La burocracia traba en España el proceso de acogida de los refugiados ucranianos
Los principales escollos afectan a la escolarización de los menores o se traducen en largas esperas para solicitar la protección temporal.
Desde que la guerra estalló en Ucrania el pasado 24 de febrero, tanto el Gobierno como las comunidades autónomas han abanderado un discurso de solidaridad con el que defienden que hay que hacer frente a la llegada de todas las personas que huyen del horror en el que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha convertido su país, Ucrania. Pero eso forma parte del plano teórico de esta crisis humanitaria, porque ante la excepcionalidad del desafío estos refugiados están topándose con unas trabas que tanto ellos como las familias españolas que les acogen o prestan ayuda no alcanzan a "comprender".
Como el que ha encontrado una familia ucraniana que apenas lleva unos días en España. Antonio Merino y Margarita Pardo, padres de acogida de Maryan -un joven que lleva 10 años viniendo al país- se han visto obligados a inscribir en un centro escolar distinto al de su hijo a los sobrinos de este, Nazar y Andriy, de 9 y 10 años respectivamente. Estos llegaron desde Starii, un pueblo a 10 kilómetros de la frontera con Polonia, a Plasencia (Cáceres) junto a su madre Oksana, hermana de Maryan, y Dmytro, su hermano pequeño. Y allí fueron acogidos por esta familia extremeña, cuya reivindicación es que los dos pequeños puedan ir junto a su tío, "su mayor apoyo", al centro al que acude Maryan desde hace una década -el colegio Santísima Trinidad-; el único, además, que dispone de todos los niveles educativos.
Frente a la postura de la Consejería de Educación extremeña, que aduce que las normas son iguales para todos, el colegio abrió sus puertas a que los sobrinos de Maryan se escolarizaran en sus respectivos niveles. Pero la respuesta del departamento ha sido admitir únicamente al hermano de Maryan, Dmytro, de 14 años, que ya ha comenzado las clases; cursa 2º de la ESO y en este curso la ratio estaba por debajo de la marcada por la normativa. La madre de acogida denuncia la actitud de los responsables educativos, que no han dado su brazo a torcer. "Es una vergüenza. Son niños que han escapado de una guerra y vienen muy mal psicológicamente", denuncia Margarita Pardo, tras felicitarse de que la Policía o el agente de la oficina de inmigración "sí se han volcado" y "han solucionado los problemas cuando han surgido".
No obstante, en otros puntos del país como Alicante, Valencia o Bilbao, donde la afluencia de refugiados es mayor, estos están teniendo que afrontar más dificultades por la descoordinación con que se encuentran en las dependencias policiales cuando acuden hasta allí para solicitar la protección temporal, la figura activada por los países de la Unión Europea para asegurar la acogida inmediata de quienes huyen de la guerra sin saturar los sistemas de asilo estatales.
El ministerio del Interior y el de Migraciones firmaron el pasado 9 de marzo una orden por la cual se simplificaba como nunca antes el reconocimiento de dicha protección temporal, incluyendo en la misma la autorización de residencia y trabajo. El texto que los ministros Fernando Grande-Marlaska y José Luis Escrivá hicieron públicos entonces establecía que dicha protección se podría solicitar tanto en los centros de recepción habilitados por ahora -en Pozuelo de Alarcón, Alicante y Barcelona, mientras el Ejecutivo prevé la creación de otro más en Málaga-, como en comisarías específicas de la Policía Nacional.
Problemas con las 24 horas
Junto a ello, la nueva reglamentación establece que estas solicitudes se resolverán "en el plazo máximo de 24 horas" y serán prorrogadas por otra anualidad al finalizar el primer año de vigencia. Una agilidad que choca con las habituales esperas de los demandantes de petición internacional pero que, al mismo tiempo, no está garantizando en ocasiones solventar estas trabas en ese tiempo exprés previsto de 24 horas.
Pero también se topan con la realidad que representan los escallos burocráticos aquellos ciudadanos españoles que, con la mejor de sus intenciones, ofrecen sus servicios a través de los canales establecidos, como psicólogos cuyas llamadas no son atendidas en horas. Y a quienes acuden hasta la frontera ucraniana para portar alimentos o recoger a alguna familia que lo necesite, las autoridades se lo están desaconsejando por el temor a que las mafias "aprovechen la coyuntura".
Al fondo subyace la inexistencia aún de un plan tasado de coordinación entre el Gobierno central y las autonomías que establezca una hoja de ruta para todas las comunidades y evite la disparidad de actuaciones a la hora de agilizar el proceso por el cual estás personas deben ir aclimatándose a su nuevo destino y regularizar su situación. Algo que la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ya ha exigido.
