Audiencia Nacional
Los alegatos finales del juicio de Giménez Abad se centran en la credibilidad de los testigos
La Fiscalía señala que las pruebas “acreditan sin dudas” que los acusados mataron al político aragonés mientras que las defensas cuestionan los reconocimientos visuales.
El juicio por el asesinato de Manuel Giménez Abad por la banda terrorista ETA ha quedado este lunes visto para sentencia. En un proceso sin pruebas físicas que inculpen a los acusados, Mikel Carrera Sarobe ‘Ata’ y Miren Itxaso zaldua ‘Sahatsa’, los alegatos finales se han centrado en la credibilidad de los testigos directos de lo ocurrido aquel fatídico 6 de mayo de 2001 en la capital aragonesa. La Fiscalía y la acusación han vuelto a ofrecer al tribunal de la Audiencia Nacional “pruebas que acreditan sin duda alguna” la autoría de los dos encausados, mientras que las defensas han cuestionado la credibilidad de los reconocimientos visuales que identifican a sus clientes como autores del ataque.
La fiscal, Ángela Gómez Rodulfo, ha defendido ante el tribunal, presidido por el magistrado Francisco Vieira, la validez y trascendencia del testimonio del hijo menor de Giménez Abad, Borja, que le acompañaba el día que le asesinaron de tres disparos por la espalda en la calle Cortes de Aragón. Ha defendido que identificó a Ata como autor de los disparos en el reconocimiento fotográfico de 2014, sin dudas y “sin sesgo de condicionamiento”, pues entonces no sabía que era el principal sospechoso. De igual modo, otros tres testigos identifican con total seguridad al que fuera líder del aparato militar de ETA como el pistolero que acabó con la vida del entonces presidente del PP-Aragón.
Pero al margen de los testimonios, la fiscal ha relatado los informes periciales “sobre datos objetivos” que respaldan la acusación, fundamentalmente documentación incautada a la banda terrorista en diferentes arrestos que demuestran la implicación de Carrera Sarobe en el comando Basajaun, al que se atribuye el atentado.
En cuanto a Itxaso Zaldua, alias Sahatsa, identificada por un testigo en el lugar de los hechos, la representante del Ministerio Público y las acusaciones han tratado de desmontar la coartada ofrecida por la acusada, que defiende que el día del atentado se encontraba en un cine de Guipúzcoa con sus amigas. Han puesto encima de la mesa contradicciones en los diferentes relatos presentados en el juicio para concluir que son falsos. “Frente a la firmeza de los testimonios aportados por la Guardia Civil y la Policía Nacional, estos son muy endebles”, ha advertido la fiscal.
Las defensas han hecho un alegato diametralmente opuesto. La abogada de Carrera Sarobe ha advertido de que todo el caso podría estar sustentado en torno a lo que se conoce como una “profecía autocumplida”. Es decir, que una teoría policial de partida, todavía sin pruebas físicas, hará que la investigación se vea condicionada y que los testigos “adecúen su conducta a esa percepción”.
Así, ha defendido que los testimonios aportados han reconocido que previamente habían visto a Ata en la prensa como principal sospechoso, y que “no es creíble” que Borja Giménez no supiera este extremo en el reconocimiento fotográfico de 2014.
También ha aludido a que Carrera Sarobe, condenado a dos cadenas perpetuas en Francia, “no tiene necesidad de mentir”, y ha tratado de argumentar que no existen pruebas periciales que le vinculen a ese atentado concreto, pese a que ha reconocido que fue integrante del comando Basajaun.
Por su parte, la defensa de Ixtaso Zaldua ha denunciado una “lectura sesgada” de la documentación aportada en el caso por parte de los peritos policiales. Ha puesto en duda la firmeza de las pruebas que vinculan a Sahatsa con el comando Basajaun y, sobre todo, ha cuestionado la credibilidad del único testigo que la sitúa aquel día en el lugar del asesinato. El letrado ha advertido que inicialmente dijo no haber visto nada concluyente y que luego cambio su declaración, a su juicio, “inducido por la Policía”.
Ahora el tribunal debe valorar si existen pruebas suficientes para condenar a los acusados, que se enfrentan a 30 años de cárcel. La decisión podría demorarse semanas, aunque en el caso de Itxaso Zaldua, que lleva tres años en prisión provisional, sería inmediata si es finalmente absuelta.
