Proliferación normativa
No hagas muchas pragmáticas, y si las hicieres, procura que sean buenas, y sobre todo que se guarden y cumplan", le aconsejaba un prudente Don Quijote a Sancho cuando se iba a encargar éste de gobernar la ínsula Barataria.
Es una recomendación que no atienden los políticos españoles de la democracia. Un reciente trabajo del Banco de España cifraba en 386.650 las normas nuevas aprobadas por las Administraciones españolas entre 1979 y 2020 y en 12.704 las aprobadas solo en 2021. Las normas anuales se han multiplicado por cuatro a partir de la aparición de las comunidades autónomas, que son, a día de hoy, las responsables de algo más del 70% de las mismas. Cantidades abiertamente inmanejables para quien se proponga cumplirlas y hasta para quien deba vigilar que se guarden.
Es un escenario nefasto para todos que dificulta enormemente la actividad económica, en particular de autónomos y pequeñas empresas. Semejante proliferación normativa crea un marco institucional profundamente complejo y ambiguo por la concurrencia de distintas Administraciones en muchos temas, lo que crea solapamientos e inseguridad. Complejidad y ambigüedad multiplican los costes de funcionamiento, reducen la productividad y aumentan la litigiosidad, congestionando el sistema judicial, lo que, de nuevo, afecta negativamente a la productividad. Malos tiempos para el crecimiento.
