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Política

Transparencia pública, la 'moda' que llegó para quedarse

Esta legislatura no pocas instituciones han publicado, por voluntad casi propia, datos privados de sus miembros y de su funcionamiento. Algo novedoso en España hasta ahora, pero no suficiente.

El Gobierno de la ciudad de Zaragoza
La transparencia, un caballo de batalla de la política española al que aún le queda camino
FELIX BERNAD

De pronto un día, las Cortes Generales, las comunidades autónomas y los ayuntamientos comenzaron a publicar datos sobre contratos, sueldos y propiedades. Nadie sabe muy bien cómo empezó la fiebre por la transparencia de las administraciones públicas españolas, pero todos coinciden en alabar los pasos dados (aunque es común afirmar que llegan tarde) y en señalar que aún queda mucho por avanzar.

La palabra transparencia empezó a sonar entre los miembros del poder ejecutivo allá por 2004. El 15 de abril de ese año, José Luis Rodríguez Zapatero pronunciaba en el Congreso de los Diputados su primer discurso de investidura. “Avanzaremos claramente en la transparencia del ejercicio del poder público, garantizaremos la información veraz a que tienen derecho los ciudadanos e incrementaremos las posibilidades de control social de la acción del Gobierno”, dijo entonces el socialista.

Más de siete años más tarde, cuando el 29 de julio de 2011 comunicó el adelanto electoral, la llamada Ley de Transparencia y Acceso a la información pública fue uno de los proyectos legislativos que se quedó en el tintero.

Casi un año después de ese anuncio, el Consejo de Ministros del Gobierno que dirige Mariano Rajoy aprobó el proyecto de ley de Transparencia, Acceso a la información pública y Buen Gobierno, al que los ciudadanos pudieron contribuir.

Pero para entonces, la transparencia ya se había dejado caer por algunas instituciones. En julio de 2011, las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado aprobaron las nuevas normas sobre declaraciones de bienes y rentas de diputados y senadores. Todos los parlamentarios quedaban obligados a hacer públicas sus propiedades, ingresos, créditos y deudas.

Las primeras declaraciones de bienes e ingresos llegaron en septiembre de 2011. Los 'pioneros' fueron los diputados y senadores de la IX Legislatura. Unos meses más tarde, elecciones generales mediante, el Congreso y Senado se 'renovaban' y con ellos las declaraciones de bienes e ingresos.

La transparencia en Aragón

Las administraciones públicas aragonesas también se han dejado contagiar por la transparencia. La Diputación General de Aragón (DGA) y varios ayuntamientos, como el de Zaragoza, han publicado numerosos datos que hasta ahora no estaban a disposición de los ciudadanos.

El camino hacia la transparencia de la DGA ha sido paulatino. El Gobierno presidido por Luisa Fernanda Rudi creó en la web institucional del Ejecutivo un canal en el que poco a poco se han ido integrando datos relativos a la gestión de la Administración aragonesa.

Se puede encontrar desde documentos tan técnicos como las Relaciones de Puestos de Trabajo de la DGA y sus organismos hasta el inventario de propiedades (inmuebles y vehículos) de la Diputación General de Aragón pasando por los contratos, las subvenciones y las liquidaciones presupuestarias de los últimos cinco años.

Las Cortes de Aragón también apostaron por la transparencia el pasado mes de marzo. Tras arduos debates sobre los datos a publicar y su forma, las Cortes abrieron un apartado en su web en el que daban cuenta del régimen económico de los diputados, las subvenciones que daba la Cámara y los contratos adjudicados por esta, entre otros muchos datos.

Por lo que respecta al Ayuntamiento de Zaragoza, este puede presumir de ser el primero de las grandes ciudades españolas en dar el visto bueno a una normativa de transparencia. La sección 'Gobierno abierto' de la web del Consistorio se inauguró en enero de 2013 y en ella se han ido añadiendo datos relativos a la gestión del Consistorio y al personal municipal. 

Uno de los últimos pasos registrados en este campo en Aragón es el que dio el Ayuntamiento de la capital aragonesa hace unas semanas, cuando publicó las declaraciones de la renta y las nóminas de los concejales del Consistorio. De momento, solo figuran en la web municipal las declaraciones y nóminas de Juan Alberto Belloch, Fernando Gimeno y Lola Ranera.

Fuentes municipales han explicado que el proceso iniciado por el alcalde y los dos consejeros es voluntario y que no existen plazos establecidos para que el resto de la Corporación se sume. Añadieron, no obstante, que la voluntad de hacerlo es clara. De hecho, algunos concejales, como los de CHA, lo han hecho a través de páginas web externas al Ayuntamiento. Según añadieron las fuentes del Consistorio, también hay disposición a realizar el cambio normativo en el Reglamento municipal que permita la publicación del patrimonio de alcalde y concejales.

La ley zaragozana de Transparencia se encuentra en proceso de alegaciones y se debatirá en pleno en junio.

Alejar la sombra de la corrupción

No hay duda de que en el momento actual, los niveles de desconfianza de la ciudadanía hacia la clase política está en niveles máximos. Y los últimos casos de corrupción que han visto la luz (la trama Gürtel o los papeles de Bárcenas) desde luego han empeorado esta percepción, aunque los políticos han hecho lo imposible por desterrar las dudas.

El presidente del Gobierno y otros políticos del PP, incluidos los del PP-Aragón, publicaron sus declaraciones de la renta y de bienes cuando el caso Bárcenas ocupaba todas las portadas. Desde entonces (febrero de 2013), Alfredo Pérez Rubalcaba, líder del PSOE, se resiste a hacer públicas sus declaraciones de la Renta (sus bienes e ingresos están en la web de Congreso). Hace unos días comentó que su voluntad era publicar estos datos, pero que aún no lo había hecho porque le faltaba un formulario.

A pesar de la aparente buena acogida de la transparencia por las instituciones y los políticos, lo cierto es que el trámite de la ley de Transparencia, Acceso a la información pública y Buen Gobierno está lejos de ser un camino de rosas. De hecho, entre las últimas noticias sobre su trámite parlamentario figuran la decena de enmiendas a la totalidad que se han presentado y la negativa del PSOE a apoyar el texto legislativo si no incluye a la Iglesia. 

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