necesaria para que acrediten ante la CHE que sus proyectos no están paralizados, algo que viene haciendo desde 2016, año en que comenzaron a imponerse las sanciones. También seguirá poniendo a disposición de las localidades "todos los medios disponibles en el Instituto Aragonés del Agua".

La Famcp espera que la decisión del Ministerio sirva para paralizar todas las sanciones. El colectivo, sin embargo, exige ir más allá y "compensar" a aquellos municipios que ya han sido expedientados. "Dudo que vayan a devolverles el dinero, pero sí confío en que esas cantidades reviertan en los pueblos o que, al menos, se hagan obras", expone Sánchez.

La situación actual, marcada por el fracaso del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración, ha obligado a los municipios afectados a acatar sanciones de 2.000, 3.000 o 6.000 euros (el importe variaba en función del vertido y del número de habitantes). La propia Famcp trató de abordar el problema con la Confederación Hidrográfica del Ebro y la del Júcar, pero no obtuvo respuesta, algo que su presidenta califica de "falta de respeto institucional". "En ningún momento hemos sido insultantes o beligerantes. Solo queríamos hacerles saber que los ayuntamientos no tenían la culpa", subraya.

"Más recursos"

El problema, en todo caso, parece lejos de resolverse, ya que aún quedan 300 estaciones por construir en la Comunidad. En total, 146.000 habitantes (un 10% del censo) viven en municipios sin depuradora, según datos del Gobierno de Aragón. El Ejecutivo PSOE-CHA abrirá este año una nueva convocatoria de cinco de euros destinada a la creación de nuevas plantas. Los municipios, no obstante, exigen a la DGA más recursos para atajar la situación cuanto antes. Sobre todo teniendo en cuenta que el Gobierno autonómico aún no ha aclarado cuál va a ser el ritmo de ejecución.

"Llevamos años con la soga al cuello"

Canfranc, uno de los 29 municipios sancionados por verter aguas sin tratar, pagó en 2016 una multa de en torno a 3.000 euros y ahora se enfrenta a un segundo expediente por la misma razón. Su alcalde, Fernando Sánchez, admite que el municipio vive "con la soga al cuello". "La Confederación Hidrográfica del Ebro puede apretarla en cuanto quiera, ya que seguimos sin depuradora", apunta. La situación, en su opinión, es "realmente injusta", ya que el municipio lleva años pagando el impuesto del agua.

El Consistorio llevó la polémica a los tribunales con el apoyo de la Diputación Provincial de Huesca, aunque aún no hay sentencia. "Esperamos que fallen a nuestro favor y se depuren responsabilidades", dice el regidor.

A su juicio, el Ayuntamiento de Canfranc ha sido un mero "pagano", ya que "no tomó ninguna decisión" ni fue consultado por el Gobierno de Aragón. Sánchez confía en que las negociaciones entre el Ejecutivo autonómico y la CHE den verdaderamente sus frutos y permitan resolver el problema "cuanto antes", ya que teme que el nuevo expediente, abierto hace cuatro o cinco meses, derive en una sanción de mayor importe.

Aguaviva, en Teruel, terminó abonando 2.300 euros en agosto de 2017. Lo hizo tras agotar la vía administrativa. "Los recursos se iban denegando sistemáticamente. El siguiente paso era iniciar un contencioso, pero es imposible ganar a un gigante como la CHE", admite su alcalde, Aitor Clemente.

En noviembre, el municipio recibió un nuevo requerimiento en el que se le instaba a solicitar una autorización de vertidos. "La propia Confederación nos dijo que hasta que no esté la depuradora en funcionamiento podría volver a sancionarnos", recuerda.

Esos 2.300 euros supusieron "una cantidad importante" para esta localidad de en torno a 550 habitantes, aunque no obligaron a renunciar a ninguna inversión municipal. "Pagamos, pero evidenciando nuestra resignación", reconoce el alcalde de Aguaviva.

Clemente critica la hasta ahora "infructuosa" mediación del Gobierno de Aragón y pide que sea el Ejecutivo autonómico quien asuma las nuevas multas, en caso de que las haya. "La responsabilidad de que no tengamos depuradora es suya. Las competencias se cedieron hace ya unos 15 años", recalca.

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