Las víctimas exigen a Interior el embargo de cargos de Bildu condenados por terrorismo
Dignidad y Justicia alerta de que dos concejales abertzales estarían recibiendo dinero público sin haber satisfecho su responsabilidad civil.
La lucha administrativa y judicial de Dignidad y Justicia (DyJ) contra los condenados electos de EH Bildu continúa con una nueva vuelta de tuerca. La organización de víctimas del terrorismo que consiguió que la Junta Electoral anulara el pasado mayo la candidatura de exetarra Sara Majarenas a la localidad guipuzcoana de Astigarraga al descubrir que seguía inhabilitada y que logró que el partido independentista retirara de sus listas a otros siete condenados por delitos de sangre, ahora denuncia que el Ministerio del Interior está permitiendo que concejales electos de EH Bildu -que han tomado posesión y que reciben diferentes cantidades de dinero público- no están siendo embargados a pesar de no haber satisfecho, en todo o en parte, las responsabilidades civiles de sus condenas por su actividad en la banda terrorista ETA.
El colectivo que encabeza Daniel Portero, hijo del fiscal jefe de Andalucía asesinado por ETA, ha remitido un burofax a la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo en el que exige al departamento que dirige Fernando Grande Marlaska que, básicamente, active todos sus mecanismos para repasar de manera seria y sobre todo rigurosa los listados de responsabilidades civiles pendientes de satisfacer de condenados por terrorismo. Y ello porque DyJ teme que no se esté haciendo nada por exigir ese dinero a personas que ya están teniendo ingresos, tanto por actividades privadas como por parte de administraciones públicas.
La asociación, en concreto, reclama a Interior que «impulse todos y cada uno de los procedimientos de recaudación por vía administrativa» después de que en los últimos días sus abogados hayan descubierto que al menos dos concejales de EH Bildu, electos y en activo, están recibiendo dinero público, bien como sueldos o bien como dietas, sin haber satisfecho el total de la responsabilidad civil que les fue impuesta por participar en atentados terroristas.
El primer caso que ha encendido las alertas de Dignidad y Justicia es el de Iker Isiegas Garisoain, que es actualmente concejal de Cultura, Euskera y Juventud en el ayuntamiento navarro de Basaburua. Según informó en junio la Audiencia Nacional a DyJ, tiene pendiente cuentas económicas con el Estado que adelantó el pago de su responsabilidad civil por la explosión de un artefacto que trasladaba en su vehículo y con el que pretendían volar un cajero el 28 de diciembre de 1999. Por aquellos hechos fue condenado a tres años de prisión por tenencia de explosivos en 2005.
Hacer la vista gorda
El segundo expediente localizado por la asociación de víctimas es el del exdirigente de Segi Gorka Betolaza Villasagra. Fue condenado en 2009 a cuatro años de prisión por atacar varias sucursales bancarias en Vitoria con artefactos explosivos e incendiarios entre enero y mayo de 2002. En la actualidad es concejal de la localidad alavesa de Barrundia y -como afirma DyJ- no se le están embargando sus retribuciones públicas a pesar de que aun debe al Consorcio de Compensación de Seguros un total de 6.554 euros de los 46.011 euros que les fueron impuestos en sentencia.
Portero, que denuncia la «connivencia» de Interior al «hacer la vista gorda» con los electos de Bildu, cree que estos casos localizados por los expertos de sus asociación pueden ser solo la «punta del iceberg», pues asegura que el departamento que dirige Marlaska no está haciendo nada por perseguir a los miembros de ETA que no han satisfecho la responsabilidad civil de sus condenas y que en los últimos años tienen sustento económico legal.
