El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha tumbado este lunes el pasaporte covid en residencias y hospitales, los únicos ámbitos en los que se seguía aplicando en la Comunidad. La Sección Nº1 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha accedido a la suspensión cautelar solicitada por la asociación Liberum y ha ordenado la publicación del auto en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) “con carácter inmediato”. La resolución no es firme y da opción al Ejecutivo autonómico de interponer recurso de reposición.

Fuentes del Departamento de Sanidad han expresado su “respeto” a las decisiones judiciales, aunque no han aclarado si recurrirán, una opción que están estudiando ya los servicios jurídicos de la DGA. 

El TSJA sostiene, en un nuevo varapalo al Gobierno de Javier Lambán, que el pasaporte no da garantías de una “absoluta seguridad” o de “inexistencia de contagios”. También alude al alto índice de vacunación, superior al 90% entre los mayores de 5 años. “En el momento actual, la medida ni se prevé idónea, ni necesaria hasta el punto de justificar el impacto que la misma opera en los derechos fundamentales afectados”.

Para los recurrentes, representados por el letrado Fernando Valero Sánchez, la Orden del Ejecutivo aragonés infringía “el principio de legalidad y de jerarquía normativa y de seguridad jurídica”. La DGA, no obstante, alegó que la medida se limitaba a dar continuidad al certificado, que la Sala ya había tenido por “proporcionado”. En su escrito, el Ejecutivo insistía en que era “idóneo y necesario” a pesar incluso del “sensible” descenso de la incidencia acumulada. El objetivo no era otro que garantizar “espacios de mayor seguridad y protección para enfermos y residentes” y subrayar la importancia de la vacunación.

Aragón levantó el pasado día 4 las restricciones que se mantenían hasta ese momento en vigor y los bares y ocio nocturno recuperaron su horario habitual y el servicio en barra, así como las limitaciones en otras actividades, como comercio, celebraciones o lugares de culto. Desde entonces, además, la exigencia de la presentación del pasaporte covid quedó limitado a los mayores de 12 años en las visitas a hospitales y residencias, donde se concentra la población más vulnerable.

Esta orden tenía como plazo el 8 de marzo, aunque el Ejecutivo se reservaba la opción de prorrogarla como ya hizo en otras ocasiones. Esta relajación de las medidas se adaptó después de que Sanidad considerase la caída de la incidencia, el descenso de los ingresos hospitalarios y las elevadas coberturas de vacunación.

La Comunidad entró así en un nuevo escenario, denominado de transición. Unos días después la mascarilla dejó de ser obligatoria en exteriores, aunque se mantiene en interiores.