Rafael Mozo, el imprevisible presidente progresista de un CGPJ conservador
Llega al puesto tras la dimisión de Carlos Lesmes, del que hereda el cargo pero no todas sus funciones.
El nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Rafael Mozo, es el más inesperado en la historia de la institución, porque llega tras la dimisión de Carlos Lesmes, del que hereda el cargo pero no todas sus funciones, y aupado por sus compañeros, que sitúan así a un progresista en un organismo dominado por conservadores.
Nadie podía imaginar en diciembre de 2018, cuando venció el plazo para renovar el CGPJ, que el todopoderoso Lesmes sería sustituido por un vocal de su propio Consejo, ya caducado, y con una importante interinidad en sus funciones, como así ha acordado el conjunto de los vocales, quienes de esta forma ven más reforzadas sus posiciones.
Miembro de Jueces y Juezas para la Democracia, la tercera asociación judicial en afiliados y la única progresista, fue elegido vocal en noviembre de 2013 en el cupo del PSOE, que ve como uno de sus vocales propuestos preside un órgano, eso sí, de mayoría conservadora, un cargo tan imprevisible para él como el tiempo que pueda permanecer en el mismo.
Mozo se convierte en presidente por ser el vocal más antiguo pero quienes le conocen destacan de él que es uno de los miembros más respetados del Consejo y de los que mejor conoce su engranaje pues forma aparte de la Comisión Permanente desde 2016, órgano en el que reside el control de gobierno de los jueces, lo que implica que ha tenido dedicación exclusiva los últimos seis años en la institución.
Por eso no es de extrañar que fuera elegido como uno de los interlocutores del bloque progresista para negociar con los conservadores los nombramientos de dos magistrados del Constitucional, aunque hasta la fecha sin éxito alguno, si bien descarga toda la responsabilidad en el otro bloque, por lo que está por ver cómo afecta eso al futuro de las designaciones.
Se da la circunstancia de que Mozo es magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional desde julio de 2018, destino que adquirió cuando era vocal y apenas unos meses antes de que venciera el mandato del actual Consejo en diciembre de aquel año, por lo que nunca ha ejercido en su actual puesto jurisdiccional, al que está adscrito tras pasar 20 años en la Audiencia Provincial de Madrid.
Y está por ver que eso suceda, puesto que Mozo se jubilará como vocal en julio del año que viene, aunque confía en que para entonces el futuro Consejo lleve ya unos cuantos meses de recorrido, habida cuenta de las últimas conservaciones al respecto.
De hecho, el nuevo presidente defiende a ultranza la renovación urgente del Consejo y considera que no se ha producido por las excusas y condicionamientos de los populares, si bien no comparte todas las posiciones del Gobierno de Pedro Sánchez.
Porque, por ejemplo, cuando el PSOE y Unidas Podemos decidieron modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para impedir que un Consejo en funciones hiciera nombramientos, Mozo defendió que el CGPJ debía seguir haciéndolos pese a tener cumplido su mandato.
Entre otros posicionamientos también polémicos dentro del Consejo, Mozo votó en contra de la declaración del CGPJ que manifestó su "absoluto y rotundo rechazo" a las afirmaciones del exvicepresidente segundo, Pablo Iglesias sobre la condena a la entonces diputada en la Asamblea de Madrid Isa Serra, por propagar una "sospecha inaceptable" de falta de independencia en la Justicia.
Ahora bien, sí que apoyó la petición al Ministerio del Interior que impulsara medidas para proteger al juez del Supremo e instructor del procés Pablo Llarena y a su familia, después de conocerse que la casa que tiene en Das (Gerona) apareció con pintadas que lo acusaban de "fascista".
