La transparencia de las administraciones públicas se ha convertido en una exigencia desde que estalló la crisis económica. Desde la Corona hasta los grandes ayuntamientos pasando por el Gobierno central: la transparencia de todas estas instituciones ha sido regulada para acercar sus cuentas a los ciudadanos. Sin embargo, algunas administraciones aún no se han concienciado de la importancia de estos mecanismos.

Según los datos del Tribunal de Cuentas, hasta 181 ayuntamientos aragoneses (29 en Huesca, 81 en Teruel y 71 en Zaragoza) han incumplido su deber de enviar las cuentas de 2012 a este órgano fiscalizador. Estos ayuntamientos han tenido casi cinco meses para remitir la documentación a través de una plataforma online. El plazo finalizó el pasado 15 de octubre y el Tribunal estima que este ha sido incumplido por el 27,3% de los consistorios de Aragón.

La mayoría de estos ayuntamientos no superan los 500 habitantes (algunos incluso tienen menos de medio centenar de vecinos) aunque también hay poblaciones de mayor tamaño como Teruel, o los municipios de Zuera, Pina de Ebro o Tamarite de Litera.

Fuentes del Tribunal de Cuentas han explicado que la ley regula una serie de sanciones “meramente coercitivas” para los ayuntamientos que obvien su deber de enviar las cuentas dentro de plazo. Entre esta sanciones figura el pago de una multa de 300 euros.

“Hace tiempo que hemos solicitado al Parlamento que actualice estas sanciones, pero aún estamos esperando una respuesta”, han señalado las mismas fuentes. Además de a una multa económica, los ayuntamientos incumplidores se exponen a una fiscalización más específica de sus presupuestos.

El Tribunal de Cuentas es un órgano establecido por la Constitución y regulado por la ley orgánica 2/1982, de 12 de mayo. Las dos funciones principales que tiene atribuidas son la fiscalizadora, “que pretende determinar si la actividad económico-financiera de la Entidad local respeta los principios de legalidad, eficiencia y economía”, según el propio Tribunal; y la jurisdiccional, “que supone el enjuiciamiento de la posible responsabilidad contable en que pueden incurrir los que tienen a su cargo el manejo de fondos públicos”.

Además del control a posteriori de este órgano fiscalizador, las entidades locales están obligadas a enviar las liquidaciones de sus presupuestos al Ministerio de Hacienda, según lo establecido en la Ley de Economía Sostenible. Las sanciones por no respetar esta norma son mucho más serias, por ejemplo, la congelación de los ingresos derivados de la recaudación de impuestos municipales o la intervención de las cuentas municipales, tal y como figura en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

Evolución positiva

A pesar de que el número de ayuntamientos aragoneses incumplidores es abultado, es cierto que desde 2010 ha aumentado la conciencia de los consistorios en este sentido. En 2011, solo el 34,9% de los ayuntamientos presentó las cuentas dentro de plazo. Un año más tarde, ese porcentaje subió hasta situarse en el 47,1%, mientras que este año han cumplido el plazo el 69% de estas entidades locales.

Además, Aragón es una de las CC.AA. con menor porcentaje de ayuntamientos que no cumplen los plazos. Este año, a la cabeza de las autonomías incumplidoras, se sitúa Andalucía. Solo el 14,3% de los consistorios andaluces han presentado las cuentas del año pasado. Le sigue de lejos Cataluña, con un 25,6% de las cuentas rendidas y Madrid, con un porcentaje del 40,3%.