¿Qué esconde la "desjudicialización" del 'procés' catalán?
Decenas de causas derivadas del proceso soberanista de 2017 con unos 700 investigados persisten en los juzgados y tribunales.
La llamada «desjudicialización» del 'procés' vuelve a estar en el centro de la negociación para el apoyo de los partidos independentistas a la investidura de Pedro Sánchez. Cerrado el primer capítulo con el indulto parcial a los dirigentes condenados a prisión por el Tribunal Supremo (junio de 2021) y la reforma de los delitos de sedición y malversación (enero de 2023), ahora se abre un segundo apartado con multitud de aristas y serias dudas jurídicas sobre su aplicación.
Las reclamaciones que Junts y ERC han puesto sobre la mesa van más allá del caso más conocido, el de Carles Puigdemont, y afectan a decenas de causas penales derivadas del proceso soberanista. Aunque el independentismo ha llegado a cifrar en 4.200 los «represaliados», el portal Verificat comprobó que unos 700 estaban pendientes de juicio. El conjunto de causas van desde los preparativos del referéndum del 1-O, con altos cargos de Junts, de ERC y funcionarios del Govern implicados, a los centenares de jóvenes acusados de los disturbios que siguieron a la sentencia del Supremo en 2019.
Los primeros en sentarse en el banquillo serán dos figuras en Esquerra: Josep Maria Jové y Lluís Salvadó. La Fiscalía les pide siete y seis años y tres meses de cárcel, respectivamente, por haber comandado desde la Conselleria de Economía la organización del 1-O. Les imputa un delito de malversación agravada y la vista oral, dada su condición de aforados, podría celebrarse en invierno en el Tribunal Superior de Cataluña (TSJC).
En menos apuros se encuentran los 40 ex altos cargos y funcionarios investigados por la preparación del referéndum y los gastos exteriores, entre ellos el exconseller Raül Romeva, condenado por el Supremo e indultado. Su juicio no se celebrará, como mínimo, hasta 2025.
El procedimiento que ya espera sentencia sentó en el banquillo al exconseller de Interior Miquel Buch y el sargento de los Mossos Lluís Escolà, acusados de malversar dinero público para proporcionar una escolta a Puigdemont en Bélgica. La Fiscalía reclamó seis años de cárcel para Buch y otros cuatro para Escolà.
Otro caso es el de los cinco académicos que fueron síndicos electorales del 1-O, entre ellos la actual consellera de Igualdad, Tània Verge. La Audiencia de Barcelona anuló la sentencia que les absolvió en primera instancia y ordenó repetir el juicio, pero los acusados alegaron vulneración de sus derechos. La Justicia todavía no ha resuelto qué instancia debería volver a juzgarles por desobediencia y usurpación de funciones: si otro juzgado o el TSJC por el aforamiento de Verge.
Delitos de terrorismo
El recorrido judicial pendiente del 'procés' también tiene parada en la Audiencia Nacional. Allí esperan juicio doce miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia, depósito y fabricación de explosivos y estragos. Se exponen a peticiones elevadas de pena.
En el tribunal central también está abierta otra causa por terrorismo relativa a las movilizaciones de la plataforma Tsunami Democràtic tras la sentencia del 'procés'. Permanecen investigados varios activistas y empresarios. Si bien no consta como imputada, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, teme que la causa le termine afectando, por eso rechaza volver a España pese a la derogación de la sedición en la causa del 'procés'.
Los procedimientos que afectan a más personas son los derivados de los disturbios de 2019, que han terminado con centenares de jóvenes encausados. Varios juicios ya se han celebrado y, en una mayoría de casos, los jueces han rechazado imponer las elevadas penas de cárcel que pedía la Fiscalía (hasta nueve años a dos jóvenes en Gerona) o incluso se han decantado por la absolución por falta de pruebas.
De hecho, el primer condenado fue Dani Gallardo, al que el Supremo confirmó en junio los cuatro años de prisión por golpear por la espalda con un palo de madera con clavos a un policía. El acusado estuvo un año en prisión preventiva y Puigdemont, tras conocer el castigo, lo consideró como un ejemplo de que «el conflicto continúa intacto pese a las promesas de los 'dialogantes'».
