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El PSOE quiere encarcelar a todos los proxenetas y dueños de prostíbulos
La reforma legal que se ha registrado hoy en el Congreso impone también fuertes multas a los clientes y su entrada prisión de uno a tres años si pagan por los servicios de una menor.
El PSOE registró este martes en el Congreso una proposición de ley de reforma del Código Penal con la que busca encarcelar a todos los proxenetas y dueños de burdeles, así como imponer fuertes multas a los clientes, quienes también irán a prisión si a quien pagan por los favores sexuales es una menor. Ya no hará falta que exploten, intimiden o maltraten a estas mujeres para que su comportamiento se considere un delito. Bastará con que se lucren a su costa, lo que hacen a diario todos ellos. El objetivo final de esta reforma, que recupera el intento fallido de la legislatura pasada, es abrir el camino a abolición de la prostitución en España.
Si los socialistas logran sacar adelante la norma, su aplicación significaría el cierre a medio plazo de los burdeles españoles y el encarcelamiento de cualquiera que se enriquezca con el ejercicio de la prostitución por otra persona, sea el beneficiario un simple proxeneta (el chulo) o sea además el dueño del lupanar, piso o local en el que se produce la explotación sexual. Dará igual que el prostíbulo funcione con o sin la participación voluntaria de quienes se prostituyen. Promover la prostitución será ilegal y un delito en todos los casos.
La proposición de ley registrada este martes es prácticamente idéntica a la tramitada en 2022. Consideraba autor de un delito de proxenetismo a todo aquel que, con ánimo de lucro, promueva, favorezca o facilite la prostitución de otra persona, aun con su consentimiento. La infracción se pagará con entre dos y cuatro años de cárcel y multa de 12 a 24 meses (la cantidad por día la fija el juez). La definición está diseñada para exonerar del delito conductas de mera receptación en el ámbito familiar (una prostituta que trae dinero a casa).
Como delito conectado al anterior se recuperaba la llamada tercería locativa, el rol del empresario de la prostitución, que lleva casi 30 años despenalizada. Quien con ánimo de lucro y de manera habitual destine un inmueble, local o establecimiento, abierto o no al público, a promover, favorecer o facilitar la prostitución de otra persona, aun con su consentimiento, será castigado con dos a cuatro años de prisión, multa de 18 a 24 meses y la posible clausura del local, así como la disolución de la empresa y el embargo de sus bienes.
La tercería actúa como una agravante del proxenetismo y ambos delitos se cometen solo con constatarse el ánimo de lucro. No hacen falta, como hasta ahora, ni la violencia ni la intimidación. De hecho, el Código Penal mantiene el actual delito de proxenetismo coactivo como tipo agravado. Castiga con penas de tres a seis años de cárcel y multa de 18 a 24 meses a todo el que empleando violencia, intimidación, engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona mayor de edad a ejercer o a mantenerse en la prostitución. Todas las clases de proxenetismo recibirán sanciones económicas muy altas, que en el caso de penas de más de cinco años pueden ir del triple al quíntuple del beneficio.
La proposición de ley prevé, además del encarcelamiento de proxenetas y dueños de burdeles, fuertes multas para los puteros e, incluso, ordena su entrada en prisión de uno a tres años si la mujer prostituida es una menor o está "en situación de vulnerabilidad". Las multas serán de 12 a 24 meses y del doble si es una menor.
Las mujeres prostituidas son víctimas
La reforma libera de toda responsabilidad o sanción a las mujeres prostituidas, a quienes considera víctimas sin excepciones. La proposición avanza aspectos que está previsto desarrollar con futura tramitación de la ley de trata, aún en fase de anteproyecto por el Gobierno. Las mujeres prostituidas serán consideradas a todos los efectos víctimas directas del delito, lo que da derecho a indemnizaciones y ayudas, y todas ellas gozarán de los derechos de asistencia integral que se reconocerán a las víctimas de todas las violencias sexuales en la ley del 'solo sí es sí'.
La norma contra la violencia sexual, en vigor desde hace año y medio, establece una red de asistencia integral de ayudas psicológicas, médicas, jurídicas, económicas o sociales para la recuperación e integración sociales de la víctima, equivalente a la de la red de asistencia con la que Estado, autonomías y ayuntamientos tratan de rescatar desde hace años a las maltratadas por sus parejas o exparejas.
