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Aragón

Los aragoneses buscan el amparo del TC a través del Defensor del Pueblo

La institución registró 10.000 peticiones que solicitaban la interposición de un recursos de inconstitucionalidad a las leyes de reforma educativa y laboral.

M. Tragacete. Zaragoza Actualizada 11/06/2013 a las 17:37
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Los aragoneses se quejaron más que nunca ante el Defensor del Pueblo en 2012. Las peticiones para que la institución interpusiera recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) se multiplicaron por 142,5 con respecto a las cifras registradas en 2011. Fueron las leyes educativas y las laborales las que centraron las quejas de los aragoneses: del total de 10.258 peticiones registradas, 10.120 hacían referencia a Educación y Cultura o a Empleo.

“El incremento de quejas y de solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad refleja la situación de una sociedad afectada por una crisis económica que ha derivado en recortes en todos los ámbitos”, sostiene en un informe la institución que actualmente ocupa Soledad Becerril.

A nivel nacional, las peticiones para interponer un recurso ante el TC pasaron de 2.455 en 2011 a 246.743 en 2012. Por su parte, las quejas sobre servicios de la Administración y otros ámbitos de la vida pública y social formuladas en 2011 ascendieron a 21.420, una cifra que creció algo más del 50% en 2012, cuando se registraron 33.478 quejas.

En Aragón, también se reflejó la tendencia nacional. En 2012 se registraron casi 300 quejas más que un año antes. La memoria del Defensor del Pueblo 2012 incluye una de estas quejas a modo de ejemplo. Se trata de una reclamación a un centro educativo que obligaba a una alumna con agorafobia (miedo a los espacios abiertos) a realizar un examen presencial. Aunque no se apreció irregularidad administrativa, dice la institución, se consideró que se podrían haber contemplado algunas fórmulas de examen compatibles con la enfermedad de la chica.

Pero el aumento de peticiones de los aragoneses al Defensor del Pueblo se reflejó en el capítulo de petición de recursos de inconstitucionalidad, que ascendieron a 10.258. De las seis categorías de clasificación establecidas por la institución (seguridad y justicia; economía y hacienda; migraciones e igualdad de trato; medioambiente y urbanismo; sanidad y política social y empleo, educación y cultura), el 98,6% se incluyeron en el apartado educativo y laboral.

Además de las peticiones directas de los ciudadanos, a la oficina que dirige Soledad Becerril llegaron quejas y recursos desde el Justicia de Aragón. Se remitieron un total de 192 quejas y cuatro peticiones de recurso de inconstitucionalidad, unas cifras muy similares a las de 2011.

Con el Defensor, más fácil

El Defensor del Pueblo es una de las instituciones del Estado facultadas para interponer un recurso de inconstitucionalidad sobre leyes estatales y autonómicas. También pueden presentar estos recursos el presidente del Gobierno, 50 diputados o senadores y los Ejecutivos y Asambleas de las CC. AA., unos cauces que son más formales (y por lo tanto más inaccesibles) para los ciudadanos.

Las vías para hacer llegar una petición al Defensor del Pueblo son múltiples y sencillas. Desde un correo electrónico hasta un mensaje en un contestador automático pasando por un formulario web o una carta. Cualquiera de estos cauces es totalmente válido para hacerse oír.

El 99% de las peticiones de recurso de inconstitucionalidad se registraron a través de la web. Una herramienta habilitada desde el año 2010 y que en 2012, sin duda, vivió su gran año. A través de este formulario se presentaron en 2012 un total de 244.514, 115 veces más que en 2011.

Fuentes del Defensor del Pueblo han explicado que todas las peticiones que les llegan son analizadas. El proceso se alarga en el tiempo porque está sujeto a unos plazos administrativos, pero el ciudadano que se ha quejado siempre es informado de las novedades que se derivan del trámite.

En la mayoría de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos la institución consideró que algunas de las normas cuestionadas manifestaban no tanto problemas de constitucionalidad como de legalidad ordinaria. Así, se decidió formular recomendaciones a las administraciones competentes. Es el caso, por ejemplo, de la recomendación sobre la paga extra de los funcionarios o sobre los desahucios.




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