1.400 aragoneses se unen en demandas colectivas para ganar fuerza y ahorrar costes

Las demandas colectivas siguen ganando adhesiones en Aragón a pesar de que la mayoría de las causas que las iniciaron llevan ya varios años dando vueltas por los juzgados. La posibilidad de hacer presión al sumarse a un objetivo común y el ahorro que conlleva para los afectados a la hora de pagar los costosos gastos del pleito y las tasas que conllevaría una intentona en solitario ha hecho que en la actualidad ya sean más de 1.400 las personas que se han adherido a procesos de forma conjunta contra bancos o la estafa piramidal de Forum-Afinsa, según los datos que maneja la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de Aragón (Aicar-Adicae), la principal promotora de estos procedimientos en la Comunidad, una cifra a la que habría que sumar las de las demandas de otras asociaciones y organismos particulares.

Entre las causas que concentran a estos afectados, la que sigue ganando más implicados día tras días son las demandas contra la cláusula suelo, artículo hipotecario que impide beneficiarse de la bajada del Euribor, y que solo en Aragón según los datos de las asociaciones implicadas perjudica a unas 90.000 personas. En lo que va de año, 150 personas se han añadido a la demanda colectiva de Aicar que en total agrupa a unos 460 aragoneses, en muchos casos ahogados económicamente precisamente por culpa de sus hipotecas. “Al ser procesos muy largos y contra entidades muy potentes, la gente que se une en demandas colectivas consigue ahorrarse parte de los gastos, además de evitar las tasas judiciales, y con la presión del grupo es más fácil a veces llegar a un acuerdo con las entidades”, explica Eduardo Pastor, coordinador de Aicar-Adicae.

Y es que, si a los costes habituales de un proceso se le suman las tasas judiciales puestas en marcha desde mediados de 2012 -que por ejemplo, en una demanda sobre cláusulas suelo no bajan de los 300 euros- el resultado es que en muchas ocasiones los afectados no pueden o al menos se plantean dos veces entrar en litigios que se pueden hacer muy largos. Sin ir más lejos, el caso de la estafa de Forum-Afinsa que puso el foco sobre esta nueva forma de justicia colectiva cerró a mediados de año la instrucción tras casi 8 años de investigación, y solo hace unas semanas comenzaron las primeras condenas y procesamientos de los responsables.

En torno al fraude piramidal de Forum Filatélico, que en Aragón hizo desaparecer casi 100 millones de euros invertidos por unas 8.000 familias, se encuentran actualmente vinculados en demandas colectivas 600 afectados. Un mecanismo que junto con la presión social de las movilizaciones consiguió que el Parlamento aragonés fuera el primero en aprobar una moción conjunta de apoyo a los afectados, instando al Gobierno central a la búsqueda de una solución para estos pequeños ahorradores que les permita avanzar, “a la mayor brevedad posible”, hacia la finalización de sus respectivos procesos judiciales, apoyo político que tras el precedente aragonés se ha extendido ya a otras 14 autonomías. Las últimas de ellas, Madrid y el País Vasco, lo hacían el pasado 16 de octubre y este pasado jueves varias marchas en distintas capitales autonómicas -entre ellas Zaragoza- pidieron de nuevo al Gobierno Central que agilizara el proceso para poder percibir las cantidades que les fueron estafadas.Falta de criterio a la hora de establecer las tasas

Sin embargo, no todo son buenas noticias y beneficios para los afectados que se deciden a dar el paso de iniciar pleitos de forma conjunta. Debido a la falta de recursos de los juzgados y la escasa tradición que tienen estos proceso en España los demandantes se encuentran en algunas ocasiones con que sus causas se ralentizan aún más debido a la amplitud de los expedientes. Así, se da el caso de que ya han sido varias las demandas individuales que han prosperado, mientras que la mayor parte de las colectivas -que en Aragón agrupan a otras 370 personas solo en el ámbito de las preferentes- siguen pendientes de resolución.

Al hilo de esto y de las últimas sentencias favorables que se están dando a preferentistas que demandaron a las cajas de ahorro de forma individual, el presidente de Adicae, Manuel Pardos, solicitó en una jornadas sobre justicia colectiva celebradas a primeros de mes que se establecieran “más medios y jueces de apoyo para las demandas colectivas” ante la dificultad de la Justicia española para dar salida a estos asuntos. Un “colapso” que quedó patente en el último informe del Consejo General del Poder Judicial, que dictaminó que hasta una treintena de juzgados aragoneses tenían una carga superior al 150% de lo normal.

Pero en el horizonte de estos procesos judiciales se encuentra además otro importante aspecto que hasta ahora, solo depende del criterio del juez. Las aplicación de las tasas judiciales sigue aún a día de hoy sin reflejar de forma clara qué hacer ante las demandas colectivas, diatriba que ha llegado a producir que en casos excepcionales -el primero de ellos se produjo en Galicia- un juzgado reclamara el importe de la tasa a cada uno de los implicados, cuando para las asociaciones que los agrupan el criterio tendría que ser el de pagar una única tasa por demanda. “La Justicia española está asentada sobre el principio de un reclamante y un reclamado, sin estar preparadas para casos en los que una de las partes interesadas puede representar a todo un colectivo”, explican desde Aicar-Adicae, donde creen que es necesaria una adaptación de los procesos a las nuevas situaciones, tal y como se está incentivando a nivel europeo, mientras esperan que poco a poco vayan apareciendo sentencias que sienten precedente y así se clarifique la situación de los miles de afectados.