Solo 253 de los 12.000 familiares que cuidan a dependientes cotizan a la Seguridad Social
Son los únicos que podrán acceder a las ayudas que ha convocado la DGA para sufragar el 60% de las cuotas. Podemos critica que deje fuera a una gran mayoría.
Un 2,1%. Ese es el exiguo porcentaje de cuidadores familiares de dependientes aragoneses que cotizan a la Seguridad Social por esta tarea. Según los datos facilitados al Gobierno de Aragón por la Tesorería de la Seguridad Social, solo 253 cuidadores no profesionales han suscrito el convenio especial. En total, a fin de abril 12.002 dependientes recibían una prestación para ser atendidos en su hogar por algún pariente, en la gran mayoría de los casos, una mujer.
A raíz del pacto con Podemos para aprobar los presupuestos autonómicos de 2017, la DGA convocó ese año por primera vez subvenciones para cubrir parcialmente el pago de las cuotas, pero para Podemos son del todo insuficientes, dado que solo pueden acogerse los que ya están en el sistema y la ayuda se solicita a posteriori. En la nueva convocatoria recién publicada, las condiciones son similares, por lo que la formación morada ha vuelto a denunciar que el Gobierno PSOE-CHA incumple lo acordado. Este viernes anunciaron que pedirán explicaciones en las Cortes a la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto.
Esta escasísima afiliación es generalizada en toda España desde que en julio de 2012 el Gobierno de Mariano Rajoy eliminara su financiación estatal y trasladara a los cuidadores el pago de las cuotas, que pasó a ser voluntario. Como consecuencia del decreto ley con el que se pretendía "garantizar la estabilidad presupuestaria y el fomento de la competitividad", casi todos se dieron de baja en la Seguridad Social.
De esta forma, si a finales de 2011 había en todo el país más de 170.000 personas cotizando, el pasado mes de abril se contabilizaban 8.068, pese a que el número de cuidadores no profesionales ha ido creciendo hasta sumar en la actualidad 387.304. Estas cifras suponen que en el cómputo nacional el porcentaje sea prácticamente idéntico al de Aragón: 2,083%.
Un 14% menos que hace un año
Y el número no deja de caer: a mediados de 2017 había en la Comunidad 293 cotizantes por las prestaciones económicas concedidas a 11.293 dependientes para cuidados en el entorno familiar. Es decir, entonces el porcentaje de los que pagaban sus cuotas a la Seguridad Social rozaba el 2,6%. Desde el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, explicaron que la importante caída registrada en los últimos meses (un 14%) se debe al fallecimiento de los familiares a los que cuidaban.
Con el objetivo de incrementar la cobertura social de este colectivo, Podemos incluyó entre sus condiciones para apoyar los presupuestos autonómicos de 2017 que en ellos se destinaran 36 millones de euros para mejorar las condiciones de los 10.300 cuidadores que había en ese momento. Pretendía que se incrementaran un 50% las prestaciones a los dependientes y que la DGA asumiera el 60% de la cotización. El Gobierno PSOE-CHA descartó inicialmente que pudiera cumplir esta última exigencia, pero en agosto abrió la convocatoria para conceder estas ayudas. Eso sí, como máximo podían beneficiarse los 293 aragoneses que ya estaban dados de alta en 2016 (cada uno abonaba hasta 181,55 euros al mes) y fueran cónyuges o parientes hasta de tercer grado de la persona a la que atendían.
Se destinaron 400.000 euros y este viernes la DGA no pudo concretar cuánto se gastó de esta partida. No obstante, las mismas fuentes sí detallaron que solicitaron la subvención 128 cuidadores, de los que 109 reunían los requisitos. Es decir, las ayudas llegaron a poco más de un tercio de los posibles beneficiarios.
Para este año, la convocatoria publicada en el BOA reserva 450.000 euros para subvencionar las cuotas pagadas durante 2017 y los primeros cuatro meses de 2018. Podrán presentar su solicitud hasta el 12 de junio únicamente 253 cuidadores no profesionales.
Según informó el Ejecutivo autonómico, este año ha enviado una carta recordando la convocatoria a aquellos que pidieron la ayuda el año pasado. Matizaron que el IASS (Instituto Aragonés de Servicios Sociales) no puede enviarla a todos los beneficiarios potenciales porque la Tesorería de la Seguridad Social no le facilita sus datos personales para cumplir con la legalidad en materia de protección datos. Asimismo, volvieron a reclamar que sea el Gobierno central el que pague las cotizaciones.