Abren juicio oral al maquinista y al exdirector de Seguridad de Adif por el accidente del Alvia en 2013
Se les imputan 80 delitos de homicidio por imprudencia grave profesional, 145 de lesiones por imprudencia grave profesional y un delito de daños.
El juzgado de instrucción número 3 de Santiago ha acordado la apertura de juicio oral contra el maquinista y el director de Seguridad en la Circulación de Adif en el momento de puesta en funcionamiento de la línea, por el accidente del Alvia en el que murieron ochenta personas el 24 de julio de 2013 en Angrois, a las afueras de Santiago de Compostela.
En un auto con fecha de este miércoles que ha sido notificado a las partes, el magistrado Andrés Lago da por formuladas las acusaciones contra ambos y ordena la apertura de juicio oral por si los hechos que se les imputan fuesen constitutivos de 80 delitos de homicidio por imprudencia grave profesional, de 145 de lesiones por imprudencia grave profesional, y de un delito de daños.
Además, demanda que el maquinista sea inhabilitado para su profesión durante el tiempo de la condena. Para el otro acusado, requiere la inhabilitación durante el mismo periodo para el ejercicio de cualquier profesión que implique gestión, seguridad o responsabilidad en infraestructuras ferroviarias. Ambos serán enjuiciados por el Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago.
Además, el magistrado reclama a los dos acusados y en su caso a las aseguradoras, como responsables civiles directas, o a las entidades públicas Renfe Operadora y Adif, como subsidiaria, que depositen una fianza de 57,6 millones de euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pueda imponer la sentencia.
Asimismo, el instructor les ha apercibido de que, de no prestarla, se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar esa suma.
De conformidad con el artículo 784.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tras la notificación del auto, realizada este miércoles, los acusados y los responsables civiles tienen un plazo de tres días para comparecer en la causa con un abogado y procurador o, en su caso, ratificar los ya designados. Contra la resolución no cabe interponer recurso, excepto en lo relativo a la situación personal de los acusados.
