Renovables y empleo
En un reciente estudio de la consultora Deloitte, sobre el impacto que la producción de potencia eólica iba a producir en el empleo en cada comunidad, Aragón salía, comparativamente, muy perjudicada. Era la sexta comunidad en empleo verde, pese a ser la segunda en potencia eólica.
Las dos Castillas, Aragón y Galicia concentran más del 67% de la potencia instalada, pero solo se beneficiarán del 45% del empleo generado. Aragón y Castilla-La Mancha son las más perjudicadas. El País Vasco, con una potencia de 135 MW, tiene un empleo en el sector eólico de 2.722 trabajadores. Aragón, con una potencia eólica de 4.923 MW, cuenta solo con un empleo de 1.225. Lo mismo ocurre si nos comparamos con Navarra.
Es decir, Aragón pone el territorio y las amplísimas afecciones que se van a producir mientras que otras comunidades concentran el empleo creado. Todo lo que supone puestos especializados en tecnología y mantenimiento estará, mayoritariamente, fuera de las comunidades donde están las explotaciones.
La DGA exigió a la Administración central que en Aragón se pueda usar una parte de la energía renovable que se generará. La exportación masiva de energía verde haría que las comunidades receptoras –Cataluña, el País Vasco y Valencia, entre otras– se lleven los beneficios mientras en Aragón se concentra el impacto territorial por la ocupación de miles de hectáreas.
A la pregunta sobre si consideraba que los proyectos de renovables eran una solución para el medio rural, el presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, Carmelo Pérez, no dudaba en contestar en HERALDO que "no es la solución ni mucho menos". Este político del PP añadía que "es una inversión importante tanto para propietarios de terrenos como para ayuntamientos con los impuestos que conllevan, pero al final puestos de trabajo no se crean. Es un trabajo temporal".
Al Gobierno central, si no rectifica y negocia, le van a seguir lloviendo los problemas. El Gobierno de La Rioja presentará recurso contra la autopista eléctrica que va de Tauste a Júndiz (Álava). Considera que destruye el paisaje "de este a oeste". Las plataformas constituidas en Aragón anuncian también recursos contra los proyectos que les afectan.
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