Por
  • Pedro C. Marijuán

Corrupción institucional

El exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes.
El exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes, Tito Berni.
Ramón de la Rocha / Efe

La posición de España en los indicadores internacionales de corrupción no es mala. Ocupa un lugar intermedio. Debería estar en una mejor posición, pero el problema más grave es la tendencia: en los últimos años ha bajado cuatro puestos. 

Posiblemente los mismos que en renta disponible. Cada año vamos a estar más abajo. El ejemplo de Argentina es palmario: de estar entre las diez naciones más ricas del mundo en los años cincuenta a bajar a los setenta y tantos en la actualidad. En nuestro caso, somos el único país de la eurozona que aún no ha recuperado el nivel de la prepandemia. ¿Tendrá algo que ver la corrupción?

Indudablemente nuestra corrupción tiene rasgos propios. Primero, porque está centrada en un partido, el socialista, que ha logrado una sobrada hegemonía política en sectores clave: los medios de comunicación, la enseñanza, los sindicatos, las universidades y sectores de la judicatura. El otro partido, el popular, bastante más débil, encuentra que sus casos alcanzan mucha más resonancia aunque sean de menor trascendencia económica o institucional. En segundo lugar, por el deslizamiento hacia un régimen autocrático, como se puede apreciar en la ocupación de las instituciones estatales, que ha sido una constante del actual Gobierno, sin respeto a los consensos o los equilibrios establecidos. Y tercero, por la pavorosa mala gestión de este Gobierno, hasta de los ministerios considerados más tecnócratas. Son decenas los cargos de máximo nivel que han dimitido o han sido destituidos, o que han abandonado por las buenas sus responsabilidades (véase recientemente la directora de Fondos Europeos). Por otro lado, la falta de atención presencial, el absentismo, el colapso de las webs mal diseñadas han alcanzado un nivel de mal funcionamiento pasmoso.

La corrupción del partido gobernante y su tendencia a controlar, sin contrapesos
ni equilibrios, todas las instituciones del Estado están socavando la democracia

Con toda razón, Ferrovial, una multinacional que nos deja, ha alegado ‘inseguridad jurídica’. Cuando se crean nuevos impuestos al albur, cuando los ministros y el presidente atacan a las empresas y señalan públicamente a los empresarios como fuerzas oscuras y poderes ocultos, cuando se aprueban leyes de cultura ‘woke’ radical, cuando se quieren regimentar cualesquiera ámbitos de comportamiento privado, o cuando se niega la fiscalización independiente de los fondos europeos y se hace una reforma cosmética de las pensiones y se multiplican el déficit y la deuda… caben pocas dudas que el deslizamiento de nuestro país hacia las fronteras externas de la democracia se ha acelerado.

La corrupción genera clientelismo, tanto económico como político y cultural. Es una mancha de inmoralidad, de sumisión y abandono personal que socava la iniciativa ciudadana. Es negar la cultura del esfuerzo y abocarse al parasitismo. Es abdicar del propio juicio y atender sin rechistar a las campañas que orqueste la dirección del Partido. Así es como se generan sociedades cautivas. Donde es obligatorio seguir la corriente so pena de caer en la exclusión, y donde se disculpan las posibles corruptelas propias que se evidencien. No así las del ‘enemigo’, que se amplifican.

¿Seremos capaces de dejar atrás esta etapa decadente? Pronto lo veremos. Estamos realmente en un pulso entre las fuerzas sanas del país y las que quieren instaurar un nuevo régimen, bajo un firme control de los medios y las instituciones públicas y con la amenaza latente de las movilizaciones. Estamos viendo otra vez tramas como las de ‘La escopeta nacional’, con diputados, tricornios y escenas procaces. Es una pena que ya no haya quien se atreva a filmar estas espectaculares escenas de corrupción institucional.

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