El juez exonera a Esperanza Aguirre y a Ignacio González del caso Púnica
El juez de la Audiencia Nacional (AN) Manuel García Castellón procesa a Granados por la presunta 'caja b' del PP de Madrid.
El juez de la Audiencia Nacional (AN) Manuel García Castellón ha acordado este viernes levantar las imputaciones que pesaban sobre la ex presidenta madrileña Esperanza Aguirre y su sucesor Ignacio González por la presunta existencia de una 'caja b' también en el PP de Madrid con la que se habrían financiado parcialmente las elecciones de 2007, 2008 y 2011, unas supuestas corruptelas por las que sí ha procesado al ex consejero Francisco Granados.
De esta forma, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 se alinea con la Fiscalía, que pidió exculpar a Aguirre, al no apreciar indicios de que fuera "conocedora" de las actuaciones de la trama 'Púnica'; y a González, ya que, aunque Anticorrupción vio indicios de que habría cometido un delito electoral en las elecciones autonómicas de 2007, concluyó que estaría prescrito.
Desde 2014, la AN investigaba esta pieza separada número 9 de 'Púnica' por la presunta financiación ilegal del PP de Madrid en las autonómicas de 2007 y 2011 y las generales de 2008, así como las adjudicaciones realizadas en ese lapso por la administración madrileña el ámbito de la contratación pública y, en concreto, los contratos de reputación 'online' para posicionar a altos cargos del PP en las redes sociales.
García Castellón indica que los hechos relativos a los comicios de 2007 y 2008 estarían prescritos, pero ve indicios de delito en los de 2011, precisando que, aunque la cuenta electoral registró unos costes de 2.986.624 euros que fueron declarados ante la Cámara de Cuentas, los costes totales que para el PP de Madrid supusieron las elecciones municipales y autonómicas ascendieron a 6.878.275,04 euros.
El juez procesa por estos hechos a un total de ocho personas: Granados y el ex gerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez, a los que sitúa como máximos responsables de la presunta trama, así como a Alejandro de Pedro, Borja Sarasola, Diego Mora, Francisco Lobo, Isabel Gallego, José Martínez Nicolás y las empresas EICO Reputación Management y Madiva Editorial y Publicidad.
García Castellón apunta a posibles delitos electorales, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, tráfico de influencias, falsificación y cohecho.
Aguirre: "No tenía conocimiento de los hechos"
Además, archiva para un total de 71 imputados, entre ellos Aguirre, González, los ex consejeros Manuel lamela, Lucía Figar, Salvador Victoria y Juan José Güemes, y los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Javier López Madrid. Asimismo, el instructor rechaza la petición de la acusación ejercida por el PSOE de investigar al PP en relación con estos hechos.
Respecto a los investigados que ha sacado de la causa, García Castellón apunta que, en el caso de Aguirre, "no puede considerarse acreditada su participación en los hechos delictivos" pues, "más allá de la prescripción de los delitos electores asociados a las elecciones autonómicas de 2007 y de 2011, lo cierto es que no se han evidenciado indicios que permitan afirmar que era conocedora de los mismos".
El magistrado hace alusión en su auto a una conversación mantenida entre Aguirre y González en la que se podría "revelar que la misma podía sospechar, o intuir, que se había sobrepasado el límite del gasto electoral".
Sin embargo, cree que esa charla también "revela que no tenía conocimiento de cómo había sucedido". "Pues la aseveración que realiza en torno a la utilización de la Fundación Fundescan, descartando que fuese instrumento para ello cuando realmente lo era, es un indicio sólido de tal extremo", sostiene.
García Castellón deja claro que, "aunque lo anterior podría plantear si se situó en lo que se denomina ignorancia deliberada", afirmar "tal cuestión, considerando la ausencia de indicios, resulta insuficiente para sostener una acusación" contra la ex dirigente 'popular'.
En lo que respecta al cambio organizativo para que todas las contrataciones de publicidad tuviesen que recibir la conformidad previa de la Dirección General de Medios, el juez expone que "tampoco constituye un indicio de que Aguirre" hubiese efectuado ese cambio "con fines delictivos, pues ninguna de las personas respecto de las que existen indicios ha declarado que la misma participase en procedimientos de contratación con las impresas de publicidad".
También se pronuncia sobre los trabajos de reputación llevados a cabo por las empresas de Alejandro de Pedro, al manifestar que "no ha podido acreditarse que la misma tuviese conocimiento, ni de la contratación de los trabajos, ni de su desarrollo, ni de cómo se abonaban los mismos".
La libreta de Granados
En cuanto a la operativa que achaca a los procesados, García Castellón relata a lo largo de 257 páginas que la principal fuente irregular de captación de recursos fue a través de aportaciones de dinero en efectivo que le eran entregadas, directa o indirectamente, a Granados, entonces secretario regional del PP.
Una vez entregadas -continúa-, Granados registraba los pagos de forma manuscrita en una libreta negra, tras lo cual, descontaba de las cantidades una cuantía que retenía para sí o para terceras personas ajenas al partido y el resto lo hacía llegar a Gutiérrez, gerente del PP madrileño y futuro administrador electoral que se encargaba de hacer los pagos en efectivo que no deseaban hacer constar ante la Cámara de Cuentas.
Según la descripción judicial, la relación entre Granados y Gutiérrez era de plena confianza, pues el mismo venía desarrollando esa labor con los diferentes secretarios generales de la formación política regional y de los diferentes directores de las campañas como nexo de unión entre las personas que "recibían" el dinero en efectivo de terceras personas y, posteriormente, lo hacían llegar a la sede regional.
Así, García Castellón sostiene que la contabilidad presentada ante la Cámara de Cuentas "no respondía a la realidad de lo sucedido". Como otra fuente de financiación, añade, se sumó la derivada de la cuenta de la Fundación Fundescam y, ya de forma transparente, la derivada de la propia cuenta electoral.
"Para poder ejecutar tal plan, era necesario contar, como se había hecho en periodos electorales previos, desde el punto de vista de los prestadores de los servicios, con empresarios afines que, realizando el servicio, posteriormente lo facturasen bajo otros conceptos", detalla.
"Y, desde la perspectiva de los ingresos y gastos, se hacía necesario, por una parte, utilizar fuentes de captación de recursos, bien opacas, bien alterando el destino declarado y, por otra, trasladar esos recursos a los prestadores de los servicios, bien en metálico, bien a través de las facturas alteradas", completa.
