El Gobierno de Aragón promete más de 300 millones para su nuevo plan de vivienda
El Ejecutivo PP-Vox evita dar el número de pisos públicos que impulsaría, aunque dice que los primeros saldrían adelante antes del verano.
El plan Aragón más vivienda, uno de los proyectos estrella del Gobierno del presidente Jorge Azcón, quiere movilizar más de 300 millones de euros hasta 2030, de los que 120 saldrían de las cuentas autonómicas. Esta es la previsión con que la que trabaja el Ejecutivo PP-Vox, que estima que la construcción de las nuevas viviendas públicas de alquiler y de compra permitirá crear unos 6.000 empleos durante los seis años de vigencia del programa.
Azcón, acompañado por el vicepresidente, Alejandro Nolasco, y por el consejero de Fomento, Octavio López, ha presentado su proyecto este martes en el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA). Solo aportaron las líneas generales del plan, a la espera de que el Gobierno autonómico decida dar más datos. No se conoce el número de viviendas ni su ubicación y tampoco se aclararon las ayudas, el cronograma de actuaciones o se concretaron las modificaciones legislativas que se van a poner en marcha.
El presidente se ha limitado a decir que antes de este verano podrían salir a concurso los primeros bloques de vivienda pública, aunque sin cuantificar ni explicar las condiciones o el lugar. Ha argumentado que hay 16.000 jóvenes que quieren emanciparse y no pueden, sin especificar si ese será el número final de viviendas. “La necesidad del plan es incuestionable”, ha dicho.
Azcón ha explicado que, además de los 120 millones que aportaría Aragón, se cuenta con 107 procedentes de fondos europeos y 73 del Estado, a través del plan estatal de vivienda. Ha hecho hincapié en que este proyecto se llevará a cabo de la mano de los ayuntamientos y ha destacado que se prevén ayudas directas a la compra y planes específicos para dotar de casa a los trabajadores de las zonas turísticas del Pirineo, así como recuperar inmuebles abandonados en el medio rural, proyectos todos estos todavía por desarrollar.
"Hay una emergencia social"
Por su parte, Octavio López, que ha hablado de una situación “de emergencia social”, ha detallado los distintos instrumentos estratégicos del proyecto. Ha explicado que planteará una nueva ley de vivienda que entre en vigor 2025, que afectará tanto a las zonas tensionadas como al problema de la okupación.
Además ha anunciado la tramitación de la directriz especial de ordenación territorial, que permitirá destinar a vivienda pública los suelos dotacionales infrautilizados. Es el único aspecto conocido de este plan hasta ahora, dado que el Gobierno ya destacó que plantea la construcción de unos 2.000 pisos en terrenos previstos para equipamientos públicos pero que en la actualidad no tienen uso.
Por otro lado, se va a poner en marcha un plan de fomento de la vivienda protegida, dotada con 9 millones de euros, que prevé cambios en los módulos para que a los promotores les resulte más atractivo invertir en esta tipología residencial. “Ayudaremos a que los promotores y constructores vuelvan a apostar por la vivienda protegida sin miedo a quedarse atrapados en operaciones de escasa o nula rentabilidad, cuando no de pérdidas”, ha afirmado.
Ha anunciado ayudas directas a la adquisición de la vivienda protegida, con 22,5 millones de euros. Se primará a los jóvenes, discapacitados, familias monoparentales y numerosas y vulnerables. “Algunos apuestan por avalar, nosotros por ayudar directamente a quien lo necesita”, ha señalado López.
También ha anunciado un plan de mejora y captación de suelo en los 39 municipios de más de 3.000 habitantes, dotado con 6 millones. En este caso, el programa girará en torno a la captación de suelo con colaboración público-privada para construir vivienda pública en régimen de alquiler.
Para los municipios de menos de 3.000 habitantes, el objetivo es regenerar los cascos urbanos a través de la construcción y rehabilitación de viviendas. En este caso , la inversión prevista sería de 52,5 millones de euros.
“Son los pequeños núcleos urbanos, salpicados de casas vacías y abandonadas fruto de herencias. ¿En qué pueblo de Aragón no hay una calle mayor con tres, cuatro o cinco viviendas cerradas, derruidas y abandonadas”, ha explicado. Según López, será la sociedad Suelo y Vivienda de Aragón la que se encargará de los trámites con la participación de la Consejería de Despoblación, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos.
Entre los instrumentos de gestión, ha citado las concesiones demaniales, las concesiones patrimoniales, la promoción directa de Suelo y Vivienda de Aragón, las ayudas a los ayuntamientos y los convenios con las tres capitales. En este sentido, la DGA ya anunció para octubre proyectos en Zaragoza para 665 viviendas de alquiler. López ha dicho que “47.000 jóvenes aragoneses están resignados a seguir viviendo con sus progenitores”. “No podemos ponernos de perfil ante una realidad apabullante”, ha añadido.
Durante su intervención, Azcón ha sido muy crítico con la gestión de Javier Lambán en materia de vivienda. De hecho, ha dicho que los ejecutivos liderados por el PSOE impulsaron 86 viviendas en ocho años “y un tercio de ellas están todavía en fase de construcción”. “Oímos que se iban a construir 20.000 viviendas en 20 años, a mil por año, pero la realidad es que fueron 86”, ha lamentado.
