Sánchez deja al descubierto su fragilidad parlamentaria a las puertas de las europeas
El Gobierno se ve obligado a retirar la ley del suelo ante el riesgo de sufrir la segunda derrota en apenas 48 horas.
No era lo que pretendía el Gobierno, que lleva semanas presumiendo de fortaleza y asegurando que, pese a la tremendamente compleja aritmética parlamentaria, está en condiciones de agotar la legislatura. Pero a las puertas de las elecciones europeas del 9 de junio, su intención de demostrar que todo sigue su curso y que la parálisis no atenaza la acción del Ejecutivo ha terminado jugándole una mala pasada. Dos varapalos en el Congreso en una sola semana -después de que el martes fracasara en su intento de tramitar la abolición de la prostitución-, y una sensación de soledad que ni siquiera pudo evitar este jueves su decisión de retirar del orden del día del pleno, apenas una hora antes de que comenzara su debate de totalidad, el proyecto de ley del suelo.
El freno de emergencia activado por el Gobierno ahorra una derrota explícita y permitirá llevar a la Cámara baja el texto más adelante, después de negociarlo con los grupos y cuando, en palabras de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, "pase el furor electoral", pero asesta un golpe a la autoestima de los socialistas, que han visto cómo ni sus socios de coalición se prestaban a salvarle, siquiera de manera simbólica, la cara. Sumar ya anunció el miércoles que apoyaría las enmiendas a la totalidad de Podemos, ERC y Junts. Al PSOE solo le quedaba el PP que, pese a ser a priori favorable a la norma, decidió ponerse de perfil a medida que se acercaba la hora de la votación.
Las europeas se vislumbran como un test de resistencia definitivo para Pedro Sánchez, tras la ristra de comicios autonómicos (gallegas, vascas y catalanas) a las que ha habido que hacer frente en el primer semestre del año. En el contexto de guerra sin cuartel evidenciado la víspera en un pleno en el que el presidente del Gobierno no dudó en asimilar a Alberto Núñez Feijóo con la ultraderecha de Santiago Abascal, a solo una semana de que se apruebe la ley de amnistía y con un Vox fuerte y dispuesto a afearle la mínima colaboración con el Ejecutivo, el primer partido de la oposición no encontró incentivos para evitar el naufragio de la iniciativa.
Los socialistas reprochan a los populares su actitud con una norma que, insisten, fue "pactada ampliamente" en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que reclaman ayuntamientos y comunidades autónomas de todo signo político de manera "unánime" y que, dicen, es "técnicamente sólida". Pero su enfado es, sobre todo, con Sumar. Que estuviera dispuesto a vetar una ley emanada del Ejecutivo del que forman parte es interpretado como una traición que solo suaviza el hecho de que sus votos no fueran decisivos. "Ni Podemos llegó a tanto nunca", dicen recordando la tormentosa relación con sus antiguos socios.
Mayorías propias
El grupo de Yolanda Díaz, que lleva ya varias citas electorales viendo cómo merma su espacio y considera que el PSOE no le ha facilitado precisamente las cosas, replica que su actitud ha sido perfectamente leal, que ya trasladó sus objeciones a una ley que, a su juicio, fomenta el "pelotazo" urbanístico, el 21 de marzo, en la Comisión de secretarios de Estado y subsecretarios en la que se preparan los Consejos de Ministros, y que aun así los socialistas decidieron seguir adelante. "No se avanza confiando en el PP, se avanza confiando en sus propias fuerzas y en sus propias mayorías", adujo su portavoz parlamentario, Íñigo Errejón.
Casi todas las fuerzas del Congreso, desde el PP a sus aliados habituales, coincidieron además en reprochar al PSOE su falta de diálogo y su pretensión de que las cosas le caigan del cielo. "Las lentejas o las comes o las dejas es un mal negocio en política", advirtió el republicano Gabriel Rufián. "Hay que cuidar esta mayoría tan diversa y plural. De lo contario -reprochó también desde EH-Bildu Oskar Matute- el resultado es el bloqueo y la suma cero. No se había hecho un trabajo previo".
En el núcleo duro del Gobierno intentan quitar profundidad a lo ocurrido e insisten en que no es síntoma de debilidad real sino producto de un marco electoral en el que "todos están mirando por el retrovisor al adversario". En el caso de Sumar, concretan, a Podemos. Tampoco niegan que ellos mismos trataban de mandar mensajes acordes a sus intereses: con la proposición de ley de la abolición de la prostitución, que también confiaban en sacar con los populares dadas las discrepancias al respecto entre las fuerzas de izquierdas, a las mujeres; con la ley del suelo, a los jóvenes y al conjunto de la sociedad, que percibe el acceso a la vivienda como uno de los grandes problemas del país. Su esperanza es que, tras el 9 de junio, las cosas cambien. Pero las europeas no son el único problema.
Junts y ERC firmaban sendas enmiendas a la totalidad y en el PSOE asumen que, hasta que no se resuelva la gobernabilidad de Cataluña, las cosas se les pueden complicar. Los de Carles Puigdemont no perdieron este jueves la oportunidad de reivindicarse. "Sánchez no tiene mayoría ni en Madrid ni en Cataluña", advirtió su portavoz, Míriam Nogueras. El Ejecutivo confía en que Esquerra acabe apoyando la investidura de Salvador Illa, pero en Moncloa no ocultan cierto vértigo. "Tenemos que trabajárnoslo", admiten.
