La Audiencia Provincial de Zaragoza ha absuelto de los delitos de estafa y falsedad y pertenencia a grupo criminal a Antonio Luis Aguilera Sánchez y a sus cuatro presuntos testaferros por falta de una acusación válida. En concreto, porque durante la instrucción de la causa no se tomó declaración a los cinco investigados antes de que transcurriera el plazo legal de seis meses.

El juzgado encargado del caso declaró posteriormente la causa como ‘compleja’, lo que hubiera permitido ampliar el plazo a doce meses. Pero como se hizo transcurrido ese periodo -la Fiscalía lo planteó a los siete meses- y, además, en ese medio año el juzgado no acordó oír en declaración a los cinco sospechosos, el tribunal de la Sección Primera considera que no cabe otra cosa que anular la causa y absolverlos.

La Audiencia explica que en casos como este en que no se ha tomado declaración a los investigados en el plazo de instrucción previsto legalmente es de aplicación el criterio sentado por el Tribunal Supremo según el cual el límite fijado para practicar diligencias debe ser observado en el ejercicio de la función jurisdiccional y "no hay cabida a la subsanación de ese trámite infranqueable".

De esta forma, el "exceso y superación del plazo sin prórroga acordada determina la nulidad de las diligencias llevadas a cabo y todo lo que de ello se deriva, hasta la apertura de un juicio oral, incluso, como aquí ha ocurrido", recoge la sentencia. 

Antonio Luis Aguilera Sánchez, junto con Joaquín D. V., Juan D. C., Marta D. G. (familiares entre sí) y Carla L. T., se sentaron en el banquillo acusados por presuntos delitos continuados de estafa y falsedad en documento mercantil y pertenencia a grupo criminal. La Fiscalía y la empresa perjudicada pidieron para el cabecilla 8 años de cárcel –6 por estafa y 2 por grupo criminal– mientras que para el resto solicitaron 5 años de prisión para cada uno.

Las acusaciones mantenían que Aguilera había extendido cuatro pagarés falsos a nombre de una empresa madrileña -Frutas Asturias S. L.- con la que no tenía relación y luego los testaferros los cobraron en una entidad bancaria de Zaragoza en Alicante, a la que ocasionaron un perjuicio de 70.270 euros. Los pagarés habían sido falsificados simulando el sello y la firma de la empresa y el banco los dio por buenos e ingresó el dinero en las cuentas de los acusados.

El pasado 5 de febrero, en los momentos previos a la vista oral, el Ministerio Público y los abogados de los encausados llegaron a hablar unos minutos sobre un acuerdo que resultaba bastante ventajoso para ellos, pero finalmente no accedieron y prefirieron celebrar el juicio, sobre todo, porque tenían previsto plantear una cuestión de nulidad y otra de inhibición a favor de la Audiencia Nacional y confiaban en sus posibilidades de sacarlas adelante. Así ha sido con la de nulidad, que expuso la abogada de Carla L. T., Marina Grande, a la que se adhirió el resto de letrados: Ana Magrazó, Chabier Mallor y María del Carmen Olona y Jacinto Romera.

Este último, en representación de Aguilera, pidió al tribunal la suspensión del juicio y la inhibición a favor de la Audiencia Nacional para unir la causa de Zaragoza a la que instruye el Juzgado Central de Instrucción número 2. Su titular, Ismael Moreno, investiga la conocida como Operación Titella (títere en catalán), en la que están imputadas 54 personas, entre ellas el propio Antonio Luis Aguilera y el ventrílocuo y productor de televisión José Luis Moreno.

La Policía y la Guardia Civil señaló a ambos como los presuntos cabecillas de una organización criminal que desde 2018 se habría dedicado a "estafar a entidades bancarias e inversores privados, por un lado, y a la falsificación de efectos bancarios como cheques y pagarés y al blanqueo de capitales" usando para ello un entramado empresarial de 700 sociedades mercantiles. El monto superaría con creces los 50 millones de euros.

Las investigaciones se iniciaron a partir de la denuncia de una entidad bancaria en 2018 después de no haberle sido devuelto el importe de un préstamo. Los agentes, con orden judicial, estuvieron durante meses con escuchas telefónicas que habrían constatado el papel clave en la trama del creador de ‘Aquí no hay quien viva’ y ‘La que se avecina’.

El ‘modus operandi’, según informaron entonces fuentes policiales, comenzaría con la petición de créditos, mayoritariamente bancarios pero también privados y, en los últimos tiempos, de líneas ICO.

Según la investigación, el productor era el rostro conocido que funcionaba como garantía en las negociaciones gracias a sus numerosos éxitos profesionales. Los fondos, que se concedían a unas sociedades, eran transmitidos a otras compañías instrumentales, quedando las primeras en situación de insolvencia. Una vez descapitalizadas las titulares, los créditos no se devolvían jamás y el dinero desaparecía en un entramado societario con ramas en Suiza, Panamá o Islas Maldivas. Al parecer, los últimos movimientos indican que estaban trabajando para la creación de un banco en Malta desde el que continuar gestionando el dinero.

En la actualidad, José Luis Moreno está en libertad provisional con una fianza de 3 millones de euros que presentó con avales hipotecarias. El juez Ismael Moreno le prohibió salir de España y le retiró el pasaporte como medidas cautelares y le obliga a comparecer semanalmente en un juzgado.