El entorno del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha puesto ya tantas fechas de su posible retorno que hay que cogerlas todas con pinzas. Primero hablaron del mes de julio, más tarde retrasaron su vuelta para otoño y ahora apuntan a que podría ser a finales de mayo o junio. Para entonces, la ley de amnistía ya estará aprobada y los catalanes habrán acudido a las urnas en las cuartas autonómicas en nueve años.

Su abogado, Gonzalo Boye, dio este viernes a entender que el expresident será candidato, desde Bruselas, y afirmó que quiere regresar para su elección como jefe del Ejecutivo catalán, amnistiado, aunque exista riesgo de ser arrestado. "Está dispuesto a volver y que le detengan", afirmó Boye en RAC-1. Su intención, dijo, es volver a casa por la puerta grande para ser investido presidente de la Generalitat tras hacer la campaña desde la distancia. Del exilio a la restitución. Junts lanza así la campaña de las catalanas del 12 de mayo con el mismo gancho que ya empleó en los comicios de 2017 y 2021. Se trata de convencer al elector de que si vota a Junts estará facilitando el regreso de su líder, huido en Waterloo desde octubre de 2017 tras la fallida declaración de independencia.

Boye lleva casi siete años amagando con el retorno del dirigente nacionalista y hasta la fecha no ha encontrado la fórmula. Sus palabras y las intenciones del expresidente tratan de dar a entender que habrían dado con ella una vez entre en vigor la amnistía, a pesar de las dudas que existen en torno a su aplicación y su inmediatez.

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Puigdemont sopesa ser candidato y luego volver a España para asistir al debate de su investidura. Ese movimiento sería una patata muy caliente para el Gobierno y para ERC. Para el Ejecutivo de Sánchez, porque Junts está presentando su eventual retorno como el 'momentum' adecuado para reactivar el 'procés'. Y esta idea casa poco con la tesis gubernamental de que la ley de amnistía se ha aprobado para favorecer la reconciliación y el reencuentro. Sus abogados creen que el juez Pablo Llarena, con la ley de amnistía en la mano, tendrá que levantar la orden de detención e ingreso en prisión que pesa sobre él por el 1-O, pero los juristas no se atreven a jugarse un pronóstico.

En relación a la causa vinculada a Tsunami Democràtic, sus asesores legales ya no son tan categóricos. Admiten que puede ser apresado. Si el Supremo ordena su detención, como investigado por terrorismo, en cuanto cruce la frontera, el Gobierno tendrá un problema, pues su estabilidad depende de los votos de los secesionistas y en concreto de Junts. La imagen de la Guardia Civil arrestando al expresidente en la frontera, ante miles de militantes independentistas cortando la AP-7, sería difícil de digerir para la Moncloa.

ERC también teme la presencia del expresidente de la Generalitat y su apuesta por ser candidato porque radicaliza la campaña y moviliza al electorado más hiperventilado. El amago de Boye con el posible regreso de Puigdemont se produjo el mismo día en que Clara Ponsatí presentó la marca -Alhora- y el equipo con el que se presentará a las elecciones, en competencia con los que aún son sus compañeros de grupo parlamentario en Bruselas. Además, la ANC dará hoy a conocer el resultado de su consulta interna para decidir si concurre al 12-M con una lista cívica. Oferta de candidaturas independentistas radicales no va a faltar y en Junts tienen que apretar, porque hay una parte del electorado más radical que sitúa a los posconvergentes en el flanco de los 'traidores autonomistas' tras investir a Sánchez.

Guerra con Esquerra

Puigdemont confirmará la semana próxima si es candidato, pero para que se produzca su regreso a lo Tarradellas tiene que ganar o, al menos, ser capaz de sumar una mayoría para ser elegido. "No podrán impedir su investidura. Los únicos que lo pueden impedir son los ciudadanos catalanes cuando voten", dijo Boye. Ciudadanos, de momento, anunció que impugnará su candidatura pues cree que incumple la ley electoral porque no reside en Cataluña. En 2017, la carta de votarle para que vuelva como presidente le salió bien, electoralmente, aunque la victoria fue de Inés Arrimadas (Cs). Pero luego ERC no quiso desobedecer al Constitucional y frustró su investidura a distancia. Aquella decisión del entonces presidente del Parlament, Roger Torrent, provocó un cisma en el independentismo. Puigdemont no perdona aquel episodio. En 2021, en cambio, Esquerra quedó por delante de Junts y la presidencia fue para Aragonès.

Junts ya está colando uno de los primeros mensajes de la campaña: el adelanto lo han pactado entre Sánchez y Aragonès para que a Puigdemont no le dé tiempo a ser amnistiado y no pueda hacer campaña. "El PSOE y ERC tienen miedo de que gane", apuntó Boye. Aragonès lo negó en RNE. Insistió en que ha convocado elecciones por "responsabilidad" y culpó de la decisión a los que no han querido apoyar los Presupuestos. El president no renuncia a la unilateralidad, aunque afirmó que con la amnistía acepta de facto la Constitución, y exigió a Sánchez la condonación de 15.000 millones de deuda a Cataluña.