Apartan de forma cautelar a los funcionarios que no precintaron la sala Teatre de Murcia

"Caiga quien caiga" y "cueste lo que cueste". Estas han sido las expresiones empleadas durante estos días por el alcalde de Murcia, José Ballesta, y el actual concejal de Urbanismo, Antonio Navarro Corchón, para referirse a la depuración de responsabilidades administrativas referidas al incendio de las tres discotecas de Las Atalayas del pasado domingo. Ayer, el propio Ballesta tomó las primeras medidas en relación a los funcionarios implicados en los expedientes de cese de actividad del año 2022 no ejecutados, ordenando que fueran apartados cautelarmente, mientras continúa la investigación interna puesta en marcha.

Aunque no trascendieron la identidad ni el número de empleados públicos afectados por esta decisión, se da por hecho que entre ellos debe encontrarse el inspector que se puso en contacto con la empresa Teatre y que por causas que se desconocen no precintó el local, tal y como había ordenado el anterior edil de Urbanismo, Andrés Guerrero, así como su superior en el servicio de inspección de actividades.

Casi surrealista resultó la rueda de prensa del pasado lunes en la que se informaba de que dos de los locales siniestrados no contaban con licencia de actividad desde hace año y medio. Tanto Guerrero como su sucesor en el cargo descargaron la responsabilidad directa de esta situación sobre los técnicos, ya que el primero había emitido una orden de precinto en octubre de 2022 que nunca llegó a ejecutarse, circunstancia de la que, además, asegura que no se le informó.

Este extremo, el de la comunicación del primer concejal, quedó acreditado este miércoles tras la publicación por parte de La Verdad del documento firmado por el propio Guerrero. Asimismo, el diario recogió el contenido del acta levantada por el inspector, en relación a la ejecución de esta orden, en la que refería que "en contestación a la orden de cese de la actividad y la advertencia de ejecución forzosa -sin hacer referencia por tanto al necesario precinto-, una vez contactado con la titularidad -del citado local-, declaran y aportan justificación de presentación de la documentación técnica que les faltaba para la tramitación de la legalización".

A partir de ahí, nadie en la Corporación municipal es capaz de ofrecer una explicación oficial, por el momento, sobre qué ocurrió posteriormente con dicha acta y por qué no se consumó el citado precinto.

Muchas dudas

Deja la situación destapada, además, dudas sobre cuántos locales pueden encontrarse en una situación irregular similar a la de las discotecas Teatre y Fonda Milagros. El abogado de la sala Teatre, José María Caballero Salinas, aseguraba este martes que hay en el municipio "un montón de locales que están funcionando sin licencia en Murcia". La Asociación de Consumidores y Usuarios en Red, Consumur, solicitó al consistorio murciano que informe sobre todas las inspecciones realizadas a Teatre desde su autorización en 2008 y hasta la fecha de declarar el cese de actividad. Igualmente, pidió conocer "si nos encontramos ante un hecho aislado o podemos encontrar más locales funcionando sin autorización".

Ballesta también dio orden de realizar una batida para comprobar si esta afirmación se corresponde con la realidad, examinando, especialmente, cuántas órdenes de cese, si las hubiera, pudieran pesar sin ejecución. No obstante, no se han ofrecido por el momento datos concretos al respecto con el argumento de que se está revisando la situación de cuantiosos locales, lo que alarga el proceso de cribado de los datos.

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