Los funcionarios de Justicia reclaman en Zaragoza retribuciones "justas"
Han pedido a los Tribunales Superiores de Justicia de cada comunidad que medien en el conflicto
Los funcionarios de Justicia de Zaragoza, en huelga indefinida desde el 22 de mayo, han vuelto a exigir en la calle unas “funciones claras” y unas “retribuciones justas” y una Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa “sin trampas”. Los empleados públicos, como en el resto de España, se han movilizado el mismo día que han pedido un procedimiento formal de mediación al Ministerio que dirige Pilar Llop que permita solucionar el conflicto.
Los manifestantes han recorrido las calles de la ciudad para poner de manifiesto la “injusticia” que comete el Gobierno con los 1.300 empleados públicos que integran este colectivo en Aragón por “pagar a otros” por funciones que llevan a cabo ellos. En concreto, se refieren a los acuerdos alcanzados con los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y con jueces y fiscales de subirles las retribuciones entre 350 y 450 euros al mes. Mientras, el grueso del colectivo, 45.000 en toda España, se ha quedado al margen de estas subidas que califican de "clasistas" y "discriminatorias".
Las movilizaciones de los empleados públicos, y antes las de los LAJ, han tenido importantes afecciones en el funcionamiento de los tribunales. Los abogados y procuradores salieron también a la calle el pasado jueves para pedir al Ministerio que acabe con esta conflictividad por el bien del ciudadano y abogaron por que las fuerzas políticas firmen un pacto de Estado por la Justicia. Los presidentes de los Tribunales Superiores, en su reunión anual, plantearon en sus conclusiones su "preocupación" por la situación.
Los sindicatos convocantes de la huelga –CC. OO., CSIF, UGT y STAJ– han solicitado formalmente que se abra un procedimiento de mediación y arbitraje por parte de los Tribunales Superiores de cada comunicad para tratar de solucionar el conflicto.
Los representantes sindicales han presentado sendos escritos en los Ministerios de Justicia y de Hacienda y Función Pública en los que reiteran su «voluntad de negociación» y, «ante la negativa del Gobierno de dar salida al conflicto», reclaman dicha mediación, prevista por el Estatuto Básico del Empleado Público y de obligado cumplimiento si lo solicita una de las partes, según recuerdan.
