Los okupas truncan el sueño de una aragonesa en Cádiz: "Les oí planificar cómo matarme”
Cristina se ha visto obligada a volver a Zaragoza y renunciar a su sueño vital y profesional. "Tenía miedo y estaba psicológicamente machacada", confiesa.
Como ocurre con la lotería, un problema como el de los okupas no le toca a todo el mundo. “Pero si te toca, te puede cambiar por completo la vida. En mi caso, hasta el punto de sentir que podía perderla”, confiesa Cristina, nombre con el que “por miedo” prefiere ocultar su identidad esta aragonesa. A sus 48 años, acaba de renunciar a su “proyecto vital y laboral” en Chipiona (Cádiz) para empezar otra vez de cero en Zaragoza, su ciudad natal. “No podía más. He peleado mucho, pero me siento machada psicológicamente y necesitaba poner kilómetros de por medio”, asegura.
A María no se le colaron en casa los okupas. Pero nadie le advirtió que el dúplex que estaba comprando en la localidad gaditana tenía unos vecinos singulares. En concreto, unos okupas que se encargaron de convertir su nueva vida en un auténtico calvario desde el primer día. “Vendí mi piso en el Casco Histórico de Zaragoza para comprar allí un casa que me permitiera vivir y trabajar, tanto online como de forma presencial. Quería hacer realidad mi sueño”, cuenta. Como instructora de mindfulness y experta en programación neurolingüistica, escritura terapéutica y desarrollo personal, había trabajado siempre para empresas. Y por fin se había atrevido a dar el paso y “volar sola”. Pero el suyo ha sido un aterrizaje forzoso, porque apenas año y medio después Cristina se ha visto obligada a renunciar al mar e instalarse en un cuarto de cinco metros cuadrados que le ha dejado su tía en la capital aragonesa.
“He tenido que aprender a convivir con el ruido, porque me ponían la música a tope desde el punto de la mañana hasta el punto de la noche. Tenía que trabajar encerrada en el vestidor, en pleno verano y en Cádiz. Pero es que después llegaron los gritos, los insultos y las amenazas, incluso de muerte. Querían hacerme la vida imposible, porque era la única que les pedía que respetaran las normas. Y aunque he conseguido que los condenen, que les retiren los informes de vulnerabilidad y que ordenen el lanzamiento de las dos casas que ocupaban, han logrado obligarme a renunciar a mi proyecto y marcharme de Cádiz”, se lamenta la zaragozana.
Cristina plantó cara al problema de los okupas, al que ha puesto “ojos y cara” en carne propia. “Siempre he creído en la solidaridad entre las personas, pero aquí he confirmado que hay auténticas mafias de la okupación. Gente que exprime las bondades del sistema hasta pervertirlo. Porque para garantizar los derechos de estos supuestos vulnerables he tenido que renunciar a los míos. Incluida mi libertad”, dice. “Dan la patada en la puerta y se meten en viviendas vacías, casi siempre de los bancos. Consiguen que los servicios sociales les hagan un informe de vulnerabilidad y los dueños están obligados a hacerles un alquiler social. Pero lo bueno es que luego trapichean con las casas y se las van pasando de unos a otros”, resume esta mujer, poniendo de manifiesto las “grietas” del sistema.
Tuvo que contratar una ‘app’ con botón del pánico y GPS
Cansada de acudir al cuartel de la Guardia Civil -“cada vez que iba los propios guardias me aconsejaban que hiciera la comparecencia pero no denunciara para evitar más problemas” y de pedir ayuda al Ayuntamiento de Chipiona -“no entendía cómo hacían informes favorables a los okupas”-, el día que estuvieron a punto de agredirla Cristina optó por acudir a la vía penal. “El día que les llegó mi denuncia les oí planificar cómo iban a entrar en mi casa. Decían que me iban a reventar, que querían matarme”, recuerda la aragonesa. “Tuve mucho miedo, porque sabía que además de okupas eran personas vinculadas con las drogas y habían estado en la cárcel”, explica. Por ello, a partir de entonces, Cristina se vio obligada a cambiar sus hábitos. “Esa misma tarde contraté un servicio de alarma con una aplicación que incluía botón del pánico y seguimiento GPS”, recuerda.
Cuando consiguió que condenaran por amenazas a una de las mujeres que tenía como vecinas recuperó “algo de fuerzas”. Con esa sentencia logró que el Ayuntamiento retirara el informe de vulnerabilidad a los okupas y que el banco les cancelara el alquiler social. Aún así, Cristina se siente tan “cansada y derrotada” que ha optado por volver a su ciudad. “He podido alquilar la casa. Pero dejando claro a los inquilinos el problema que había con esta gente, porque yo no quería engañar a nadie como me engañaron a mí. Y he tenido que bajar bastante el precio, claro”, dice. Ahora, confía en que el segundo lanzamiento se ejecute pronto para poder intentar vender su sueño gaditano.
Cristina confiesa que para ella fue “fundamental” encontrar el apoyo de una plataforma antiokupación, por lo que recomienda a los posibles afectados que busquen esa ayuda. En Zaragoza, hace ya más de tres años que el Ayuntamiento abrió un servicio de asesoría jurídica con el que se puede contactar a través del número de teléfono 650 662 430 en horario de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00, de lunes a viernes, o por correo electrónico escribiendo a la dirección consultasocupacionilegal@reicaz.es. El Gobierno de Aragón tiene previsto abrir también una oficina de atención a afectados antes del verano.
