La tensión entre jueces prologa el pleno del CGPJ este martes
Los progresistas salen en defensa del Gobierno y justifican el cambio de sistema de elección del Tribunal Constituacional vía enmienda por el "boicot" conservador.
A escasas 72 horas de que el Consejo General del Poder Judicial celebre el pleno extraordinario en el que se votarán, después de meses de procrastinar la decisión, los nombres de los candidatos al Tribunal Constitucional, la tensión entre los vocales conservadores y los progresistas volvió a hacerse este sábado patente. La declaración en la que los ocho consejeros del sector conservador arremetieron contra el presidente del Gobierno por afirmar que "la derecha política y judicial han querido atropellar la democracia" fue replicada con un llamamiento a la responsabilidad de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD). Su portavoz, Ascensión Martín, justificó los pasos dados por el Ejecutivo como respuesta a la "franca desobediencia a la ley "en la que se encuentra el grupo crítico con el presidente.
En su comunicado -emitido a primera hora de ayer tanto en español como en inglés, para facilitar su difusión en el resto de países europeos- los vocales Carmen Llombart, Francisco Martínez Tristán, Juan Martínez Moya, Nuria Díaz, Jose Antonio Ballestero, Juan Manuel Fernández, Jose María Macías y María Ángeles Carmona reprocharon al Gobierno las críticas vertidas contra la decisión del Constitucional de convocar el pasado jueves un pleno de urgencia para analizar la petición del PP de suspender cautelarmente la tramitación de una enmienda a la reforma del Código Penal con la que el PSOE y UP buscan cambiar las reglas de elección del TC por parte del CGPJ. Y las tachan de "irresponsables": "Supone -advierten- transitar de la confrontación partidista a la deslegitimación de la instituciones ante la ciudadanía".
La declaración también recuerda que "los tres poderes y todos los ciudadanos están sometidos al imperio de la Constitución" y subraya que la Comisión Europea exige a los miembros de los gobiernos y parlamentos de la Unión "abstenerse de actuaciones y declaraciones públicas que puedan socavar la legitimidad del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, los órganos jurisdiccionales ordinarios, los jueces, individual o colectivamente, o del poder judicial en su conjunto".
"Menos dramatismo"
Martín convino en que no hay "ruido de togas porque el Tribunal Constitucional resuelva un recurso", como llegó a decir desde la tribuna del Congreso el diputado socialista Felipe Sicilia. Pero también defendió que hay que afrontar "con menos dramatismo" la decisión del Gobierno de reformar la ley para forzar la renovación pendiente del Constitucional, aunque sea por un procedimiento poco ortodoxo ya censurado por el órgano de garantías. Y justificó que lo que persigue es "superar el boicot al que un grupo de vocales del CGPJ -los ocho firmantes- someten la renovación del Tribunal".
La portavoz de JJpD defendió que si estos vocales no bloqueran "se nombraría dos juristas, de tendencias conservadora y progresista" y que, en la práctica, el cambio legal permite "llegar a la misma decisión, que es designar dos personas, de sensibilidad conservadora y progresista, que representen a la sociedad", por lo que no es ningún "golpe de Estado" , como dicen os partidos de la derecha. También alegó que no hay necesidad de que el Constitucional resuelva sobre la cuestión esta semana, antes de que el Senado apruebe el jueves definitivamente la norma. "El Estado de Derecho no padece", defendió.
Los vocales conservadores sí consideran, sin embargo, lesiva un reforma que, entre otras cosas, rebaja de tres quintos a mayoría absoluta la mayoría por la que el CGPJ debe elegir magistrados para el tribunal de garantías. Para sortearla, precisamente, forzaron la convocatoria del cónclave de este martes, antes de que entre en vigor, lo que les obligó a presentar a sus dos aspirantes; algo a lo que hasta ahora venían dando largas.
La votación exige un mínimo de 11 de los 18 votos en liza, por lo que dada la división existente entre los bloques exige un consenso entre los vocales. No parece fácil. Los consejeros elegidos por el PP en 2013 proponen a César Tolosa (conservador) y Pablo Lucas (progresista). El bloque progresista a José Manuel Bandrés, al que hasta ahora los otros ocho consejeros se niegan a apoyar por su cercanía a Cándido Conde-Pumpido, magistrado del TC afín al Gobierno y candidato a la presidencia si se consuma el cambio de mayorías.
