En plena polémica por la gestión de la sequía y tras la propuesta de un trasvase a Cataluña, Junts solicitó este martes al Gobierno central la transferencia «plena» de las competencias hídricas de las cuencas en territorio catalán que ahora están en manos de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). La representante independentista en la comisión de Transición Ecológica en el Congreso, Pilar Calvo, se mostró confiada en que la «nueva aritmética» parlamentaria haga realidad esta reivindicación. La ministra del ramo, Teresa Ribera, respondió que «no es viable» esta transferencia, tal y como estableció el Tribunal Constitucional hace unos años respecto a una petición similar sobre el río Guadalquivir, y pidió «huir de populismos hídricos» y «trabajar codo con codo» para dar respuesta a la actual escasez de caudales.

«Junts siempre ha tenido el objetivo de mejorar las competencias, a lo mejor ahora con mejores expectativas ya que tenemos una aritmética diferente», comenzó su intervención Calvo. La diputada independentista trasladó a la ministra el acuerdo del Parlament por el cual Cataluña reclama al Gobierno central la gestión de las cuencas en territorio catalán que ahora controla la CHE, y pidió un trato diferenciado.

«Las necesidades específicas del Ebro no son las mismas para las distintas comunidades autónomas, y por tanto las medidas de la CHE deberían responder de forma específica a cada territorio», argumentó. «Desde Junts –añadió–, solicitamos el traspaso de la gestión hídrica de la cuenca del Ebro dentro del territorio de Cataluña y del resto de cuencas interiores, con los recursos económicos necesarios».

«En esta sequía, la CHE no nos ha escuchado», denunció Calvo, que igualmente reclamó el «traspaso» del plan de protección del Delta y de las competencias para la protección del litoral.

La ministra, que en todo momento mostró la disposición del Gobierno central para ayudar a las autonomías en apuros por la sequía, rechazó por contra esta reivindicación. «En 2011, el Tribunal Constitucional anuló la transferencia del Guadalquivir a Andalucía y confirmó que las cuencas hidrográficas que discurren por más de una comunidad son competencia del Estado», recordó.

«No es posible trabajar en la hipótesis de la transferencia de un tramo del Ebro, un río que discurre por varias comunidades», dijo. «Nos consta que han hecho declaraciones al respecto en el Parlamento catalán pero no será viable», reiteró. Por este y otros motivos, Ribera pidió «huir de los populismos hídricos» y «trabajar codo con codo» entre las administraciones para atajar la sequía.

La ministra defendió que existe una «planificación solvente» que permite gestionar el agua y «hacer frente a las situaciones más preocupantes gracias a la eficiencia, la digitalización y los recursos no convencionales». Achacó los crecientes episodios de sequía al cambio climático y prometió duplicar los recursos destinados a la reutilización y la desalación. De igual modo, volvió a ofrecer el apoyo del Gobierno central, pero pidió a los territorios afectados un «uso eficiente del agua» y al conjunto de las administraciones «reaccionar de manera solidaria».

Tellado niega una guerra interna

En la comisión no se hizo mención explícita a los trasvases que, además de Cataluña, han reclamado en los últimos días presidentes autonómicos del PP como los de Andalucía, Murcia o Valencia, con el rechazo frontal del aragonés Jorge Azcón. Ayer, el portavoz de los conservadores en el Congreso, Miguel Tellado, negó el enfrentamiento, que calificó de «polémica inexistente» y apostó por un pacto de Estado sobre el agua que permita el «entendimiento entre todas las administraciones».