Soro ve "imposible" que se amplíen este año las bonificaciones en la AP-68 y la AP-2

La aplicación de nuevas bonificaciones para el tráfico pesado en los tramos aragoneses de las autopistas AP-68 y AP-2 tendrá que esperar. Las negociaciones entre el Ministerio de Fomento y el Ejecutivo autonómico están prácticamente estancadas, a pesar de que en la presentación del proyecto de Presupuestos del Estado (PGE) se indicó que podrían entrar en vigor este mismo año. El consejero de Vertebración del Territorio del Ejecutivo autonómico, José Luis Soro, exige, para alcanzar un acuerdo, que se garantice la gratuidad para los camiones si se decide obligar a los transportistas a circular por las autopistas y un aumento de la aportación que realiza el Estado para sufragar las bonificaciones.

Los PGE de 2018 destinan 6,1 millones de euros a mantener las bonificaciones que se aplican ahora en los tramos aragoneses de la AP-68 y AP-2 e incorporan 1,8 millones de euros más para toda la red de autopistas estatales de peaje que se destinarán a nuevas rebajas en los peajes de las que se beneficiarán los vehículos pesados. El propio delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, apuntó en la presentación de la previsión de inversión del Estado en la Comunidad la posibilidad de que se introdujeran bonificaciones este mismo año, siguiendo el modelo del acuerdo que Fomento ha alcanzado con el Gobierno de La Rioja. Pero "las posturas están muy alejadas", según explica Soro, que ve prácticamente "imposible" que se pacte una solución este mismo año.

Si se quiere obligar a los transportistas a circular por las autopistas AP-68 y AP-2, algo que negocian la DGA y Fomento desde el verano de 2015 para reducir el tráfico pesado en las peligrosas N-232 y N-II, el Ejecutivo aragonés exige que el peaje esté bonificado al 100%, o muy cerca de que resulte gratuito. Solo así se compromete el consejero de Vertebración a tratar de convencer al sector para que secunde la medida. Pero no es su única exigencia. Para aplicar rebajas adicionales, destaca que es imprescindible que el Ministerio de Fomento incremente la aportación que realiza ahora al pago de las bonificaciones.

Acuerdo en La Rioja

La exigencia de Aragón de que los peajes sean gratuitos se aleja del pacto que alcanzaron La Rioja y el Gobierno central, por el que solo se bonifica un 75% a los vehículos pesados a los que obligan a circular por la autopista AP-68 en los 150 kilómetros que separan Zambrana (Álava) y Tudela (Navarra). El coste estimado de esta rebaja ronda los 1,3 millones de euros al año, de los que el Ejecutivo regional aporta un 60% y el Ministerio, el 40% restante.

Soro quiere que la DGA y el Estado financien las rebajas de los peajes al 50%. En las bonificaciones actuales, el Gobierno aragonés aporta el 50%; Fomento, un 25% y el usuario, el 25% restante. A pesar de ello, aunque el tránsito de turismos por las autopistas se ha incrementado, el tráfico pesado se resiste a hacerlo, según indica el consejero de Vertebración del Territorio, que recalca que se trata de una medida que "no es eficaz".

Una solución provisional

El Gobierno de Aragón reitera, además, que es necesario que Fometo garantice que, aunque se implante una bonificación cercana al 100%, es una medida provisional, pues el fin último es conseguir el desdoblamiento de la N-232 y la N-II. Y los avances en este sentido tampoco son los esperados.

El proyecto de PGE, pendiente aún de que el PP logre apoyos suficientes para sacarlo adelante, destina 20,4 millones a la conversión de la N-232 en A-68 (11,1 millones de euros para el tramo Figueruelas-Gallur y 9,3 millones para impulsar las ya iniciadas en 2017 entre Gallur y Mallén).

Peor parada sale la N-II, para la que solo se contemplan 2,4 millones de euros para los tramos Bujaraloz-Candasnos; Candasnos-Fraga y la conexión con la AP-2 en Pina de Ebro.

Liberalización de la AP-2

El avance en el desdoblamiento de la N-II es mínimo, y la DGA desconoce, aún, qué ocurrirá con la AP-2 a partir de 2021, cuando finaliza la concesión administrativa de la autopista, más allá de que Fomento ha descartado prorrogar la autorización. El problema está en el coste de mantenimiento de la vía, que en el caso del tramo aragonés comprendido entre Alfajarín y Fraga rondaría los 17 millones de euros, lo que abre la puerta a que el Estado estudie la implantación de peajes blandos.