Alberto Casero renuncia a su escaño y pide la suspensión de militancia del PP tras la decisión del Tribunal Supremo de procesarle
Fue mano derecha de García Egea y saltó al foco mediático por su error decisivo para aprobar la reforma laboral.
El diputado del PP por Cáceres Alberto Casero ha comunicado este viernes a la secretaria general del PP y portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, que renuncia a su escaño en el Congreso "para evitar cualquier daño que su situación pueda producir al partido", según han informado fuentes de la cúpula del PP.
La decisión se produce después de que el Tribunal Supremo haya decidido procesarle por prevaricación y malversación. En concreto, el magistrado instructor del Tribunal Supremo Andrés Palomo ha acordado procesar a Casero por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en relación a cinco contratos que firmó cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres) en 2017 y 2018 sin sujetarse a los procedimientos administrativos legalmente establecidos.
Poco después de conocerse esta decisión del Supremo, fuentes del PP anunciaron este mediodía que el propio Casero había solicitado de motu propio al Partido Popular la suspensión de militancia del partido. Ahora, acaba de transmitir a Gamarra que renuncia al acta de diputado "para evitar cualquier daño que su situación pueda producir al partido". El PP ha señalado que "esta decisión la ha adoptado de manera voluntaria, antes de que le haya sido notificado el auto del juez instructor", han añadido las mismas fuentes.
Renunciar al acta de diputado antes de que se haya dictado auto de apertura de juicio oral supone la pérdida de aforamiento ante el Tribunal Supremo, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press. Así las cosas, cabe esperar que el procedimiento --que se dirige contra Casero por presuntos delitos de malversación y prevaricación cometidos cuando era alcalde de Trujillo (Extremadura)-- regrese a los juzgados de dicha localidad, donde se inició la investigación.
Este mismo viernes, se ha dado a conocer que el magistrado instructor del Tribunal Supremo Andrés Palomo había propuesto juzgar al hasta ahora diputado del PP por cinco contratos que firmó cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres) en 2017 y 2018 sin sujetarse a los procedimientos administrativos legalmente establecidos.
Fue responsable de organización del PP y conoce los estatutos
Casero, diputado en la XIII y en la presente legislatura, fue responsable de Organización del PP cuando la formación estaba liderada por Pablo Casado. Dado que fue mano derecha del entonces secretario general de los 'populares', Teodoro García Egea, conoce bien los Estatutos del PP y sus normas disciplinarias.
Eso sí, fuentes de la dirección del PP desconocen si Casero seguirá con su escaño en el Congreso porque el acta de diputado es nominal y pertenece al parlamentario, como ya sentenció en su día el Tribunal Constitucional.
Eso sí, en caso de que Casero quiera seguir conservando su acta, el Grupo Popular sí que tiene potestad para expulsarle de su grupo parlamentario, de forma que iría a parar al Grupo Mixto. Fuentes 'populares' consideran que si él ya dejado de ser del PP, "lógicamente no tendría que estar en los escaños del Grupo Popular".
El PP ya le había abierto expediente en verano de 2022
El pasado mes de septiembre, después de que el juez propusiera enviar suplicatorio al Congreso para proceder penalmente contra Casero por indicios de prevaricación, la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, informó de que el PP ya le había abierto expediente informativo antes del verano.
Gamarra ya dijo entonces en rueda de prensa que el partido tomaría más medidas si el juez decidía abrirle juicio oral. Al final, ha sido el propio Casero el que de motu propio ha solicitado esa suspensión de militancia del PP.
Los Estatutos del PP señalan, en su artículo 16, que cometerán infracción "muy grave", entre otras, los que incurran "en cualquier forma de corrupción en el ejercicio de cargos públicos" o ante "la condena por un delito que por su naturaleza o por las circunstancias en las que se haya cometido se considere incompatible con las obligaciones y deberes éticos establecidos" en estas reglas internas, "según valoración motivada del Comité de Derechos y Garantías competente".
Lo que dicen los estatutos
Además, añaden los Estatutos que las infracciones muy graves serán sancionadas con la suspensión de afiliación por un periodo de tiempo entre cuatro y seis años; inhabilitación para desempeñar cargos en el seno del Partido o en representación de éste por igual periodo de tiempo; o expulsión del partido, siendo la primera y la segunda no excluyentes entre sí.
Casero -fue alcalde de Trujillo (2011-2019)-saltó al foco mediático por su error en la votación de la reforma laboral en el Pleno del Congreso a primeros de febrero de 2022, una equivocación que permitió al Ejecutivo salvar la norma en la Cámara Baja.
Este hecho, que se produjo en plena campaña electoral de las elecciones autonómicas de Castilla y León, provocó entonces un duro cruce de reproches entre PSOE y PP. En 'Génova' se habló entonces de un "error informático" y se acusó a la presidenta del Congreso, Meritxell Batel, de "fraude democrático", anunciado que irían al TC para defender la voluntad del Parlamento al no permitir a Casero enmendar el sentido de su voto en la reforma laboral.
