La contaminación atmosférica mata a 67 españoles cada día

El coste en sanidad, bajas y fallecimientos prematuros que provoca la contaminación es de 21.679 millones de euros al año, un 1,7% del PIB nacional.

Panel informativo sobre la contaminación en Zaragoza.
Imagen de archivo del panel informativo sobre la contaminación en Zaragoza.
José Miguel Marco

La realidad le ha quitado la razón a Isabel Díaz Ayuso. No es que la contaminación atmosférica no mate, como sostiene la presidenta madrileña, sino que tiene unos efectos letales dramáticos y medibles. La inhalación de los tóxicos que lanza al aire la combustión de carbón, petróleo y gas mata cada día a 67 españoles, 24.591 fallecidos por efecto de estos venenos cada año, según el informe recién publicado por Greenpeace y el Centro de Investigación en Energía y Aire Limpio (CREA, por sus siglas en inglés), que agrupa a expertos internacionales independientes.

La investigación, dada a conocer hoy, trata de determinar las dos caras de una misma moneda. Por un lado, calcula los graves problemas de salud que provoca en la población mundial el dióxido de nitrógeno (NO2), el ozono y las micropartículas finas (PM2,5) que lanzan a la atmósfera los combustibles fósiles de los distintos medios de transporte, de las centrales de carbón, y de algunas industrias. Y, por el otro, cuantifica las millonarias pérdidas económicas para estados y familias derivadas de las dolencias provocadas o agravadas por la contaminación, entre las que destacan el asma, la enfermedad obstructiva crónica, el cáncer de pulmón, los infartos e ictus, o patologías neurodegenerativas como el Parkinson o el Alzheimer. Unos daños que sobre todo se ceban con los más vulnerables a estos tóxicos, como son los niños y ancianos y los pacientes con patologías crónicas.

El análisis señala que los venenos procedentes de la combustión fósil matan cada año en el mundo a 4,5 millones de personas -400.000 solo en la UE- y ocasionan unos 2,7 billones de euros de pérdidas, el equivalente al 3,3% del PIB global, por el aumento de los gastos sanitarios, por los millones de días perdidos en bajas médicas y por la caída de productividad e ingresos que causan las muertes prematuras. En el caso de España, el coste económico de las enfermedades desencadenadas por la contaminación es de unos 21.679 millones de euros anuales, casi el 1,7% de la riqueza nacional. Solo el más letal de todos estos tóxicos, las micropartículas PM2,5, son el responsable de la mitad de la factura social en España, con un coste de 12.659 millones de euros.

Partos prematuros

El informe destaca el daño que hace la combustión fósil a la salud infantil. Los expertos calculan en 40.000 los pequeños que cada ejercicio no llegan a cumplir un año de vida por culpa de la inhalación de las PM2,5, unas partículas responsables de unos dos millones de partos prematuros. El NO2 también tiene un negro protagonismo. La exposición a este gas es el causante directo de cuatro millones de nuevos casos de asma infantil cada año en el mundo y el responsable de que unos 16 millones de menores sufran esta enfermedad. Pero es que, además, las partículas finas -que penetran hasta el interior de los pulmones- y el ozono provocan que unos 7,7 millones de personas tengan que acudir cada año a las urgencias hospitalarias por ataques de asma.

Los autores del análisis recuerdan que todos estos daños económicos y personales podrían paliarse, incluso desaparecer, si se produce un abandono del uso de combustibles fósiles, una medida obligada también si se quiere frenar el cambio climático, pues la quema de carbón, petróleo y gas es la principal responsable de la emisión a la atmósfera de CO2 y, por o tanto, del calentamiento global. Las fórmulas para conseguirlo son el cierre de las centrales de carbón y la apuesta por la energía renovable, la determinación de una fecha para el fin de los coches de gasolina y diésel, y la potenciación de un transporte público limpio, de áreas peatonales y del uso urbano de la bicicleta.

Adrián Fernández, responsable de movilidad de Greenpeace, recuerda que España está denunciada ante el Tribunal de Justicia Europeo por la UE por incumplir los niveles máximos de NO2 en el aire de grandes ciudades y que, «pese al enorme coste económico y social que tiene la contaminación, todavía hay administraciones que siguen promoviendo los combustibles fósiles: incentivando el uso del coche en las ciudades, amparando la construcción de nuevos aeropuertos, o retrasando el cierre de centrales térmicas»

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